- México fue el segundo país más mortal del mundo para los periodistas en 2017
- Este año van 5 homicidios que callan la voz de los mexicanos, es inaceptable
CIUDAD DE MEXICO. – Con el homicidio de la periodista Alicia Díaz González, el quinto registrado en el año, México sigue destacando a nivel mundial como un país sin ley, incapaz de proteger a sus periodistas, a la libertad de expresión y al derecho a la información, el gobierno está en deuda, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
Refirió que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras ha especificado que “Cada vez más líderes elegidos democráticamente, ya no ven a los medios como parte del sustento esencial de la democracia, sino como un adversario al que manifiestan abiertamente su aversión.”
Esto es grave, peligroso, alarmante y debe de atacarse decididamente desde el Congreso de la Unión con legislación inteligente, que provea a los periodistas y a los medios de comunicación de herramientas que les permitan realizar su labor con libertad y sin censura, dijo.
Talavera Hernández refirió que con 116 periodistas asesinados en México entre 2000 y 2018, con un 99.6% de impunidad, Javier Valdez arteramente asesinado el año pasado escribió en su último libro intitulado -Narcoperiodismo-, “A los periodistas mexicanos, valientes y dignos, exiliados, escondidos, desaparecidos, asesinados, golpeados, atemorizados y pariendo historias, a pesar de la censura y los cañones oscuros.”
La legisladora federal, condenó que México sea el segundo país del mundo más peligroso para ser periodista, según el Índice de Libertad de Prensa 2018, elaborado por Reporteros sin Fronteras (RSF), solo superado por Siria, país en guerra civil desde hace siete años.
Refirió que en México existen mecanismos federales y locales para la protección de defensores y periodistas, incluyendo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG).
Además, dijo, todas las procuradurías del país, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), están obligados a investigar delitos en contra de estos grupos.
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