Entre Los Surcos…

Cuentas claras…

En el campo bajacaliforniano, por años se han observado conductas inapropiadas que han contribuido a un limitado desarrollo de las actividades productivas, en una buena parte de la agricultura, de la ganadería y de la pesca.

Esas conductas, por regla general han sido solapadas o soslayadas por titulares de las dependencias de la federación, del estado y de los ayuntamientos, al justificar acciones con marcados indicios de corrupción, al mencionar “no hay quien le entre”.

En el sector empresarial del sector primario, llámense habilitadores, acopiadores, o compradores, también los hay que han contribuido al estancamiento del desarrollo, al otorgar créditos limitados, caros y a destiempo, al captar como utilidad descuentos logrados por compras en volumen que debieron de beneficiar al habilitado, quien recibe una orden, en lugar de dinero para comprar.

Ya en la cosecha, en el caso del trigo, el manejo de la báscula, la dilación en la elaboración de liquidaciones deja correr los intereses que encarecen el crédito, dañando la economía del productor.

En cuanto al algodón, la empresa Toyo es considerada como la única compradora de fibra blanca, lo que le permite imponer leoninas condiciones en peso, precios y clasificación, toda vez que las liquidaciones a los agricultores de hace con el peso al salir del despepite y se vende con el peso logrado en patios o en muelle, según sea el caso.

Pero todo esto es producto de la desatención oficial, el desconocimiento de las verdaderas necesidades de los trigueros y de los algodoneros, agravado esto por la resistencia que por años han tenido a la organización económica que les permita comercializar en mejores condiciones de precio, calidad y precio.

Esa resistencia tiene su origen en sinvergüenzadas orquestadas o solapadas, por omisión o por complicidad, de funcionarios del gobierno de Baja California, a partir del llamado “Zacatecazo” que les hizo perder varios cientos de millones de pesos a productores de trigo.    

Aquí también tuvo que ver la ambición de un mejor precio que se les prometió, bajo el argumento de que el gobernador Héctor Terán, había firmado un contrato, cuan do lo que realmente firmó, él entonces Jefe del Ejecutivo, fue el libro de visitante distinguido.

Los funcionarios del estado y los representantes del centro de acopio alardearon conque los trigueros tendrían un mejor precio, tan atractivo que hubo quienes pagaron un doble flete para sacar el grano de un centro oficial, para entregarlo al de la promoción oficial que, nunca les pagó.

Como ha ocurrido por regla general, en ese entonces, como ahora, en la actualidad, los funcionarios estatales cuyas dependencias están involucradas en situaciones irregulares de corrupción, se lavaron las manos y los productores fueron los perdedores.    

Lo más reciente en situaciones más o menos similares está el manejo de recursos del erario federal por parte de la ahora Secretaria de Desarrollo Agropecuario que, quiérase o no, aduciendo la responsabilidad de un comité técnico, sigue considerando como proveedor del estado a la Unión Ganadera Regional que encabeza Gustavo Rodríguez Cabrales, pese al incumplimiento en la entrega de equipo facturado en 2017 por la Unión y en base a los montos establecidos, el estado entregó el 50 % y el productor el otro 50%.

En información obtenida por este Semanario, los afectados fueron alrededor de 70, pero la Secretaria de Desarrollo Agropecuario menciona que son 50 quienes no habían recibido lo comprado a la Unión Ganadera Regional.

Esto nos da la impresión de que, en algún a forma, los funcionarios de Manuel Valladolid Seamanduras, pretenden minimizar lo que en otra situación sería un fraude o abuso de confianza, por vender y cobrar algo que no tenías y no entregaste en tiempo y forma.

Ello también pudiera obedecer a un interés económico de participantes en alguno de los pasos, autorizaciones o supervisión del cumplimiento de las normas para estos programas de apoyo, lo que podría salir a flote, pese a los esfuerzos por ocultarlo.

También debemos de reconocer que, en muchos casos, los trigueros, los algodoneros y los ganaderos, no son damas de la caridad y aduciendo revanchismos han caído en ilícitos como el robo, ellos dicen desviación de cosecha, vendiéndola al mejor postor, o a quien les paga en efectivo y, mejor sin factura, tomando en consideración que los precios no les favorecen para pagar el monto de los créditos.