… y los derechos de los policías
Tras la recomendación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el operativo en Nochixtlán, Oaxaca, del 16 de junio de 2016, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, aseguró que están convencidos de que el organismo defensor “es un aliado en nuestras causas”, pero cuestiono a la Comisión, precisando: “tendría que colocarse de igual forma en las botas del policía”. Sales Heredia, al hablar durante una entrevista con La Razón, afirmó: “los elementos de la Policía Federal (PF) también tienen derechos, y constantemente son capacitados para el momento en que deban hacer el uso de la fuerza”.
Esto por la recomendación 7VG/2017 emitida por la Comisión, en la que señaló lo que, consideró, “fueron diversas fallas durante un operativo implementado por policías estatales y federales en aquel poblado oaxaqueño el año pasado”.
La misma recomendación reconoce: “aquel día 12 agentes federales tuvieron la calidad de víctimas, debido a las agresiones que sufrieron por parte de personas que los atacaron y los lesionaron, mientras ellos realizaban su trabajo”.
El titular de la CNS dijo aceptar la recomendación del organismo defensor, específicamente en todo aquello que abone a que la institución mejore su esquema operativo, el respeto a las garantías individuales y el uso de la fuerza pública.
Como muestra de ello, dijo, se encuentra el protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, el cual fue emitido el mismo día en que se emitió la recomendación por parte de la CNDH.
Sin embargo, los protocolos científicos, de gabinete, no reflejan el comportamiento de los alborotadores, de los manifestantes y menos cuando involucran a menores de edad, señoras y personas de la tercera edad, a las que luego presentan como víctimas y así las toma la Comisión de los Derechos Humanos, sin observar que son escudos distractores para ganar espacios que les permitan agredir a los elementos de seguridad pública.
Hay recomendaciones de los Derechos Humanos que inhiben las acciones de las diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo el Ejército y la Marina.
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