Editorial…

¿Que nos pasa?

Aunque tomada de un personaje cómico, la expresión interrogante es aplicable a todos los funcionarios públicos de la federación, de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y otros más, donde la ley no impera y se ha perdido el estado de derecho.

Para esos funcionarios, la ley es letra muerta y el derecho de los miles, de los millones de ciudadanos pacíficos y trabajadores, así como de niños y adolescentes -que no reciben clases- resulta inferior a las demandas y pretensiones de un grupo de supuestos maestros que se resisten -y con mucha razón- a perder sus canonjías.

La procuradora de justicia de la nación, el secretario de gobernación y los procuradores en los estados, se han convertido en rehenes de aquellos encapuchados que sin dar la cara afectan la economía de toda una región, obstaculizan y bloquean las vías de comunicación terrestres -carreteras y ferroviarias, agreden a las personas, además de vandalizar bienes de nación y de particulares. 

Es más, las fuerzas armadas, en especial el ejercito, han permitido que los manifestantes, -seguramente por aquello de los derechos humanos de los delincuentes- dañen instalaciones militares, mientras sus ocupantes se escondieron para no responder los ataques.

Los soldados de todos los rangos, no se escondieron por miedo, seguramente lo hicieron atendiendo instrucciones u órdenes superiores, o de la alta superioridad como suelen decir, sin olvidar que el Jefe Supremo es el presidente de la republica en turno.

No se puede negar que el gobierno federal es rehén de quienes dicen representar a la CNTE, a grado tal que han jugado con el titular de gobernación, con quien toman el acuerdo de volverse a reunir, pero continúan delinquiendo con bloqueos y manifestaciones, mientras los funcionarios pacientemente esperan la llegada de la nueva fecha.

La sumisión oficial, incluyendo el cambio de prisiones a dirigentes de la CNTE, resulta un magnifico aliciente para continuar con las acciones delincuenciales que ya fueron reclamadas, no solo por los ciudadanos de las entidades afectadas, sino también por la Coparmex, el Sindicato de Patrones y los empresarios ferrocarrileros, pero nadie les escucha.