Apoyos que llegan tarde y productores que se quedan fuera

Por Guadalupe Villalobos Guerrero

Me llamó la atención un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el que se destaca, prácticamente como un logro extraordinario, que por primera vez se estarán pagando incentivos correspondientes a dos ciclos agrícolas en un mismo año: el otoño-invierno 2024-2025 y el otoño-invierno 2025-2026.

Y no pude evitar hacerme una pregunta: ¿de verdad creen que pagar dos ciclos agrícolas en un mismo año es una muestra de respaldo a las familias del campo?

Porque una cosa es anunciar apoyos y otra muy distinta es que estos lleguen cuando realmente los necesita el productor.

La agricultura tiene tiempos que no se pueden acomodar a los calendarios administrativos ni a los tiempos políticos. El agricultor necesita dinero antes y durante el ciclo agrícola: para preparar la tierra, comprar semillas, fertilizantes, diésel, pagar sueldos, regar y mantener el cultivo hasta la cosecha. No después de haber vendido su producción, cuando las deudas ya vencieron y los compromisos financieros se acumularon.

Por eso, presentar como una buena noticia el pago de incentivos de dos ciclos en un mismo año merece, por lo menos, una reflexión. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar los productores? ¿Cuántos tuvieron que recurrir a créditos, vender otros activos o renegociar sus adeudos para mantenerse en la actividad?

No hace falta buscar demasiado para encontrar la respuesta. Las inconformidades de los productores en diferentes estados del país, las amenazas de movilizaciones, los bloqueos carreteros y la advertencia de no sembrar ante la falta de financiamiento son señales de un problema mucho más profundo: el campo mexicano está perdiendo capacidad económica para  seguir produciendo.

Y mientras tanto, la autoridad anuncia que ya está listo el mecanismo de pago.

Pero hay otro asunto que merece atención. La propia SADER informa que los incentivos para el trigo panificable tendrán como referencia hasta cuatro toneladas por hectárea para Sonora y Sinaloa, mientras que para Baja California y San Luis Río Colorado serán hasta 4.2 toneladas.

Esto representa una reducción importante respecto a los esquemas anteriores, en los que se contemplaban apoyos hasta por 6.2 toneladas por hectárea. En el Valle de Mexicali, los productores ya manifiestan su inconformidad por este cambio, pues significa que una parte mayor de su producción queda fuera del respaldo gubernamental.

Y aquí es donde conviene preguntarse si quienes diseñan estas políticas conocen realmente las condiciones en las que trabaja un agricultor.

El problema no termina con la reducción de toneladas reconocidas para el incentivo. El verdadero problema es que los apoyos no alcanzan para compensar los costos de producción, los bajos precios de comercialización y la falta de condiciones para que el agricultor obtenga una utilidad razonable.

Un incentivo puede representar un alivio, pero no sustituye una política agrícola que garantice certidumbre, financiamiento, comercialización y rentabilidad.

Y si hablamos de trigo, hay una diferencia todavía más preocupante: el trigo cristalino.

Mientras se anuncian mecanismos para respaldar al trigo panificable, los productores de trigo cristalino del Valle de Mexicali continúan sin recibir un apoyo equivalente que les permita enfrentar las condiciones adversas del mercado.

¿Acaso producir trigo cristalino tiene menos importancia para la economía agrícola regional? ¿Sus productores no enfrentan los mismos incrementos en los costos de producción, los problemas de comercialización y las dificultades financieras?

El trigo cristalino también forma parte de la actividad económica del Valle, genera empleos, demanda servicios, mueve maquinaria, transporte y toda una cadena de proveedores. Sin embargo, parece que sus productores tienen que resolver solos una problemática que no es exclusiva de ellos, sino de todo el sector agrícola.

No se trata de pedir que todos los cultivos reciban necesariamente el mismo tratamiento, sino de exigir que las políticas públicas reconozcan las condiciones económicas de cada uno y no dejen fuera a quienes también producen alimentos y generan riqueza en el campo mexicano.

En el Valle de Mexicali, además, se acumulan otros factores que complican el panorama. La reducción de los volúmenes de agua disponibles del Río Colorado, derivada de los compromisos internacionales y las condiciones de escasez, obliga a replantear las decisiones de siembra. Si a eso sumamos la falta de rentabilidad, los adeudos acumulados y la incertidumbre sobre los apoyos, el resultado es una actividad agrícola cada vez más vulnerable.

La preocupación no es menor. México podría incrementar sus importaciones de trigo, particularmente si los productores nacionales reducen las superficies sembradas o deciden dejar de producir porque los números simplemente no les dan.

Y entonces aparece otra contradicción: mientras el Gobierno habla de soberanía alimentaria, las condiciones económicas para producir en nuestro propio territorio siguen deteriorándose.

¿De qué sirve hablar de soberanía alimentaria si no se generan las condiciones para que el productor pueda sembrar, cosechar y obtener una utilidad que le permita continuar?

La soberanía alimentaria no se construye con discursos, boletines de prensa ni fotografías de funcionarios entregando tarjetas bancarias. Se construye con producción nacional, infraestructura, agua, financiamiento oportuno, mercados competitivos y políticas públicas que respondan a la realidad de quienes trabajan la tierra.

Lo ocurrido el 3 de noviembre en Mexicali, cuando productores de trigo encadenaron los accesos a las oficinas de la SADER para exigir el pago de los incentivos pendientes tanto del trigo panificable como del cristalino, es una muestra del nivel de inconformidad que existe.

Que los agricultores reciban tarjetas bancarias sin fondos y tengan que acudir a las oficinas gubernamentales para exigir explicaciones sobre los pagos y la reducción de las toneladas reconocidas por hectárea no debería considerarse un simple problema administrativo. Es una expresión de la falta de confianza que se ha ido acumulando entre los productores y las instituciones responsables de atenderlos.

Y no se trata de descalificar a los funcionarios ni de desconocer que existen restricciones presupuestales. Se trata de entender que la responsabilidad de gobernar también implica anticiparse a los problemas, escuchar a los sectores productivos y construir soluciones antes de que la inconformidad llegue a las carreteras o a las puertas de las dependencias.

El agricultor mexicano necesita mucho más que apoyos anunciados meses después de la cosecha. Necesita acompañamiento, certidumbre y condiciones para seguir produciendo. Necesita que las autoridades entiendan que el dinero que llega tarde no resuelve las necesidades que debieron atenderse a tiempo.

Porque al final, cuando un productor deja de sembrar, no solamente pierde él. Pierden los trabajadores, los proveedores, los transportistas, los comercios, las comunidades rurales y, por supuesto, el país, que termina dependiendo cada vez más de los alimentos que compra en el extranjero.

Quizá en la SADER deberían dejar de presumir que están pagando dos ciclos agrícolas en un mismo año y comenzar a preguntarse por qué los productores tuvieron que esperar tanto.

Y, sobre todo, por qué mientras unos esperan apoyos que llegan tarde, otros, como los productores de trigo cristalino, ni siquiera aparecen en la lista de prioridades.

Porque apoyar al campo no es pagarle al agricultor cuando ya cosechó, se endeudó y perdió buena parte de su patrimonio. Apoyar al campo es darle las condiciones para que pueda volver a sembrar.

De lo contrario, la soberanía alimentaria seguirá siendo una buena frase en los discursos oficiales, pero una realidad cada vez más lejana para quienes todos los días hacen producir la tierra.