Por Guadalupe Villalobos Guerrero
Cada vez que una empresa multinacional anuncia el cierre de una planta o el traslado de parte de su producción, surgen de inmediato dos narrativas completamente opuestas.
La primera afirma que todo está perdido.
La segunda sostiene que no sucede absolutamente nada.
Como casi siempre ocurre en economía, la realidad se encuentra en un punto intermedio.
El anuncio de Toyota de trasladar parte de la producción de su planta de Tijuana hacia Texas generó un intenso debate. El presidente Donald Trump atribuyó la decisión al éxito de su política arancelaria y a la presión ejercida sobre las empresas para regresar empleos a Estados Unidos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trata de una reestructuración global de la empresa y no de una consecuencia directa de las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Probablemente ambos discursos contienen una parte de verdad.
Las grandes empresas como Toyota no toman decisiones de inversión en función de un solo factor. Evalúan costos logísticos, disponibilidad de mano de obra, productividad, energía, cadenas de suministro, incentivos fiscales, estabilidad jurídica y, desde luego, el entorno político y comercial.
Reducir una decisión de esta magnitud únicamente a los aranceles o, por el contrario, afirmar que no existe ninguna influencia del nuevo entorno comercial, sería simplificar demasiado una realidad mucho más compleja.
Lo verdaderamente importante no es la decisión de Toyota por sí misma.
Lo importante es entender el escenario que comienza a construirse para Norteamérica.
La reciente decisión de Estados Unidos de no renovar de manera automática el T-MEC no significa la desaparición del tratado. El acuerdo continúa vigente y podrá mantenerse hasta 2036 mediante revisiones anuales, durante las cuales cualquiera de los tres países podrá proponer modificaciones.
Ese punto resulta fundamental.
La continuidad del tratado elimina el escenario más negativo: una ruptura comercial entre las tres economías.
Sin embargo, también abre una etapa distinta.
Las revisiones anuales introducirán un componente permanente de incertidumbre para quienes buscan realizar inversiones de largo plazo.
La propia agencia Fitch Ratings considera poco probable que Estados Unidos abandone el tratado, pues ello afectaría gravemente la integración económica de la región. No obstante, también advierte que las futuras negociaciones podrían derivar en un acuerdo menos favorable para México y Canadá.
Es decir, el tratado continuará, pero bajo nuevas reglas de competencia.
Ese es el verdadero desafío.
En este contexto, el caso Toyota no debe interpretarse como el inicio de una desbandada de empresas abandonando México.
No existen elementos para sostener una afirmación de esa naturaleza.
La integración industrial entre México, Estados Unidos y Canadá continúa siendo una de las más eficientes del mundo.
Miles de empresas mantienen inversiones multimillonarias en nuestro país y dependen de cadenas productivas que sería extremadamente costoso desmantelar.
Además, Estados Unidos necesita a México para mantener su competitividad frente al avance industrial de China.
Sin embargo, tampoco sería responsable minimizar el impacto que representa la salida de una inversión de esta magnitud para Baja California.
Cada empresa que reduce operaciones significa empleos que cambian de destino, menor actividad económica para proveedores locales, menos derrama económica y un mensaje que inevitablemente será observado por otros inversionistas.
Negar esa realidad no ayuda.
Lo inteligente es reconocerla para actuar.
Hoy la competencia entre los estados ya no consiste únicamente en ofrecer terrenos industriales.
La verdadera competencia se libra en la calidad de la infraestructura, la disponibilidad de energía, el acceso al agua, la seguridad pública, la rapidez para abrir empresas, la certeza jurídica, la formación de talento y la capacidad de construir cadenas de proveeduría competitivas.
Las inversiones no permanecen por decreto.
Permanecen cuando encuentran mejores condiciones para producir.
Por ello, la responsabilidad de fortalecer la competitividad no recae únicamente en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
Cada entidad federativa debe asumir un papel mucho más activo.
Los gobiernos estatales necesitan convertirse en verdaderos promotores de inversión, capaces de responder con rapidez a los cambios del entorno internacional.
La competencia por atraer capital será cada vez más intensa.
Quien permanezca inmóvil perderá oportunidades.
Quien se adapte con mayor velocidad atraerá nuevas industrias.
Baja California posee ventajas extraordinarias.
Su ubicación geográfica, su experiencia manufacturera, su cercanía con el mercado estadounidense y su capital humano continúan siendo activos altamente valorados por las empresas internacionales.
Pero esas ventajas ya no son suficientes por sí solas. -Veamos los casos del Bajío-
Habrá que trabajar todos los días para conservarlas y fortalecerlas.
La lección que deja Toyota no debe ser el pesimismo.
Debe ser un llamado de atención.
No podemos impedir que una empresa tome decisiones estratégicas globales.
Lo que sí podemos hacer es construir las condiciones para que otras decidan invertir aquí.
El futuro económico de Baja California no dependerá únicamente del T-MEC.
Dependerá, sobre todo, de nuestra capacidad para competir en un mundo donde las inversiones ya no buscan únicamente mercados; buscan confianza, certidumbre y gobiernos capaces de responder con inteligencia a los nuevos desafíos.
La continuidad del tratado es una buena noticia para Norteamérica.
Ahora corresponde a México y a sus estados demostrar que siguen siendo el mejor lugar para invertir.
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