Matices…

Funcionarios estatales

Por Dianeth Pérez Arreola

Mucha información es la que nos ha llegado a raíz del cateo donde aprehendieron a 28 personas. Uno de los primeros tips fue que entre los detenidos estaba un funcionario estatal del Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC), Jesús Roberto N, a quien harían pasar por exempleado, ya que es un recomendado del Poder Ejecutivo.

Para pronto, Gobierno del Estado negó que fuera un recomendado, pero nos cuentan que entró por ahí del 2023 directo al puesto.

Nos dicen desde adentro del citado instituto que el hoy detenido trabajaba en la institución hasta antes del “incidente” donde le fue decomisada un arma de fuego calibre 40.

El angelito era jefe del departamento jurídico, pero además se dedica en sus ratos libres a la compra venta de casas. Su pareja también trabaja ahí, y fue basificada con una rapidez que causó sorpresa entre quienes están “en la fila” para obtener ese beneficio.

A propósito del IPBC, también nos señalan que próximamente ya no se les entregará medicamento a los pacientes, ya que no hay presupuesto y no hay convenio con IMSS Bienestar. Calculan que les quedan insumos para un par de meses, si es que no caduca antes.

Y para terminar, precisan que los médicos que están en el IPBC son médicos generales, y son contados los que son psiquiatras, situación que la gente que atienden, desconoce.

Siguiendo con el tema de la CESPM, nos dicen que las cámaras que instalaron en todas las oficinas, no solo graba video, sino audio, lo que hace esta acción ilegal al no existir un aviso de privacidad y no informar al personal que están siendo grabados, lo cual viola la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Datos Personales, y el derecho humano a un trabajo digno y sin hostigamiento.

Nos confían que para poder proceder con el descuento de una inasistencia del sábado se alteran los documentos de asistencia. El personal checa entrada y salida de lunes a viernes y Recursos Humanos altera esto, desapareciendo del sistema los comprobantes. De esta forma tienen al personal que se mantenido en rebeldía por meses, sin que se les devuelvan días.

A pesar de que indican que por fin intervino el Sindicato de Burócratas, Recursos Humanos sigue sin responder, pretendiendo negociar como si fuera un favor.

Alterar un documento oficial es un asunto ya de la Fiscalía General del Estado, pero lo mismo da que se lo pasen a la Secretaría del Trabajo o a la Anticorrupción, seguramente no pasará nada.

Precisan que la jefa de Recursos Humanos, Yesenia Losada, emite las constancias de trabajo omitiendo los ingresos, según ella para evitar las demandas.

Otro dato es que a las personas de nuevo ingreso se les hace trabajar 48 horas y no las 35 que marca el contrato colectivo. “Aunque la anterior dirigencia (sindical) lo autorizó, igual suena hipócrita cuando a nivel nacional la agenda presidencial y el partido Morena presumen una reducción a la jornada progresivamente y el propio gobierno se convierte en el principal violador de la ley”, agregan.

Finalmente, piden se transparente la adquisición y asignación de vehículos y de los recursos de gasolina, pues estarían asignados a los funcionarios amigos del director, y no a las áreas que en realidad los necesitan.

Ya la última: aquí los aumentos en las tarifas de peaje en las carreteras de Baja California a partir de hoy.