No es normal

Por Viri Ríos

Ciudad de México .-Tras las recientes movilizaciones y bloqueos encabezados por grupos de agricultores, Ricardo Monreal anunció que se modificará la iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la Presidenta con la intención de atender sus demandas.

Esto es un error.

Las exigencias planteadas por los agroindustriales buscan conservar el marco regulatorio de 1992, un esquema que favorece la mercantilización, el acaparamiento y la concentración del agua en muy pocas manos.

Es un modelo perverso que convirtió al sector agroindustrial en el dueño de facto del 76% del agua en México, gracias a concesiones asignadas a entidades privadas conocidas como Distritos de Riego.

Los Distritos *funcionan como* organismos privados que administran el agua y deciden cómo se reparte y las cuotas que los usuarios deben pagar para acceder a ella. Su poder es tal que la organización civil “Agua Para Todos” los ha llamado “los millonarios del agua”.

Hoy, operar un Distrito de Riego es un negocio redondo porque la ley exime a la agroindustria de pagar por el agua que extrae y le permite venderla al mejor postor para obtener ganancias millonarias. Por ejemplo, una gran cantidad del agua de Baja California Norte está acaparada por el Distrito de Riego 014. Por ello, cada año, el municipio de Tijuana debe comprarle agua al Distrito para lograr abastecer a sus habitantes. El Distrito abusa y la vende a seis veces el costo de extracción. Esto hace que, en ciertos años, las ventas de agua le generen más ingresos a la agroindustria que las propias cosechas.

En varias regiones, el acaparamiento agroindustrial del agua ha alcanzado niveles francamente abusivos. La Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Santa Rosa, por ejemplo, tiene autorización para extraer 394 mil millones de litros anuales. Esto es, agua suficiente para cubrir las necesidades de 7.2 millones de personas durante un año.

La nueva Ley General de Aguas representaba un avance importante para detener estos abusos. Prohibía la transferencia automática de permisos entre particulares, frenaba la conversión de concesiones en activos negociables sin escrutinio, y creaba un Fondo Nacional de Reserva para redistribuir volúmenes con criterios sociales y de equidad.

Es falso que esta ley dejaría sin agua a los pequeños agricultores. Por el contrario, la ley planteaba un Decreto de Regularización que abría oportunidades para que productores de menor escala y municipios actualicen permisos vencidos, accedan a energía y créditos más accesibles, y pongan fin al mercado negro de concesiones de agua.

Es cierto que la nueva ley exige controles más estrictos para renovar permisos, pero eso es una medida necesaria. Obligar a los concesionarios a medir y reportar sus consumos, y aplicar sanciones más firmes ante prácticas ilegales, es esencial. El agua no puede seguir tratándose como un botín que unos cuantos capturan y monetizan.

Entre las demandas de los grupos agrícolas, a las que Monreal pretende ceder, está conservar la herencia automática de concesiones o incluso permitir su transferencia discrecional entre particulares.

Si el gobierno cede ante tales presiones, México perderá la oportunidad más relevante en décadas para ordenar el uso del agua y garantizar que todos tengamos acceso a ella.

Sheinbaum no debe retroceder.

Réplica al artículo de Veridiana Ríos sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales

Estimada Veridiana Ríos:

Le respondo con respeto, pero con la firmeza que exige un tema tan complejo y tan sensible como el manejo del agua en Baja California. Su artículo reciente sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales contiene afirmaciones que distorsionan la realidad técnica, legal e histórica del Distrito de Riego 014 y del sector agropecuario.

La crítica es válida. La desinformación, no. Por ello, aclaro punto por punto:

1. “La agroindustria está exenta de pagar por el agua”.

Esto es falso.

Los productores agropecuarios pagan derechos, tarifas, energía, mantenimiento, bombeo, conservación de infraestructura y costos de operación.

Nada del agua que se usa para el riego es gratuita.

2. “Venden el agua al mejor postor y obtienen ganancias millonarias”.

También es falso.

Si existieran esas ganancias millonarias, no veríamos al sector agrícola protestando en todo el país por los bajos precios de sus productos y por la falta de apoyos.

Tampoco hay una 

“agroindustria” vendiendo agua.

En el Distrito 014 existe una figura colegiada llamada Banco de Agua, integrada por los mismos agricultores, que administra excedentes de forma regulada. No es un negocio privado ni un mercado especulativo.

3. “El agua de Baja California Norte está acaparada por el Distrito 014”.

De nuevo, incorrecto.

Primero: el estado se llama Baja California. No existe “Baja California Norte”.

Segundo: el Distrito 014 no “acapara” nada. Administra los volúmenes definidos desde la creación de la red hidráulica del Río Colorado en Mexicali y San Luis R.C., diseñada en 1912. La distribución no es nueva ni producto de ningún grupo de interés.

4. “El Distrito vende agua a Tijuana seis veces más cara que su costo”.

Esto es absolutamente falso.

El agua que recibe Tijuana se cobra al mismo costo que paga cualquier agricultor para sembrar, sin incrementos ni abusos.

Además, el Distrito no puede enviar más de 80 millones de m³ por año, no por negativa, sino porque los ductos que abastecen a la ciudad ya operan a su máxima capacidad. Técnicamente no entra una gota más.

5. Sobre el uso del agua: el dato está mal presentado

Usted afirma que “la agroindustria usa el 76 % del agua del país”.

El dato correcto es que la agricultura y la ganadería —no la agroindustria— utilizan ese porcentaje. Es una estadística nacional de uso, no una cifra sobre ventas de agua ni sobre ganancias.

6. Los datos reales del Distrito 014, que no aparecen en su texto

• 1,850 millones de m³ del Río Colorado

• 621 millones de m³ del acuífero

• Total, administrado para producción: 2,471 millones de m³

• Agua que se envía a Tijuana cuando se requiere: 80 millones de m³

• La dotación de agua para las ciudades se extrae de una batería de pozos de la mesa arenosa de San Luis Rio Colorado Sonora, y cada ciudad tiene una dotación (Quiero mencionarle que cuando no operan los pozos por falta de mantenimiento del Gobierno, los agricultores entran y les entregan agua a las ciudades)

Estos números no sostienen ninguna narrativa de acaparamiento, negocio o abuso.

SU ARTÍCULO NO 

INFORMA: DIVIDE

Su texto intenta explicar la nueva Ley de Aguas, pero lo hace señalando falsamente al productor como villano y presentando al Distrito 014 como un ente abusivo. Esa narrativa, más que informar, polariza a los habitantes urbanos contra el campo, sin sustento técnico ni histórico.

El periodismo tiene la responsabilidad de investigar, contrastar y verificar. Cuando se omiten datos clave, se confunden conceptos y se presentan exageraciones como hechos, se termina por desinformar a la ciudadanía.

CONCLUSIÓN

Con todo respeto, sus afirmaciones no corresponden a la realidad del manejo del agua en Baja California ni al funcionamiento de los Distritos de Riego.

Aceptar la complejidad del tema no significa defender intereses particulares; significa explicar con verdad cómo funcionan las cosas.

El debate sobre la nueva Ley de Aguas merece ser serio, técnico y basado en hechos.

Ojalá que este intercambio contribuya a elevar la discusión pública y no a dividir innecesariamente a la sociedad entre “ciudad” y “campo”, cuando ambos dependen uno del otro.

Quedo atento para cualquier aclaración o diálogo técnico que desee sostener sobre el tema.

Atentamente,

Guadalupe Villalobos Guerrero

Villalobosg412

Mexicali Baja California

Tel 686-1513336