Sinaloa: alianza entre perdedores y la proyección del fracaso electoral

Por Alvaro Aragón 

VOCES NACIONALES

El Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional exponen sobre la mesa sus derrotas recientes; en contraste, el partido oficial preserva el andamiaje del poder estatal. La dilución de la marca partidista amenaza con transformar la simple acumulación de siglas en una severa resta de identidad.

La discusión en torno a una eventual colusión entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional en Sinaloa se encuentra encallada en una operación aritmética falaz: sumar membretes bajo la falsa premisa de acrecentar la fuerza electoral. Las cúpulas partidistas pregonan acuerdos, unificación opositora y expectativas de competencia; no obstante, cabe interrogarse sobre la aportación real que cada organización aporta al conclave negociador. Difiere sustancialmente el ensamblaje de estructuras dinámicas respecto a la amalgama de dos fuerzas lastradas por descalabros recientes, fracturas internas y un profundo descrédito ante el electorado.

La simetría entre un pacto estructurado desde las alturas del poder y otro trazado desde la llanura opositora resulta cardinal. El bloque gubernamental detenta una posición institucional hegemónica, visibilidad pública permanente y responsabilidades administrativas inherentes a su gestión. En contraparte, las fuerzas opositoras deben certificar la conservación de bases militantes activas, cuadros directivos solventes, recursos logísticos y capacidad operativa para traducir un convenio dirigencial en un bloque cohesionado. En el escenario sinaloense, el dilema radica en aquilatar quién aporta sustancia genuina a la mesa de negociaciones.

El proceso gubernamental de 2021 aporta una directriz ineludible. La coalición “Va por Sinaloa”, articulada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática bajo el liderazgo de Mario Zamora Gastélum, recabó 358 mil 313 sufragios, equivalentes al 32.49 por ciento de la votación. Por su parte, la candidatura común configurada por Morena y el Partido Sinaloense, encabezada por Rubén Rocha Moya, consolidó 624 mil 225 votos, representativos del 56.60 por ciento. La brecha final ascendió a 265 mil 912 votos. Si bien los registros históricos no dictaminan de forma categórica el desenlace de 2027, constatan de manera fehaciente que el bloque opositor naufragó en su intento por contener al adversario. La dinámica comicial ratifica que las alianzas aritméticas no garantizan por sí mismas el objetivo pretendido.

Los antecedentes documentan que el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional concurren a cualquier mesa de concertación carentes de una identidad incontaminada o de una hoja de servicios avalada por triunfos recientes que avalen su redención. Ambos institutos cargan con la obligación de auditar su patrimonio político remanente. El tricolor arrastra el desgaste histórico de su ejercicio gubernamental y la obsolescencia de su hegemonía pasada; el blanquiazul encara el imperativo de demostrar que conserva una doctrina propia y una armazón orgánica independiente de sus dirigencias formales. La coalición no disuelve tales trayectorias; por el contrario, las confina bajo un mismo membrete, corresponsabilizando a cada socio del descrédito ajeno.

Para descifrar este riesgo, resulta esclarecedora la teoría de la dilución de la marca partidista, formulada por el politólogo Noam Lupu en sus investigaciones sobre sistemas de partidos en América Latina. En su obra Brand Dilution and the Breakdown of Political Parties in Latin America (publicada en World Politics en 2014), Lupu examina cómo las decisiones cupulares, las connivencias con antiguos antagonistas y las conductas antitéticas a la génesis ideológica de una fuerza política degradan la fidelidad del electorado. Cuando la ciudadanía extravía la nitidez sobre los postulados de una organización, los vínculos de adscripción se evaporan. La sigla partidista excede la condición de un simple logotipo: compendia una expectativa histórica de principios, conducta y desempeño público.

Trasladada al contexto sinaloense, la teoría suscita una interrogante para Acción Nacional: ¿qué dividendos persigue y qué riesgos asume al asociarse con su tradicional contraparte? Si el propósito medular consiste en ensanchar la competitividad, la organización deberá comprobar que el entendimiento suma adeptos sin desvirtuar sus postulados primigenios. En el supuesto de que el arreglo subordine su perfil programático a una candidatura o aparato ajenos, el efecto resultante será diametralmente opuesto al apetecido. No se proclama la consumación inexorable de la dilución ni se decreta un fracaso prematuro, sino la necesidad de aquilatar el costo de sacrificar la diferenciación política.

Para el Partido Revolucionario Institucional, el desafío guarda exigencias equivalentes. El acuerdo no suplirá el rezagado trabajo de arraigo territorial ni monetizará de forma automática su caudal histórico en nuevas voluntades. El instituto está apremiado a comprobar la vigencia de sus cuadros, su presencia municipal y la legitimidad de sus liderazgos. Paralelamente, Acción Nacional debe exhibir solvencia operativa para impedir que el frente se reduzca a una precaria tabla de salvación para nomenclaturas cupulares. Si las partes pactan desde la penuria y ocultan sus déficits operativos, el convenio degenerará en un mero reparto plurinominales y fracasos.

A lo anterior se suma un factor de fricción interna ineludible: la resistencia de las bases. Un entendimiento de esta naturaleza rebasa la firma protocolaria de las dirigencias estatales toda vez que demanda normatividad transparente para la postulación de candidaturas, arbitraje eficaz de controversias, congruencia programática y el convencimiento de la militancia. Las expresiones de inconformidad exteriorizadas por sectores panistas ante un posible pacto evidencian que la negociación choca contra murallas internas insalvables. Un dirigente está facultado para comprometer una sigla, pero carece de potestad para forzar el activismo entusiasta de sus bases en favor de marcas ajenas.

Frente a este tablero, la musculatura de Morena no puede reducirse a una mera abstracción electoral o a una derivación burocrática del ejercicio gubernamental. Su vigencia se corrobora en su maquinaria territorial, cohesión interna y capacidad de interlocución. Ciertamente, el partido oficial arranca con una ventaja derivada de su victoria en 2021 y del control de los resortes estatales; empero, la inercia institucional no constituye por sí sola un cheque en blanco frente a la oposición política.

La gran incógnita radica en la capacidad y aptitud de las fuerzas políticas menores para establecer vínculos genuinos con los sectores sociales agraviados por la violencia, la crisis de seguridad y las fallas institucionales. Las expresiones de protesta cívica, la participación de los gremios productivos y la voz de la jerarquía eclesiástica no configuran un patrimonio electoral cautivo y disponible para el dispendio del PRI o del PAN. Pretender capitalizar la indignación colectiva mediante un manoseo cupular equivaldría a confundir la legítima demanda social con la transferencia automática de votos.

Por consiguiente, el dilema de la colusión opositora elude la mera contabilidad de siglas o la fastuosidad de una fotografía cupular; su viabilidad pende de la capacidad para acreditar con hechos qué aporta cada aliado, qué estructuras activará en el terreno y qué directrices programáticas perfilarán su ruta. Careciendo de estos elementos, la suma se tornará nominal: dos estructuras agónicas compartiendo un mismo desprestigio y acumulando fracturas colectivas.

Una convergencia entre fuerzas derrotadas no está sentenciada de antemano al fracaso, empero tampoco adquiere robustez por la simple formalización de un pacto. Está compelida a generar una sinergia operativa inédita. Si el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional se limitan a exhibir sus despojos, sus inercias burocráticas y la urgencia de repartirse candidaturas, estarán renunciando a una opción de cambio ya que se reducirían a administrar su naufragio bajo un mismo estandarte. Y si ese membrete aliancista fracasa, terminará por colapsar los matices que aún les permiten diferenciarse ante el electorado.

En el tablero público, las compañías definen el perfil político, mas en el rigor de las urnas impera lo que cada fuerza acredita, demuestra y edifica frente a la sociedad. En Sinaloa, el reto de la oposición no consiste en corear consignas de unidad formal, sino en certificar que, tras la fachada del acuerdo, conservan la capacidad irrenunciable de ofrecer un porvenir distinto a la mera acumulación de sus derrotas.