Vetan a empresas boletinadas por EU en gobierno estatal

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que, desde que se recibió la información sobre las empresas señaladas, se instruyó revisar los procedimientos en los que han participado y evitar que puedan recibir nuevos contratos

El Gobierno de Baja California ordenó suspender y evitar nuevos contratos con las empresas que aparecen en una lista bajo revisión, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga las contrataciones realizadas durante la actual administración estatal.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que, desde que se recibió la información sobre las empresas señaladas, se instruyó revisar los procedimientos en los que han participado y evitar que puedan recibir nuevos contratos.

“Desde el primer momento que recibimos esta lista, se mandaron revisar todas estas empresas que aparecen en la lista para que no pudieran recibir más contratos y suspender los que tenían hasta el día de hoy”, señaló.

Agregó que Gabriela Monge, la secretaria Anticorrupción está realizando una revisión, mientras que Oficialía Mayor, a cargo de David Cervantes, está entregando la documentación disponible para ampliar el proceso de investigación.

Monge, explicó que el pasado miércoles recibieron oficialmente la información por parte de Oficialía Mayor y, a partir de entonces, comenzaron a trabajar de manera coordinada para revisar cada una de las contrataciones en las que aparecen las empresas señaladas.

Indicó que la dependencia ya emitió un primer documento con requerimientos adicionales de información para realizar la revisión correspondiente.

Precisó que la revisión comprende los procedimientos realizados desde el 1 de noviembre de 2021 hasta la fecha, y que en el marco de sus atribuciones, Oficialía Mayor emitió medidas para impedir que las empresas señaladas puedan participar en procedimientos de contratación. “Ese veto preventivo ya está y está notificado a la Oficialía Mayor”, afirmó.

Por su parte, Víctor Manuel Cortez Rodríguez, director de Fiscalización de la Inversión Pública, explicó que los órganos internos de control tienen participación en los comités de adquisiciones y que la documentación recibida de Oficialía Mayor contempla distintos procedimientos de contratación.

Entre ellos se encuentran licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas, además de otra información que será analizada como parte de la investigación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, institución que efectuó contratos con algunas empresas boletinadas por Estados Unidos, aclaró que esa dependencia únicamente participa como área requirente, al establecer las necesidades operativas de la corporación en materia de uniformes, armamento, vehículos y equipamiento.

Explicó que la secretaría a su cargo no es responsable de los procesos administrativos de contratación, Añadió que sí verifican que los materiales y equipos entregados correspondan a las características solicitadas y cumplan con las necesidades operativas y de seguridad de los agentes.

En tanto, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, otra institución donde aparecen contratos de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense, sostuvo que las adquisiciones de la Fiscalía deben pasar por un comité y cumplir con una serie de requisitos establecidos en las leyes federales y nacionales.

Afirmó que las contrataciones no constituyen decisiones unilaterales y que se revisan los procedimientos administrativos y fiscales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para todas las empresas.

Andrade Ramírez destacó que existen proveedores especializados para determinados productos, como radios, chalecos antibalas y equipamiento táctico, por lo que estos procesos también deben analizarse considerando las características específicas de los bienes requeridos.

La investigación continuará con la revisión de los expedientes de contratación y la documentación que entreguen las distintas dependencias, mientras permanece vigente el veto preventivo para impedir la participación de las empresas señaladas en nuevos procedimientos de contratación estatal.