Campo mexicano: tres narrativas, una sola crisis

Por Guadalupe Villalobos Guerrero

Por años, el campo mexicano ha sido retratado desde discursos que rara vez coinciden entre sí. Hoy, frente a las movilizaciones de productores, el país observa tres narrativas distintas: la del productor organizado, la del sector empresarial agroalimentario y la del Gobierno Federal. Las tres hablan del campo, pero no hablan del mismo campo.

El problema no es menor. Cuando el diagnóstico no es compartido, las soluciones tampoco lo serán.

En apariencia, existe un terreno común.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Gobierno Federal coinciden en al menos tres puntos fundamentales.

Primero, el reconocimiento de una crisis.

Nadie niega que el campo enfrenta un escenario complejo: precios deprimidos, sequía persistente, volatilidad internacional y presiones estructurales que afectan la rentabilidad.

Segundo, la importancia estratégica del sector agropecuario.

Las tres posturas reconocen que el campo no solo produce alimentos, sino estabilidad social, empleo rural y soberanía alimentaria.

Tercero, la necesidad del diálogo.

Todos dicen estar dispuestos a sentarse a la mesa. El desacuerdo no es sobre dialogar, sino sobre las reglas, la transparencia y los objetivos de ese diálogo.

Hasta aquí, parecería que el consenso está cerca. Sin embargo, las coincidencias terminan donde empieza lo esencial.

La fractura del diagnóstico. El punto de quiebre está en cómo se define la crisis.

Desde el Gobierno Federal, el campo se describe con indicadores macroeconómicos positivos: Una balanza agroalimentaria superavitaria por décimo año consecutivo, crecimiento del PIB agropecuario, exportaciones sólidas y millones de productores beneficiados por programas sociales.

En contraste, los productores organizados hablan desde otra realidad:

ingresos que no cubren costos, endeudamiento creciente, pérdida de capital productivo y una sensación de abandono cuando los precios internacionales se desploman.

Ambas visiones pueden ser ciertas al mismo tiempo.

El error está en suponer que una invalida a la otra.

Un sector puede ser exitoso en términos comerciales y, al mismo tiempo, económicamente inviable para una parte significativa de quienes producen. Esa es la paradoja que hoy no se quiere reconocer públicamente.

DICEN EN LA SADER  EL CAMPO “DE PIE”. 

Escuchar el discurso oficial podría llevar a pensar que el campo mexicano atraviesa un momento de fortaleza incuestionable. La balanza agroalimentaria es superavitaria, el PIB agropecuario crece y México mantiene —según se afirma— una posición sólida en los mercados internacionales.

El mensaje es claro: el campo resiste, el campo avanza, el campo está de pie.

Sin embargo, basta revisar qué es lo que realmente sostiene ese saldo positivo para entender la distancia entre el discurso y la soberanía alimentaria.

Las exportaciones que mantienen a flote la balanza agroalimentaria no provienen de los granos básicos que alimentan a la nación, sino de productos emblemáticos del éxito comercial: cerveza, tequila, aguacate, berries, tomates y carne de bovino. Sectores altamente integrados al mercado internacional, tecnificados, orientados a la exportación y, en muchos casos, desvinculados de la dieta básica del pueblo mexicano.

Es decir, el campo mexicano “se mantiene de pie”, pero apoyado en una mesa donde hay copas, botellas y frutas Premium, no en el maíz, el trigo, el arroz o el frijol.

Resulta llamativo que, al destacar estos indicadores, poco o nada se diga sobre la dependencia estructural en granos básicos, sobre la creciente importación de maíz, trigo y arroz, o sobre la fragilidad de la autosuficiencia alimentaria en un contexto de sequía, volatilidad y cambio climático.

LA IRONÍA ES EVIDENTE:

México presume fortaleza agroalimentaria mientras no controla plenamente aquello que más importa para su soberanía nacional.

El crecimiento de 3.1% del PIB agropecuario, citado como prueba de resiliencia, tampoco responde a la realidad cotidiana del productor de granos. El PIB crece, sí, pero no necesariamente crece el ingreso del agricultor. El sector puede expandirse mientras el productor se descapitaliza. Ambas cosas no son contradictorias; son, de hecho, la esencia del conflicto actual.

Hablar de un campo “de pie” sin hablar de rentabilidad, de precios que cubran costos y de soberanía en granos básicos, no es una mentira técnica, pero sí una verdad incompleta. Y en política pública, las verdades incompletas suelen ser las más peligrosas.

Precios, mercado y justicia económica. Aquí se encuentra otra divergencia profunda.

El Gobierno defiende esquemas de Precios de Garantía, apoyos complementarios y subsidios focalizados como mecanismos suficientes para proteger al productor.

El CNA, por su parte, rechaza los controles de precios generalizados y propone fortalecer la productividad mediante contratos, financiamiento, seguros y coberturas de riesgo.

El Frente Nacional exige algo más elemental: precios justos que permitan sobrevivir, no solo apoyos temporales que amortigüen pérdidas.

El T-MEC: IGUALDAD FORMAL, DESIGUALDAD REAL.

Gobierno y CNA coinciden en defender al T-MEC como instrumento estratégico. Reconocen desventajas, pero las atribuyen a factores estructurales y no al tratado en sí.

Los productores, en cambio, colocan el foco en una verdad incómoda: competir bajo reglas formales iguales no significa competir en condiciones reales iguales, cuando los socios comerciales destinan subsidios multimillonarios a su agricultura.

No se trata de romper acuerdos ni de cerrar fronteras, sino de admitir que la cancha no está nivelada y que México no ha construido mecanismos eficaces para compensar esa desigualdad.

Otro punto de ruptura es la legitimidad del diálogo.

El Gobierno apuesta por mesas institucionales, técnicas y administrativas.

El CNA respalda este enfoque.

Los productores exigen que el diálogo sea público, transparente y legislativo, frente a cámaras y ante la nación.

Esta exigencia no es caprichosa. Responde a una crisis de confianza acumulada durante décadas, donde muchos acuerdos nunca llegaron al surco.

LA PREGUNTA DE FONDO ES INEVITABLE:

¿El Gobierno Federal busca realmente una solución estructural o solo contener el conflicto?

La evidencia sugiere que sí existe voluntad de contención social, de evitar bloqueos y tensiones mayores. Hay programas, recursos y esfuerzos administrativos que no pueden negarse, pero que no han sido suficientes, y sobre todo para los medianos y grandes productores de granos.

Pero también es claro que no se ha reconocido públicamente la profundidad del problema de rentabilidad y Financiamiento.

Mientras el discurso oficial siga enfatizando únicamente los indicadores positivos, las protestas serán vistas como injustificadas y no como una señal de alarma.

Paradójicamente, el propio Panorama Agroalimentario 2025 presentado por la SADER reconoce sequía severa, crisis histórica de precios y vulnerabilidad climática. Los datos confirman la inconformidad; el discurso político la minimiza.

El campo mexicano, según el Gobierno no vive una crisis por la falta de apoyos, y para el Productor hay una crisis por falta de apoyos efectivos y de viabilidad económica.

Mientras Gobierno, sector empresarial y productores sigan hablando desde realidades distintas, el diálogo será incompleto y la solución, insuficiente.

La paz en el campo no se construye solo con programas sociales ni con estadísticas, sino con ingresos sostenibles, reglas equitativas y soberanía alimentaria real.

Porque, al final, una verdad permanece intacta: sin campo no hay ciudad, y sin rentabilidad no hay campo que haga que una soberanía se sostenga.