Productores logran acuerdos sobre concesiones de agua

Protesta sigue en pie en caso de que diálogos no avancen

Por Venessa Rivas *

Productores agrícolas logran avances clave con autoridades federales tras la discusión de la Ley de Aguas Nacionales. Lo más relevante se concentra en concesiones de agua, transmisión de derechos y la no retroactividad de trámites. El diálogo continuará y, en caso de no alcanzarse un acuerdo en materia de agricultura, precios de garantía y comercialización, se realizará la movilización programada para el lunes en puentes internacionales.

Eraclio “Yako” Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, explicó que se logró que las concesiones de agua no se extingan al morir el titular y puedan heredarse con la tierra, además de autorizar su transmisión familiar y venta conjunta.

Yako subrayó que esto ya quedó redactado, pero advirtió que el Gobierno podría revertirlo: “Lo borran y vuelven a dejarlo como estaba”, por lo que estarán pendientes para evitar traiciones. Estos avances son significativos, pero aún quedan puntos pendientes que requieren revisión de la ley.

El líder del frente señaló dos temas críticos sin resolver:

Retirar sanciones penales excesivas contra productores —como cárcel por irregularidades administrativas en pozos— para garantizar que las actividades agrícolas no se criminalicen.

Asegurar que la ley contemple infraestructura para retener más agua ante el crecimiento demográfico previsto hacia 2050, evitando que la reforma funcione como un cerco legal disfrazado de regulación.

Uno de los acuerdos principales establece que las concesiones de agua podrán heredarse junto con la tierra mediante testamento, evitando que se pierdan tras la muerte del titular. Asimismo, se formalizó la posibilidad de transmitir concesiones dentro de la familia y en operaciones de compraventa agrícola, siempre que la tierra y la concesión se mantengan ligadas, impidiendo su venta por separado.

Se definió que los trámites iniciados bajo la ley vigente continuarán su curso sin modificaciones, mientras que los procedimientos nuevos se regirán por la futura legislación, garantizando no aplicación retroactiva.

En la mesa de negociación quedó pendiente la eliminación de castigos carcelarios contemplados en el proyecto inicial (1 a 10 años de prisión), pues los productores señalaron que las sanciones deben ser proporcionales y no criminalizar la actividad agrícola, tal como establece la Constitución.

Otro punto por resolver es la incorporación de medidas para atender el crecimiento demográfico nacional. Productores señalaron que México podría alcanzar 200 millones de habitantes para 2050, por lo que se requiere ampliar infraestructura hidráulica, retener mayor cantidad de agua de lluvias y tecnificar el riego para asegurar la producción de alimentos.

Yako Rodríguez agregó que la ley debe permitir una expansión responsable de la frontera agrícola, ya que en los próximos 25 años el país podría requerir abastecer a 70 millones de personas adicionales sin aumentar la disponibilidad natural de tierra cultivable.

Aunque los avances fueron calificados como positivos, Yako advirtió que permanecerán atentos a que lo acordado no se modifique antes de su publicación, pues un cambio de última hora generaría ruptura en el diálogo y nuevas movilizaciones.

Los productores manifestaron disposición a fungir como aliados del gobierno federal, siempre que exista respeto mutuo, cumplimiento de acuerdos y reconocimiento de la autonomía del movimiento, especialmente luego de acusar que el Consejo Nacional Agropecuario rompió acuerdos previos con autoridades federales.

Respecto a la jornada de movilizaciones anunciada para el lunes 24, se mantiene vigente hasta recibir señales claras de cumplimiento por parte del gobierno. Si hay avances concretos, la protesta podría suspenderse.

La discusión continuará con una nueva mesa sobre agricultura, donde se abordarán precios de garantía para maíz, frijol y trigo, creación de canales de comercialización, banca de apoyo productivo y otros mecanismos relacionados con productividad y mercado agropecuario.

SENADOR MARIO VÁZQUEZ ABOGA POR UNA LEY DE AGUAS CORRECTA 

En el marco de las Audiencias Públicas sobre la Ley General de Aguas, realizadas en la Cámara de Diputados, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, llamó a construir una legislación que sea “correcta, viable y justa”, sustentada en técnica, diálogo y experiencia territorial.

Durante su intervención, Vázquez alertó que los problemas relacionados con el agua en México se han agravado por el debilitamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los recortes históricos al presupuesto y la falta de inversión en infraestructura básica, como agua potable, drenaje, saneamiento y presas. “El agua no se resuelve solo con leyes, sino con instituciones fuertes, tecnificación y recursos”, subrayó.

El senador identificó tres riesgos principales de la iniciativa actual de ley: La eliminación del régimen de transmisiones de derechos de agua: Esto impediría heredar o vender predios con su volumen de agua asignado, afectando el patrimonio familiar y la continuidad de la producción agrícola.

Impacto en el financiamiento agrícola: Sin certeza patrimonial sobre el agua, la tierra pierde valor y los bancos podrían dejar de otorgar créditos al sector agrícola.

Obligaciones y plazos inviables: La propuesta contempla prórrogas cada seis meses y reportes anuales que la CONAGUA no tendría capacidad de procesar adecuadamente.

Vázquez también destacó la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades del país. Mientras organismos internacionales recomiendan invertir más de 130 mil millones de pesos al año únicamente para agua potable y saneamiento, el presupuesto proyectado para la CONAGUA en 2026 será de apenas 36.7 mil millones.

Por ello, respaldó la creación de un Fondo para el Derecho Humano al Agua, con reglas claras y obligatorias, para garantizar recursos suficientes y una gestión transparente.

El senador hizo un llamado a que estas audiencias públicas sean un espacio de construcción legislativa y no solo de formalidades.

“El agua no tiene partido. Necesitamos una ley que proteja el consumo humano, dé certeza a los productores y garantice futuro. Apostemos a escuchar y a legislar con altura de miras”, concluyó.

La Ley General de Aguas busca actualizar la regulación del recurso hídrico en México ante los crecientes desafíos de escasez, cambio climático y presión sobre el sector agrícola e industrial.

Expertos coinciden en que una legislación efectiva debe ir acompañada de inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional y mecanismos que aseguren el acceso equitativo al agua para todos los mexicanos.