Astillero…

Prioridades

Por Julio Hernández López

Un día después de la significativa sesión del Consejo Nacional de Seguridad en Acapulco, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, las principales figuras del gabinete federal de seguridad y la mayoría de los gobernadores estatales, fue asesinado en ese puerto Edmundo Román Pinzón, magistrado estatal que había sido presidente del tribunal de justicia en Guerrero. Los reportes policiacos señalaron que personas aún no identificadas dispararon contra el funcionario judicial cuando salía en su automóvil del área de juzgados del Palacio de Justicia.

El pasado lunes, en Tepenacaxtla, en la muy violenta zona de la sierra de Zongolica, fue asesinado a bordo de su vehículo el diputado federal Benito Aguas Atlahua, adscrito al Partido Verde Ecologista de México, pero llegado a la curul en alianza con Morena y el PT. Antes, había sido presidente municipal justamente de Zongolica. También fue ejecutado su acompañante, el ingeniero Agustín Linares López.

Ambos casos, por el carácter institucional de las víctimas, han obtenido relativa atención mediática, mientras en otras latitudes suceden hechos de mayor magnitud criminal que causan efímero asomo y son desplazados por otros acontecimientos impactantes que igualmente habrán de caer en la normalización de la violencia, en la rutina de los lamentos y las condenas de los gobernantes en turno, de las investigaciones a fondo y las promesas de que habrá justicia y no impunidad. Letanías sabidas.

Vale también ver estos sucesos en el contexto internacional, en específico en cuanto a los preparativos virtualmente bélicos que la entrante administración Trump amaga con aplicar a México. Abona a esos propósitos intervencionistas el impacto que estos sucesos, incubados largamente en la descompuesta realidad binacional, causan en el ánimo de los dos países vecinos (de Sinaloa ni se hable: una crisis prolongada, con saldo cuantioso de víctimas, un gobernador pasmado y planes centrados en la acumulación de elementos militares).

Es cierto que la política federal de seguridad pública ha cambiado, en concreto en cuanto al combate a grupos del crimen organizado, con una creciente disposición militar (Defensa y Guardia Nacional) al enfrentamiento, los decomisos, el abatimiento y la persecución de cárteles y personajes relevantes de esas estructuras delictivas, pero vale preguntarse si ello será suficiente (además de las tareas diríase que muy burocratizadas, retóricas y socialmente flácidas que barajan el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard) para contener la acometida de halcones que desde ahora amenazan a México y tomarán el poder el mes entrante con un ofensivo y disparatado jefe, como es Donald Trump.

Y mientras ayer, en un programa astillado de Internet, algún despistado conductor se preguntaba si ante la anunciada designación trumpista de nuevo embajador en México el gobierno de Claudia Sheinbaum podría considerar enviar como contrapartida nacionalista a Andrés Manuel López Obrador, para que fuera un movido y movilizante embajador que defendiera en el propio país vecino el interés de los mexicanos (recuérdese que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el sucesor de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, lo nombró secretario de la Defensa Nacional, cargo que ocupó de septiembre de 1942 a agosto de 1945), y en tanto el INE advierte que recortar la partida presupuestal que ha pedido para la elección de juzgadores la pone en riesgo, lo cual ha sido reiterado en otras ocasiones, aunque la realidad presupuestal le es adversa a ese instituto, ¡hasta mañana, ya con datos que permitan saber si la cúpula operante de la Iglesia católica consiguió que este día de La Guadalupana se produjera una tregua nacional de paz entre los grupos del crimen organizado del país!

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