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Sin energía no habrá rectoría
Por César Villalobos López
Uno de los muchos y graves problemas que se tienen en nuestro país, son producto de chismes, de diatriba cotidiana que, desde el pulpito palaciego se han esparcido como verdades a lo largo del gobierno de la 4T.
Para legitimar las ofensas y mentiras, el gabinete presidencial habilitó como periodistas a un grupo de personas afines, seguramente con necesidad de un ingreso para suplantar la actividad de comunicadores.
A lo largo del gobierno de la 4T escuchamos una serie de menciones presidenciales sobre la corrupción de expresidentes y de funcionarios de admiraciones anteriores, sin que hasta la fecha se conozca alguna denuncia penal en contra de ellos.
Ah, pero eso sí, una buena parte de audiencia presidencial acepto la mentira como buena y de paso pondero lo que, para ellos, fue una acción única, pero sin ningún resultado.
Lo mismo ocurrió en el caso de los comunicadores investigadores que no se moldearon a los deseos del orador mañanero, los ha calumniado, los ha investigado y en este y en otros casos, el responsable de cumplir y hacer cumplir la constitución, ha violado los derechos fundamentales de los individuos señalados.
Hombre caprichudo y obcecado para que se haga su voluntad, el presidente va en contra de todo aquello o aquellos que sean un obstáculo para ver materializados sus deseos, sin importarle nada.
Como consecuencia de ello, los funcionarios federales, estatales y municipales, tratan de entender lo que el presidente desea y son incapaces de hacer o proponer algo distinto.
Quienes no son de elección popular permanecen agazapados, tino tiene miedo, tienen terror actuar y que ello les deje fuera de la nomina del erario y, es que algunos de ellos, en los cargos han probado las mieles de los moches bajo una imagen de honorabilidad y honestidad.
Debido a esa situación, en el valle de Mexicali se está viviendo una situación de intranquilidad que pudiera llegar a convertirse en un problema para el estado y a federación.
Y es que, la ambición de dinero fácil, aderezada con opiniones que alientan las aspiraciones, han propiciado el clima de agitación.
Si a nivel federal, la CILA, con la opinión de técnicos de CONAGUA llegaron al acuerdo del Acta 330, porque ahora dejan que el agua corra y son incapaces de emitir una disposición clara y concreta sobre el destino y aplicación de los 60 millones de dólares.
O será que están buscando la forma de quedarse con un porcentaje, como lo mencionan usuarios del agua que han criticado obras erróneas que nunca han sido aclaradas, ni por la CILA, ni por CONAGUA.
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