Por Sam Woolston *
Un tribunal estadounidense condenó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, lo que marca el final de un dramático proceso judicial que poco impactaría los flujos de narcotráfico procedentes de la nación centroamericana.
Para Hernández, de 55 años, significa que probablemente pasará el resto de su vida tras las rejas.
Este artículo forma parte de una serie especial que detalla el ascenso y la caída del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Lea los demás artículos de la serie aquí.
La sentencia se dictó tras la condena del 8 de marzo, cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de participar en una conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y de utilizar armas para promover delitos de narcotráfico. El juez también dijo que Hernández había mentido sobre sus relaciones con conocidos narcotraficantes mientras estaba bajo juramento.
Hernández dijo que su condena equivalía a un “linchamiento”, según Inner City Press.
El exmandatario es el tercer presidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Se une así a Manuel Noriega, el brutal dictador de Panamá, condenado por tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de dinero en 1992. Además, Andrew Fahie, exprimer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, también fue condenado por narcotráfico en febrero de este año.
El hermano de Hernández, el exsenador hondureño Tony Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
En su alegato de pena, el gobierno estadounidense exigió “la sanción más grave disponible” contra Hernández, y lo describió como uno de los “acusados más culpables jamás procesados en Estados Unidos”.
“El daño que [Hernández] causó a su país —su traición a Honduras— desafía toda descripción”, afirmaba el escrito. “Vendió [al pueblo hondureño] a los narcotraficantes para su propio avance y beneficio”.
El lenguaje contrastó con la actitud que múltiples administraciones estadounidenses adoptaron hacia Hernández mientras estuvo en el poder. El gobierno estadounidense donó decenas de millones de dólares en ayuda militar a Honduras, y durante mucho tiempo consideró a Hernández como un firme aliado en la llamada guerra contra las drogas.
El gobierno norteamericano también reconoció la reelección de Hernández en 2017 para un segundo mandato inconstitucional en unos comicios marcados por graves irregularidades y acusaciones creíbles de fraude. En aquel momento, los funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) conocían la participación de Hernández en el narcotráfico desde hacía al menos cuatro años.
Durante el juicio, que se basó principalmente en el testimonio de antiguos narcotraficantes, los fiscales argumentaron que Hernández trabajó activamente con algunas de las organizaciones criminales más poderosas del planeta para mover cientos de toneladas de cocaína a través de Honduras y extrajo millones de dólares en sobornos de los narcotraficantes, convirtiendo a Honduras en un “narcoestado”.
Las instituciones estatales, incluidos el ejército y la policía, fueron socavadas para cumplir las órdenes de los grupos criminales, según el tribunal. Por su parte, las amenazas al poder de Hernández, fueron sistemáticamente eliminadas, incluido el asesinato de varios testigos potenciales.
“Este no es un día agradable para la DEA ni para Honduras”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la entidad. “Pero es un día histórico que envía un mensaje muy fuerte a la élite política de Honduras de que tarde o temprano se hará justicia”.
Análisis de InSight Crime
La condena de Hernández ofrece a los hondureños una tentadora visión de cómo el poder tiene que rendir cuentas, pero tendrá escasa repercusión en el narcotráfico en la región.
En su documento de sentencia, los fiscales sugirieron con optimismo que una condena dura para Hernández “resonaría entre narcotraficantes y funcionarios corruptos de todo el mundo” y disuadiría a otros poderosos de incurrir e conductas delictivas.
Pero la condena de capos no parece haber disuadido a los traficantes en Honduras en el pasado, y no hay motivos para pensar que esta vez va a ser diferente.
Un exfuncionario estadounidense que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, descartó la idea de que la condena tuviera un efecto disuasorio y señaló la experiencia de los Rosenthal, otra poderosa familia hondureña vinculada a la política y el narcotráfico.
Yani Rosenthal, por ejemplo, se declaró culpable de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en un juicio en Estados Unidos en 2017, pero regresó a Honduras en 2020, donde lanzó una candidatura finalmente fallida para convertirse en presidente del país. Ahora es congresista.
“Nadie se inmutó”, dijo el funcionario. “No se trata de un caso de algunos malos actores que llegan y corrompen el sistema. Esto es el sistema”.
Expertos consultados por InSight Crime señalaron que la aprobación de la extradición en 2012 fue uno de los factores que impulsó el cambio en los grupos narcotraficantes en Honduras.
Esta política fue irónicamente defendida por Hernández antes de que él mismo fuera extraditado.
Mientras Hernández estaba en el cargo, el gobierno utilizó la extradición para desmantelar varios de los grupos narcotraficantes más grandes de Honduras, incluidos los Valle y los Cachiros, y envió a los líderes a ser juzgados en Estados Unidos. Pero en lugar de impedir los flujos de droga, el vacío creado parece haber sido llenado por una hidra de clanes más pequeños, mientras permanecen los restos de los antiguos grupos.
Un funcionario hondureño, que solicitó permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa, dijo a InSight Crime que, si bien los grupos delictivos organizados del país se habían fragmentado más, su modus operandi seguía siendo, en gran medida, el mismo.
“Las estructuras criminales [en Honduras] tenían un mando vertical”, señaló el funcionario. “La extradición conllevó a la mutación inmediata de estas estructuras criminales. Hoy funcionan en red, son socios corporativos, [lo que] va desvaneciendo la probabilidad de ser enjuiciado”.
Óscar Estrada, autor de un libro que esboza la historia del narcotráfico en Honduras, dijo a InSight Crime que la lucha contra el narcotráfico se estaba volviendo más compleja.
“No es posible que [el gobierno] vaya a agarrar cuadros grandes como los Cachiros o los Valle, porque los actores del narcotráfico son pequeños”, explicó.
Aunque los grupos del crimen organizado involucrados en el narcotráfico en Honduras son más pequeños que antes, sólo en los primeros cuatro meses de 2024 se incautaron casi 7 toneladas de cocaína en Honduras, según datos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) obtenidos por InSight Crime, lo que indica que grandes cantidades de droga siguen moviéndose por la región.
Mientras tanto, las autoridades hondureñas han seguido persiguiendo a la antigua red de Hernández. El 21 de junio, las fuerzas de seguridad capturaron a Mario Cálix en Catacamas, ciudad del departamento oriental de Olancho. Se cree que Cálix fue un facilitador clave de las actividades del expresidente e incluso conspiró en asesinatos ordenados por el hermano de Hernández, Tony.
“Muchos de los individuos vinculados a Juan Orlando y la infraestructura [de narcotráfico] creada todavía existen”, dijo Vigil a InSight Crime. “El narcotráfico sigue siendo prominente en Honduras. Cambiar eso requerirá un esfuerzo titánico”.
Imagen destacada: El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández durante su extradición a Estados Unidos. Crédito: Associated Press.
Una versión anterior de este artículo contenía una descripción inexacta de la ayuda en materia de seguridad que Estados Unidos prestó a Honduras durante la presidencia de Hernández. Estados Unidos dio US$91 millones al país en ayuda policial y militar, según el Monitor de Asistencia en Seguridad del CIP. El error ha sido corregido.
*Información publicada en https://insightcrime.org/es/
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