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Urgente la eficiencia administrativa gubernamental
Por Reynaldo Magaña
La estructura del gobierno federal en las entidades federativas, con la representación única descansando en un solo Delegado federal para dirigir a más de cincuenta dependencias de ese nivel de gobierno, en los hechos es compleja y sin resultados eficaces, por lo menos en los términos que se esperaba.
Desaparecer la figura de los delegados federales, para sustituirlos por uno solo, tuvo como propósito agilizar las gestiones y ser más eficientes en la atención y respuesta a los ciudadanos, además de la trasparencia que con insistencia se pregonó y se sigue haciendo.
Nada de eso ha ocurrido, salvo la entrega de despensas, apoyos directos solamente en el ramo social y las pensiones a los adultos mayores y discapacitados, pero el resto de los muy diversos temas no han sido correctamente atendidos, simplemente porque materialmente es imposible hacerlo.
Un «hombre orquesta», aunque quiera no le alcanza el día para dividirlo en alrededor cincuenta y cinco dependencias del orden federal, ni tampoco podrá lograr la especialización que se requiere para responder con eficacia las demandas ciudadanas.
Los delegados no desaparecieron, ni fueron liquidados, simplemente cambiaron de nombre y siguen atendiendo con rigor las directrices de los secretarios a nivel nacional, sin que el delegado único sea el conducto para ello, aunque si se le escuche y atienda, pero la dirección y normativa es y ha sido hasta hoy, desde las oficinas centrales, incrementando con ello el aparato burocrático, en lugar de disminuirlo, como era la pretensión primigenia.
Los delegados federales ahora se denominan representantes y la pretendida figura de «subdelegado», para substituir a aquellos y recibir instrucciones solamente del delegado único, no existe.
Se ha complicado la representación jurídica de esas dependencias, porque más de la mitad de las cincuenta y tres oficinas federales en cada entidad, simplemente no tienen un titular formal y definitivo, sino solamente encargados, cuya actuación puede resultar nula jurídicamente por carecer del nombramiento con las facultades que la norma administrativa impone.
Se corre el riesgo de que cualquier persona inconforme con algún trámite, lo impugne ante la instancia correspondiente, por falta de legalidad en el despacho de los trámites, al ser emitidos estos por quien no tiene nombramiento como titular de determinada dependencia.
Aunado a lo anterior, la disminución generalizada del presupuesto en la administración pública federal, no ha redundado en beneficio de los ciudadanos, sino en perjuicio al entorpecerse los trámites y gestiones, por falta de personal y de material con que desempeñar sus funciones o de viáticos cuando los servidores públicos requieren trasladarse fuera de las oficinas a cumplir comisiones.
Es necesario que la próxima presidenta de México restituya las delegaciones federales en las entidades federativas. De la mayor importancia también que se establezca suficiente presupuesto y correctamente destinado a todas las oficinas públicas para que los gobernados puedan avanzar en sus gestiones y se perciba con ello un gobierno eficiente y sobre todo capaz.
*El autor es especialista en derecho tributario internacional y promotor de economía solidaria.
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