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Agenda, ¿progresista?

Por Francisco Ruiz*

Recientemente, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) celebró su asamblea electiva entre los 559 asociados con derechos vigentes a nivel nacional. La mayoría de estos decidió brindar su apoyo a la planilla encabezada por Luis Manuel Martínez Anzures, y es acompañado por Olga Sánchez Cordero como vicepresidente; Rina Marissa Aguilera Hintelholher, Eber Omar Betanzos Torres, Esther Nissán Schoenfeld, David Villanueva Lomelí, Susana Libién Díaz González, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, Fernando Álvarez Simán y Luis Humberto Fernández Fuentes, como consejeros del Consejo Directivo, que habrán de rendir protesta durante la última semana de abril.

Así mismo, Carlos Eduardo Flota Estrada, quien se desempeña como presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, fue electo vicepresidente de los Institutos Estatales del Sistema INAP, contando con el respaldo de los institutos de Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y, por supuesto, Tabasco. Por lo que, en mi calidad de asociado de dicho organismo, aprovecho este espacio para expresarles mi reconocimiento y mayores deseos de éxito para el periodo 2023-2026.

Ya en colaboraciones previas me he referido a los antecedentes de los términos “liberal” y “conservador”, puestos de moda por el presidente López Obrador. Su origen se remonta al primer cuarto del siglo XIX, así de “actualizado” (sarcasmo) es nuestro presidente. Por ello, no viene al caso ocupar letras en información repetitiva, aunque sí me sirve como punto de partida para referirme al título de la columna de esta semana.

La palabra “progresista” es definida por el diccionario de la lengua española como: “Dicho de una persona o de una colectividad: De ideas y actitudes avanzadas”. Por lo que, al hablar de una agenda progresista debemos considerar temas que resultan de interés colectivo en la actualidad. En el caso de México, van desde el respeto y divulgación de los derechos humanos; el libre desarrollo de la personalidad; la inclusión, protección y promoción de la participación de los grupos minoritarios en la toma de decisiones públicas; la preservación del medio ambiente; el uso de energías limpias y renovables; la regularización del aborto; la legalización del uso medicinal y, posteriormente, lúdico del cannabis, entre otros.

Sin embargo, de aquél Frente Amplio Progresista impulsado por Andrés Manuel López Obrador durante su primer intento por convertirse en el jefe del Ejecutivo federal en 2006, encabezando la coalición electoral “Por el Bien de Todos”, integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano, MC), solo quedó el nombre.

Basta recordar que la inviolabilidad de los derechos humanos fue consagrada en nuestra Constitución gracias a la reforma al artículo 1º, en 2011. En cuanto a la inclusión de los grupos minoritarios (jóvenes, discapacitados, comunidad LGBTQ+, indígenas y migrantes) en la toma de decisiones públicas, han sido los organismos públicos locales electorales (OPLE´s), así como los tribunales electorales, quienes han dispuesto acciones afirmativas que, hasta hace unos días, estaban en riesgo de ser revertidas. La regularización del aborto es otro ejemplo del ejercicio de la soberanía estatal que han ejercido las legislaturas locales.

La preservación del medio ambiente y el uso de energías limpias siguen siendo materia de discusión y polémica, particularmente en lo referente a nuestra relación económico-comercial-legal con Canadá y Estados Unidos. Mientras la legalización del cannabis continúa siendo “cacareado” por muchos, pero aterrizado por pocos. La realidad es que, al igual que antes, la agenda legislativa y gubernamental de nuestros tiempos sigue adecuándose a las conveniencias de quienes ostentan el poder; la diferencia estriba en que hacen creer que sí, aunque, en hechos, no más no.

 Post scriptum: “Por sus frutos los conoceréis”, Mateo 7:16.

* El autor es escritor, catedrático, doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

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