Van contra exfuncionario que se ostentó como Comisionado del RAN-BC

• Conflicto de intereses y abuso de funciones, entre las irregularidades administrativas de Eduardo Cota
• Que incurrió en abuso de funciones que generaron beneficio para sí 
• Que ingreso documentos para veta irregular de terrenos ejidales
• Ruiz Uribe le impulso para obtención de contratos temporales

Por Antonio Heras / Lindero Norte

MEXICALI. – La Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México inició un procedimiento sancionatorio contra Eduardo Cota Osuna, quien cometió faltas administrativas graves por conflicto de intereses y abuso de funciones durante su paso por la delegación Baja California del Registro Agrario Nacional (RAN), al certificar terrenos a su nombre en beneficio del grupo La Sosa Nostra de la UAEH y de la CODUC.

Impulsado por Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de los programas del Bienestar del Gobierno de México, Cota Osuna obtuvo tres contratos temporales del 1 de marzo al 15 de mayo, del 1 de julio al 15 de septiembre y del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2019 como coordinador de Mejora Continua del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional.

Sin embargo, de manera indebida, durante nueve meses Cota Osuna se ostentó como Comisionado del RAN en Baja California, una figura inexistente en la estructura orgánica de esa dependencia, por lo que firmó documentos, asistió a actos oficiales y ejerció actividades de subordinación del personal pues se presentaba como superior jerárquico, según se desprende del oficio de emplazamiento que realizó Sergio Ernesto Saldúa, titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la dependencia federal.

El exservidor público incurrió en abuso de funciones ya que ejerció atribuciones para inducir actos que como consecuencia generaron un beneficio para sí o para terceros o, en el caso, para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Eduardo Cota realizó un trámite interno sin notificar a su jefe inmediato superior que estaba bajo un posible conflicto de intereses ya que era titular de los certificados parcelarios 17666/14, 17666/15, 17666/16, 17666/17, 17666/18. 17666/19 y 17666/20 del ejido Emiliano Zapata. El área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la SFP acreditó que no hubo tal aviso.

El 4 y 5 de marzo de 2021, personal de áreas centrales acudió a la delegación para levantar la denuncia de hechos y cuatro empleadas confirmaron que se ostentaba como superior jerárquico por lo que ingresó así los siete trámites para cambiar el registro de certificados parcelarios en el Valle de Guadalupe, sin notificar a su superior jerárquico.

El oficio de emplazamiento para la audiencia inicial del procedimiento administrativo sancionatorio 15/998/OIC/AR/SEST/JACLM/191/2022, fechado en marzo de 2022, corresponde al expediente 02/2021.

Beneficiarios del trámite

Cota Osuna aprovechó su estancia en el RAN para realizar acciones en beneficio propio como ejidatario e ingresar trámites para enajenar siete certificados parcelarios con una superficie de 1 mil 654 hectáreas del núcleo Emiliano Zapata (Francisco Zarco) del Valle de Guadalupe en el municipio de Ensenada.

Con el trámite favoreció a un funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) vinculado a la triangulación de recursos federales a empresas fachada del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, quien salió del penal de El Altiplano al obtener prisión domiciliaria ya que enfrenta juicios por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la causa penal 263/2020.

Se trata de Daniel Alberto Sánchez Cabrera quien se desempeñó como Oficial Mayor del Consejo Universitario de la UAEH, subdirector de Enlace de la Rectoría, subdirector Administrativo y más tarde director de la Escuela Preparatoria Número Uno. De esa institución académica.

Se le señala de ser operador de Sosa Castelán y de su círculo cercano en la adquisición de terrenos para un hotel y viñedos en esta región, a través de Cota Osuna. El primer paso de este grupo fue que el Comisariado Ejidal los reconociera como avecindados -no ejidatarios- en febrero de 2019, entre ellos se encuentra el rector de la UAEH, Humberto Augusto Veras Godoy, ex diputado por Morena, y Gerardo Sosa Cravioto, fallecido ese año.

Otro beneficiario de los certificados parcelarios es Héctor Lara Soria quien presidió y después se convirtió en vocal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, además de ser integrante de las mesas directivas de la Unión Agrícola Regional de Productores de Legumbres de Ensenada, además de Marco Antonio Ortiz Salas, secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y el secretario de esta organización civil Francisco Segoviano Trujillo, quien fue secretario General del PES en Jalisco y candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco.

 Defensa

Además de ejidatario, Eduardo Cota es abogado y como tal apareció en marzo de 2019 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues se presentaba como «Comisionado del RAN en Baja California». Más tarde, en 2020, lo designaron delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pero renunció en el 5 de septiembre de ese año al trascender que acaparaba tierras, violentaba las leyes y reglamentos agrarios, además de afectar al medio ambiente del Valle de Guadalupe.

Justificó su dimisión con la finalidad de defenderse y “enfrentar libremente las difamaciones y calumnias”, sin afectar a la Cuarta Transformación ni al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En febrero de 2022 asumió la dirigencia en Ensenada de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) que preside el senador José Narro Céspedes.