Uso de Razón…

La penosa necedad del gobierno mexicano

Por Pablo Hiriart

MIAMI, Florida. – El gobierno de México está aferrado a una política energética que atenta no sólo contra las finanzas nacionales, sino contra sus acuerdos comerciales y el interés superior de la especie humana.

¿Así de grave? Sí. ¿Exagero? No.

Ya sabemos el tema comercial, que viola reglas del TMEC y Estados Unidos, con razón, ha protestado.

De hecho, los dos grandes partidos estadounidenses se han unido sólo en dos ocasiones importantes en la administración Biden: contra la guerra de Putin y contra la reforma eléctrica del gobierno mexicano.

Los adversarios que disienten en todo, demócratas y republicanos, tienen sólo un par de preocupaciones conjuntas con las que hacer frente común: Putin y López Obrador.

El daño mayor de la política energética del actual gobierno de México es, sin embargo, contra la humanidad.

Con un discurso nacionalista fuera de lugar, el presidente López Obrador acusó el lunes a Estados Unidos de financiar a grupos ambientalistas mexicanos.

Ahí está el punto central.

El planeta vive una contingencia ambiental que si no se atiende de manera conjunta y radicalmente decidida, en 20 años la temperatura habrá aumentado dos grados (Nature Geoscience).

No hay postura soberanista que valga en esta materia.

En 20 años, países enteros quedarán convertidos en desiertos.

Ciudades costeras sufrirán más huracanes.

La mayor recurrencia de aluviones destruirá urbes enteras.

Tendremos, pues, oleadas migratorias de millones de personas que buscarán refugio en otros países porque los suyos serán prácticamente inhabitables. O sin el ‘prácticamente’.

Los gases tóxicos en la atmósfera no respetan fronteras ni necesitan pasaporte y visa para moverse por el mundo.

Aunque equis o zeta país cumpla disciplinadamente con las metas de reducción de gases de efecto invernadero, puede ser arrasado si otros no cumplen.

En el tema ambiental no cabe su alegato soberanista.

Tampoco vale su postura ‘nacionalista’, de aquí nadie se meta porque rechazamos el injerencismo.

Brookings Institution, un think tank liberal, serio e influyente, sostiene que las implicaciones de esta ‘contrarreforma’ energética, si tiene éxito, son serias y de gran alcance, y van mucho más allá del ámbito interno de México.

Primero, apunta, los cambios desestabilizarían el sector de energía renovable de México y la capacidad del país para cumplir con sus metas climáticas, que ya son demasiado modestas.

Dar prioridad a la energía producida por CFE sobre la de empresas privadas es un movimiento para favorecer los combustibles fósiles sobre las energías renovables.

Explica Brookings Institution que CFE genera energía principalmente hidroeléctrica, nuclear, gas natural y combustóleo. La mayor parte de la energía verde de México es producida por el sector privado, lo que significa que se despacharía en último lugar, a pesar de ser más barata.

Y va al punto: las perspectivas de que México cumpla con sus objetivos climáticos, que el gobierno de López Obrador se negó a revisar para que sean más ambiciosos en la cumbre de Glasgow, pasarían de débiles a nulas, a medida que las energías renovables sufrieran este gran revés.

La Ley General de Cambio Climático de 2012 de México compromete al país a generar al menos 35 por ciento de su energía con tecnologías limpias para 2024 y a reducir las emisiones en un 30 por ciento para 2020 y un 50 por ciento para 2050, en comparación con 2000.

Sin embargo, un estudio de 2021 realizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos evaluó que cambios similares a los que se impulsan, aumentarían las emisiones de carbono de México entre un 26 y un 65 por ciento.

La energía de la CFE, que ahora se despachará primero, en la mayoría de los casos será más cara que la energía renovable generada por el sector privado.

El estudio de NREL espera que un papel dominante de la CFE en el sector eléctrico de México aumentaría los costos de generación de electricidad en un 32-54 por ciento, y crecería la posibilidad de cortes de energía en un 8 y 35 por ciento.

Además, precisa, las grandes empresas que han estado obteniendo energía directamente de las centrales eléctricas privadas –de fuentes renovables– ya no podrán hacerlo y se verán obligadas a recurrir a la energía más costosa y menos limpia proporcionada por la CFE.

La energía de mayor costo haría que México fuera mucho menos atractivo para las empresas y los inversionistas que buscan una alternativa competitiva para basar sus operaciones que están en China, debido a las crecientes tensiones entre Pekín y Occidente.

Por último, señala Brookings Institution, las empresas internacionales comprometidas con sus propios objetivos de carbono ‘cero neto’ estarían menos interesadas en establecer operaciones en un lugar que empeoraría, o no mejoraría, sus huellas de carbono.

¿Qué, de todo lo anterior, no entiende el gobierno?