Editorial…

Inestabilidad laboral y productiva

“El conflicto laboral que acontece en Matamoros, Tamaulipas, es una clara expresión de la falta de Estado de Derecho que ha provocado la suspensión de labores en diversas maquiladoras, a través de los paros laborales que amenaza con generar desempleo y el cierre de empresas”, precisa en un comunicado la Coparmex, el sindicato patronal más importante del país.

“No obstante, que las llamadas huelgas son ilícitas, a la fecha las autoridades laborales no se han pronunciado para reestablecer el orden social, evitar la afectación de empleos e impedir que se ahuyente las inversiones extranjeras, así como tampoco se ha generado un ambiente de certidumbre jurídica, que requieren las maquiladoras para continuar en operación”.

“La suspensión de actividades en las empresas de Matamoros ha impedido que puedan cumplir con sus obligaciones de manufactura de productos, provocando altos costos y daños en la planta productiva”. 

Luego, la Coparmex exhorta “a las autoridades laborales tanto local como federal para que intervengan y logren que tanto los trabajadores y sus representantes, como las empresas afectadas reanuden un diálogo constructivo y sea a través de esa vía que se alcancen acuerdos razonables, conforme a la capacidad de cada fuente de trabajo, para que permita reanudar y reactivar las actividades productivas en Matamoros, todo ello en una interpretación correcta del marco legal”.

Pero en el país no solo se tienen conflictos laborales, sino otros como el bloqueo de las vías del ferrocarril por integrantes de distintas secciones de la CENTE, en reclamo de pago de salarios y prestaciones que se supone deben de pagar los estados de la república, mismos que aducen no recibir los recursos comprometidos por el gobierno federal.

La paralización del tráfico en las vías férreas está generando cuantiosas pérdidas, no a los concesionarios de los ferrocarriles, sino a una buena parte de la industria de transformación, a los comercios, a los productores y a la población en general debido a que se corre el riesgo de la perdida, o cuando menos suspensión de las plazas laborales en las plantas industriales. 

La obstrucción de las vías de comunicación es un delito federal que, hasta donde se observa, no hay ningún interés del jefe del ejecutivo federal por actuar en contra de aquellos que delinquen en aras de reclamar sus derechos, sin importar afecten el derecho de los demás.

Andrés Manuel Lopez Obrador le apuesta al convencimiento de los manifestantes que actúan impunemente al margen del estado de derecho.  

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