Cuando el río suena
Por César Villalobos López
La Comisión Nacional del Agua, luego de la dimisión de David Korenfeld, a la dirección general, por aquel asunto de la utilización de un helicóptero oficial para viajes particulares y la revelación de que su esposa, Sandra Kershenobich, cobraba –en el 2015- un salario mensual de 4 mil 995 dólares como “agregada administrativa C” del consulado general de México en San Diego, California, se ha manejado el rumor de que Korenfeld es quien controla a ese organismo, por conducto de Roberto Ramírez de la Parra.
Y, es que, pese a los escándalos de corrupción, conflicto de interés y abusos de autoridad que se han destapado durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, los amigos, colaboradores y exfuncionarios –o sus cónyuges– del mandatario siguen gozando de los privilegios que les brinda el erario. Desde que nació la Comisión Nacional del Agua, con los Distritos de Riego en manos de usuarios, se buscó una forma de control y dieron vida a la ANUR –Asociación Nacional de Usuarios de Riego- en la que el Ing. Quintín Suarez Andujo mantiene un cacicazgo bajo la premisa vendida a los directivos de módulos, en el sentido de que: “si no es el, la Comisión –Nacional del Agua- nos quitara los apoyos” y luego se apela a la relación de Suarez Andujo con los funcionarios, por los periodos que tiene al frente de la ANUR.
En el pasado proceso de renovación de la directiva de la ANUR, se satanizó, hasta el cansancio, al único candidato opositor, quien con toda razón aludió la ausencia de resultados en la gestoría de Quintín, tomando en cuenta que cuanto llegó al cargo por primera vez, el gobierno federal destinaba 18 mil millones de pesos para infraestructura y para este 2018 solo se consideraban 2 mil millones.
A menos de tres meses de que directivos e integrantes de la ANUR aplaudieron a rabiar la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en una asamblea Ad hoc, agradeciéndole los apoyos, incluyendo su ofrecimiento cuando en el valle de Mexicali inauguro el “Monumento a la Corrupción”, el canal “4 de Abril”, hubo propuestas de tomar las oficinas de la Conagua en todo el país, por el incumplimiento económico del gobierno federal.
Además del incumplimiento, empresarios de la construcción afirman los moches o comisión exigida, no solicitada, por funcionarios involucrados en licitaciones y contratos a pagar con 18 millones de dólares, recursos provenientes de la Comisión Internacional de Límites y Agua, en cumplimiento al Acta 319, son exorbitantes y ello es en detrimento de la calidad de la obra.
Lo anterior, similar a lo ocurrido en la construcción del canal “4 de Abril”, convertido en “Monumento a la Corrupción” por los vicios solapados por los funcionarios y técnicos encargados de la supervisión.
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