Por Juan Carlos Domínguez
Fotos: Enrique Botello
La Secretaría de Fomento Agropecuario obliga a agricultores y ejidatarios de Ojos Negros y Valle de la Trinidad, que hace casi dos años recibieron un apoyo económico, a devolver parte de los recursos otorgados. La razón: por error se les entregó dinero de más
Cuando ejidatarios del sur de Ensenada recibieron apoyo económico por parte de autoridades de agricultura para afrontar un mal año de cosecha, no cabían de contentos, pues era la primera vez que eso ocurría. Pero pronto se les borró el gozo, porque a las pocas semanas, las mismas instancias los buscaron para que devolvieran el dinero.
La explicación que les dieron es que hubo un error y les habían entregado de más, que no había opción: habrían de regresar lo que no les correspondía y “disculpe usted”.
Mientras Manuel Valladolid Seamanduras, secretario de Fomento Agropecuario del Estado, atribuye el hecho a “un factor en la fórmula que no estaba correcto”, José Alberto Godínez Plascencia, director de Planeación Sectorial de la misma secretaría, da más vueltas y dice que “por mucha informática o computación que haya, ningún sistema es 100 por ciento infalible, combinado también con la vulnerabilidad de todos los humanos”.
Sea como sea, los agricultores y ejidatarios de Ojos Negros y Valle de la Trinidad que hace casi dos años recibieron un apoyo económico por parte de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado (Sefoa) están siendo obligados, por esta misma dependencia, a devolver parte de los recursos que les fueron otorgados.
La razón, insisten Seamanduras y Godínez, es que por error se les entregó dinero de más, así que todos los campesinos beneficiados con estos recursos deben devolver el excedente.
Juan Francisco Cabrera Ceballos, agricultor del Ejido El Mezquite en la delegación Ojos Negros de este municipio, es uno de los afectados y, al parecer, de los pocos que reparó. Manifiesta estar sorprendido que ahora, mucho tiempo después de haber recibido el dinero, se les esté presionando para que devuelvan parte de los recursos que en su momento les fueron entregados.
“No le encuentro ni pies ni cabeza a ello, se me hace algo muy raro, muy empañado, no le encuentro claridad. Dicen que es un error que tuvieron a la hora de hacer los cheques y que no es la cantidad que nos correspondía, que es menos lo que nos toca”, explica.
A Juan Francisco Cabrera Ceballos le resulta difícil explicarse cómo es que las autoridades encargadas de entregar los apoyos se puedan equivocar de esta forma y, peor aún, que traten de corregir su equivocación ya tan tarde: “A mí me han estado hablando por teléfono y me están notificando, me están hostigando”.
Para tratar de comprender qué es lo que estaba sucediendo, acudió a la oficina de la Sefoa en Ensenada, donde una persona de nombre Iván y cuyo apellido no recuerda, le planteó que era importante pagar ese dinero porque, de lo contrario, se le iban a estar acumulando recargos.
Así que primero les dan el apoyo, lamenta Cabrera Ceballos, y luego se los quieren quitar diciéndoles: “¿Sabes qué? Si no nos lo pagan, van a tener problemas para sacar licencia, para sacar placas”. En otras palabras, los van a tener marcados.
Agrega Cabrera Ceballos: “A mí me dicen que en diez meses les pague… ¡pero en diez meses! Mi esposa también está en el programa y nos dan diez meses. Y en esos diez meses pues tendríamos que pagar alrededor de 3 mil 500 pesos mensuales y, pues, ¿de dónde?”.
Es de humanos errar
Por lo que le han comentado a Juan Francisco Cabrera Ceballos, hay ejidatarios y agricultores de otros municipios que están siendo afectados por la misma situación.
Manuel Valladolid Seamanduras, titular de la Sefoa, sostiene que los recursos entregados a ejidatarios como Cabrera Ceballos son parte de un seguro ante catástrofes naturales que protege a los campesinos que siembran por temporal.
Se trata de un programa nacional creado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y que en el caso de Baja California, es coordinado por la Sefoa, a través de un acuerdo con dicha instancia federal.
“Es un apoyo para los que siembran granos para corral, quienes están a expensas de si llueve o no llueve. No llovió el año antepasado y ejercimos una póliza de seguro donde, en la primera revisión, el cálculo se hizo mal, entonces vamos a decir que ‘a ti te tocaban 35 mil pesos en el primer cálculo, se te dio el cheque, al correr de nuevo los números, en coordinación con Sagarpa México, se detectó que había un factor en la fórmula que no estaba correcto’. ¡Es un factor!”.
Y ese factor, según las cuentas presentadas, hizo que se pagaran en total, erróneamente, un total de 700 mil pesos a los ejidatarios y agricultores afectados por la sequía en el período 2015-2016, cantidad de la cual han recuperado ya más de 400 mil pesos de todo el universo de beneficiarios en la entidad, luego que se les solicitara, -“de la manera más atenta”- devolver el dinero que se les había dado de más.
Aunque es más extensa la explicación que da José Alberto Godínez Plascencia, director de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública de la Sefoa, es también rebuscada: “Tenemos un programa, en concurrencia con la Sagarpa, que es el Programa de Seguro Catastrófico para productores pequeños, de temporal y que no entran o no son sujetos de apoyo con los seguros comerciales. Con este seguro se apoya en caso de siniestros, de sequías, de vientos, de inundaciones, granizos, heladas y, como en este caso, en 2015 hubo sequía en el sur de Ensenada y procedimos a reclamar el pago del seguro”.
Precisa el funcionario estatal que el asegurado es el Gobierno del Estado, no los agricultores directamente, por lo que una vez que la Sagarpa otorgó el recurso solicitado, la Sefoa, en coordinación con la delegación estatal de la citada dependencia federal, empezó a buscar a productores que cumplieran con el perfil que marcan las reglas de operación del programa.
Los requisitos son que se trate de productores que posean veinte hectáreas o menos, a quienes se les entregará mil 500 pesos por hectárea, sin pasar, claro está, de veinte hectáreas por productor o productora.
A aquellos campesinos que se vieron afectados por la sequía y que cumplían con los criterios señalados, se les entregó un cheque. Pero, como aclara Godínez Plascencia, “en el proceso de cálculo y estimación se cometió precisamente un error. Un error donde a algunos productores se les asignó más allá de lo que tienen autorizado según el número de hectáreas que les corresponde, y a algunos productores se les dio de menos”.
Ante ello, a los productores que se les dio de menos, se les compensó con el faltante de lo que tenían derecho a recibir. Por el contrario, a los productores que se les dio en “demasía”, se les notificó que se había cometido un error y que, por lo tanto, se les solicitaba, “de favor y por escrito”, la devolución de esa “demasía”.
Los beneficiados, ahora convertidos en víctimas, no aceptan los argumentos que, consideran, encubren las torpezas de algunos servidores públicos. Por lo menos dos cosas les intrigan. Primero, en el sentido de que es culpa de un factor en la fórmula empleada para calcular los montos, y en segundo, lo que respondió Godínez a ZETA, que no son los únicos ni los últimos que están propensos y vulnerables a cometer errores.
“Sí, es un sistema y por mucha informática o computación que haya entrado, ningún sistema es cien por ciento infalible, combinado también con la vulnerabilidad de todos los humanos, por muy eficaces que sea el sistema, también estamos susceptibles a cometer errores como funcionarios o como trabajadores. Todos en nuestros respectivos trabajos también estamos susceptibles a eso. Por eso la Ley sabe de eso, los legisladores, y pusieron un artículo”, argumentó.
No hay de otra
Es importante decirlo. La Ley a la que alude el funcionario es en realidad una reglamentación del programa que permitió otorgar estos recursos, pero tal reglamentación no fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, según el funcionario de Sefoa, sino hasta el 28 de diciembre de 2016, es decir, varios meses después que los productores recibieran los cheques. Dicho reglamento apunta en uno de sus apartados:
“En su caso, devolver en un plazo no mayor a diez días hábiles los depósitos bancarios derivados del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría, efectuados por error en la cuenta del beneficiario, así como los que no les correspondan o los que excedan el apoyo al que tiene derecho? una vez notificado por escrito por Unidad Responsable y/o Instancias Ejecutoras”.
El número de personas beneficiadas con estos recursos fue de más de 170, pero solo se les entregó en demasía -término legal empleado por la dependencia- a 74 pequeños productores. De entre ellos, la mayoría ha devuelto ya esta “demasía”, de acuerdo con el director de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inversión Pública de la Sefoa.
“Unos han estado ya liquidando sus cuentas con abonos mensuales, o sea, nos ajustamos a sus posibilidades de regresar la demasía”, más, afirma, “como de todo hay en la viña del Señor, hay unos que se negaron a regresar la demasía y es precisamente con estos últimos que hemos estado notificando. Ahora en agosto hicimos una tercera notificación, pero ya acompañados, como lo marca la regla, con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, donde ya no fue un servidor, sino fue un notificador quien tuvo la facultad de hacer la notificación acorde”.
Y mientras el titular de la Sefoa asegura, más de dos años después, que se puede fincar responsabilidad a los servidores públicos involucrados, sin que a la fecha se sepa de sanción alguna, el agricultor Juan Francisco Cabrera Ceballos entiende que cualquiera puede cometer errores, pero pide a las autoridades comprender que el campo pasa por una situación muy difícil.
Cabrera Ceballos es uno de los alrededor de cinco ejidatarios de la zona de Ojos Negros que fueron beneficiados con el programa, se dedica principalmente al cultivo de avena y cebada. Además del “sospechosismo” que dice le provocó que la Sefoa los buscó para apoyarlos precisamente en tiempos electorales, ahora le castra que de aproximadamente 20 mil pesos que “le tocaron”, se lo quieran reducir a 9 mil.
“Si nos están dando un apoyo, pues nos lo gastamos porque tenemos demasiadas cargas encima y para eso era, para gastarlo, nunca nos dijeron ‘guárdenlo unos días más’. Si nos hubieran dicho eso, pues otra cosas hubiera sucedido”.
Les parece injusto que ahora los presionen, los hostiguen y los amenacen con cobrarles intereses o no les permitan después renovar sus licencias de manejo o placas para sus vehículos: “Eso nos causa un pesar muy fuerte…”.
Publicado por semanario Zeta Lunes, 25 Septiembre, 2017
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