Entre Los Surcos…

Fuego amigo y omisiones

Las manifestaciones y protestas de los productores del sector primario no son nuevas en el valle de Mexicali y es el mismo gobierno del estado el que las ha venido alentando con apoyos a promotores de la inconformidad, a partir de aquel movimiento hablemos con la verdad, o “hablemos con la neta”, como le llamaron los propios campesinos.

Desde entonces a la fecha, los titulares de Fomento Agropecuario, con autorización, o a espaldas de los gobernadores han logrado despresurizar los movimientos como los encabezados por Rogelio Ayala Camacho,  Rutilo Lorenzo Mendoza Ramirez, Manuel Aguilar, Adrian Romero Terrazas, Francisco Javier Quintero Lugo, Francisco Porras Medrano, Benjamín Castillo Valdez, para solo mencionar algunos. 

Los gobiernos de Acción Nacional, con recursos del erario promovieron, entre algunas cabezas de los movimientos, la creación de centros de acopio -18 si la memoria no falla-, la mayoría de ellos quebrados por malas administraciones, o por la corrupción de origen con la participación de funcionarios de Fomento Agropecuario o de administradores de fondos estatales en las sociedades  propiedad de los centros de acopio.

Adicionalmente se ha beneficiado a negociadores de promociones como la entrega de recursos para la compra maquinaria usada que vendieron su propio equipo entregando facturas, o apócrifas o de empresas que se prestaron a emitir esos documentos, seguramente como pago a servicios o por complicidad con funcionarios corruptos.

Manejados con extrema confidencialidad ha sido la asignación y entrega de apoyos, aduciendo que no pueden dar a conocer los nombres ni los montos de los beneficiarios por cuestiones de seguridad.

Sin embargo, dentro de esa confidencialidad hay versiones de que algunos agricultores y ganaderos, mediante el registro de varios predios o potreros y de la utilización de nombres distintos, para los mismos predios, han acumulado importantes sumas bajo el disimulo de los funcionarios, o por actos de corrupción.

Sobre los apoyos para la creación de los centros de acopio, la mayoría quebrados, o la entrega de créditos a través del FOGABAC a participantes en estos movimientos, por parte del gobierno de Baja California, a manera de soborno, Manuel Valladolid Seamanduras, titular de Fomento Agropecuario, negó que ello haya sucedido en la administración del gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.

Cabe mencionar que el FOGABAC es un organismo paraestatal creado para “apoyar principalmente a aquellos productores que no cuenten con los elementos técnicos y económicos, para el desarrollo de sus actividades”.   

De siempre, los titulares de Fomento Agropecuario se han resistido a que se haga una revisión o auditoria a ese organismo, probablemente porque de hacerlo saldrían a flotes los nombres de los deudores, los montos, el origen de los saldos y las veces que los han renegociado.

Si Valladolid Semanduras asegura que en su gestión como secretario no se han otorgados apoyos de ese tipo, seguramente que, como lo hicieron sus homólogos anteriores con los gobernadores, le podrían estar ocultando los créditos para siembras de sorgo, lo cual resultaría muy grave para el titular de Fomento Agropecuario, por falta de control.

Otra cosa que llama la atención es que FOGABAC está identificado como un organismo en quiebra, precisamente porque no ha logrado recuperar los préstamos realizados a favor de algunos promotores de movimientos, bloqueos y protestas, de buenas a primeras, el titular de la Secretaría se Pesca utilice la estructura administrativa para la dispersión de créditos y apoyos.

Otra situación cuestionable es que los servicios de la Secretaría de Fomento Agropecuario al campo hayan disminuido en forma extrema debido a las limitaciones presupuestales que impide la asignación de combustible a las unidades de los pocos técnicos que le quedan.

Por otra parte, si bien el asunto del agua es de la federación, si los funcionarios del organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua en la península de Baja California, son ineptos o corruptos, afectan el desarrollo económico al dañar las actividades productivas, por lo tanto generan pérdidas al estado, por lo cual el gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid debería de hacer un planteamiento serio, sino al presidente de la república, si al titular de la Semarnat o al director de Conagua.

Y es que los problemas relacionados con el agua no son atendidos con eficiencia por ninguno de los funcionarios del organismo de cuenca, no existe la rectoría en el manejo del agua, día a día generan dudas que provocan incertidumbre entre los usuarios, propiciando condiciones para corrupción en los módulos de riego y en la S. de R.L. 

Lamentablemente los organismos de control de la Comisión Nacional del Agua han sido omisos a las denuncias de empresarios de la construcción y de agrupaciones camarales como la CMIC, de los campesinos usuarios del agua que han señalado una serie de fallas y prácticas corruptas de funcionarios como Eduardo “El Pochongo” Ledesma Romo, o los negocios de la dupla Lic. Noe Rivera Domínguez Aguilar y Lic. Oscar Soto Brito, de todos conocidos dentro de la dependencia ahora a cargo de José Alejandro Cervantes Beltrán, a quien consideran un apaga fuego para cubrir a su antecesor.

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