Derecho a delinquir
Por el desorden, la violencia y los actos delincuenciales, que están ocurriendo en varios estados del sureste del país, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto da la impresión de estar solapando a los delincuentes que, en suma son muy pocos, pero afectan el derecho de muchos ciudadanos pacíficos y trabajadores.
El hartazgo de los ciudadanos de bien está llegando a su límite y esto podría generar un conflicto de graves consecuencias, al margen de las observaciones de los organismos de los derechos humanos, tanto nacional como internacionales.
La omisión del gobierno federal en su conjunto -ejecutivo, judicial, legislativo y fuerzas armadas- es observada por la ciudadanía de todo el país, estando la gran mayoría con “el Jesus en la boca”, rogando que el apoderamiento de las vías de comunicacion, obstaculización de actividades comerciales, empresariales, educativas y hasta bancarias, no alcances a sus entidades o regionales.
Los ruegos y las encomiendas a Dios parecen tener la mayor confianza de los ciudadanos que ven la apatía, la complicad o la sumisión de las autoridades frente a los daños generados a la nación y a los particulares.
Todos los funcionarios federales y estatales conocen el problema, pero todos le sacan la vuelta, lo rodean: por ejemplo José Antonio Meade Kuribreña, titular de SEDESOL habla de prosperidad y de combate a la pobreza, pero alude la necesidad de “un entorno estable”, como volviendo los ojos a la delincuencia, cuando el gobierno tiene la obligacion de generar condiciones para proporcionar a la poblacion ese “entorno estable”.
En las mesas de negociacion de la CNTE con gobernación no se han logrado avances, solo acuerdos para volverse a reunir, pero manteniendo, los que exigen soluciones a sus demandas, el desorden, el saqueo y la afectación de particulares.
No hay avances porque los multiples representantes de la CNTE llevan consignas, propuestas o criterios divergentes, lo que somplica, mas bien impide que se puedan tener acuerdos, toda vez que cada quien jala pa´ su Santo.
Hasta cuando la autoridad seguirá incumpliendo con su obligacion de mantener un estado de derecho, de garantizar a los ciudadanos el libre transito por el terriotiro nacional, así como la salvaguarda de sus bienes, de sus derechos. frente a los delincuentes y los organismoos de los derechos humanos, a los que tanto miedo les tienen los funcionarios.
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