En la imagen, un jimador del municipio de Arandas, Jalisco, durante una jornada de trabajo. Foto Arturo Campos Cedillo
Por Guadalupe Villalobos Guerrero

La soberanía alimentaria no se construye con discursos triunfalistas ni publicaciones de color rosa. Se construye con rentabilidad, financiamiento, mercados y certidumbre para quienes trabajan la tierra.
No sé si será cuestión de la edad o si con los años uno se vuelve más crítico y menos tolerante frente a determinadas situaciones. A lo mejor es mi percepción, pero cada vez me cuesta más trabajo encontrar motivos para ser optimista cuando observo las condiciones en las que se encuentra buena parte del campo mexicano.
Veo un sector con serios problemas de rentabilidad, con dificultades para acceder al financiamiento, con costos de producción que no dejan de presionar y con una política de apoyos que parece tener mayor orientación hacia el componente social que hacia el fortalecimiento de las unidades productivas y su viabilidad comercial.
Sin embargo, cuando reviso las publicaciones oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), particularmente las de su titular, la ingeniera Columba López, pareciera que estamos hablando de un campo mexicano que marcha viento en popa. Los mensajes son de cumplimiento, de apoyos oportunos, de resultados históricos y de grandes avances hacia la soberanía alimentaria.
Y aquí es donde surge la pregunta: ¿estamos hablando del mismo campo?
La secretaria Columba López acaba de regresar de China y, de acuerdo con sus publicaciones, viene entusiasmada por las oportunidades de desarrollo y productividad que se abren para México. Destaca los aprendizajes en innovación, ciencia y tecnología, así como las posibilidades de cooperación para construir sistemas agrícolas más eficientes, sostenibles y amigables con el medio ambiente.
Nadie podría cuestionar la importancia de conocer los avances tecnológicos de otras naciones, establecer relaciones comerciales y buscar nuevos mercados para nuestros productos. China representa una oportunidad que México no debería desaprovechar.
Pero sería interesante conocer cuáles son los compromisos concretos que se obtuvieron durante esa visita y, sobre todo, cómo se traducirán en beneficios para los productores mexicanos.
¿Ya tenemos alguna respuesta sobre el sorgo enviado por Sinaloa y las posibilidades de participar en el mercado chino, que espera adquirir más de un millón 200 mil toneladas? ¿Se avanzó en los protocolos sanitarios para exportar carne de cerdo, carne de res y hortalizas? ¿Habrá oportunidades para productos como los dátiles mexicanos?
Ojalá que sí. Serían excelentes noticias para el sector agropecuario. Pero entre conocer oportunidades, establecer acuerdos y concretar operaciones comerciales existe una distancia que no debemos ignorar.
También llama la atención el entusiasmo con el que se habla de la agroecología como la base de la producción del futuro, de la transición de monocultivos hacia sistemas diversificados y de la incorporación de tecnología para reducir costos y generar valor agregado.
Son planteamientos que merecen atención y análisis. Sin embargo, hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿cómo le pedimos al productor que transforme sus sistemas productivos, invierta en tecnología y adopte nuevos modelos de producción cuando en muchos casos ni siquiera tiene asegurada la rentabilidad de su siguiente ciclo agrícola?
La transición productiva necesita acompañamiento técnico, financiamiento, investigación, infraestructura y, sobre todo, mercados. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir buenas ideas en nuevas obligaciones para quienes ya enfrentan demasiadas dificultades.
El problema es que mientras el discurso oficial habla de transformación, en el campo se habla de sobrevivencia.
La Secretaría de Agricultura también presume que se destinaron 4 mil 520 millones de pesos mediante el programa Comercio Justo, en beneficio de más de 40 mil familias productoras de maíz blanco, arroz y trigo en 19 estados. Asimismo, informa que los incentivos fueron entregados en tiempo récord y que se cumplió con los compromisos establecidos.
Son recursos importantes y sería injusto desconocer que representan un apoyo para quienes los reciben. Pero una cosa es cumplir con la dispersión de un incentivo y otra muy distinta resolver el problema económico de los productores.
Quienes han salido a manifestarse, bloqueando carreteras y oficinas federales en diferentes regiones del país, no lo hacen porque desconozcan las publicaciones de la Secretaría. Lo hacen porque sus cuentas no cuadran, porque los apoyos no siempre llegan completos, porque los tiempos de entrega no corresponden con sus necesidades y porque, aun cuando reciben algún incentivo, este no alcanza para compensar las pérdidas que enfrentaron durante la cosecha.
El productor no necesita que le expliquen que el apoyo ya fue entregado; necesita que le expliquen cómo va a recuperar la inversión que realizó, cómo va a pagar sus créditos y cómo podrá volver a sembrar.
Y aquí hay otro asunto que merece mayor atención: el Gobierno no puede desentenderse de la comercialización de las cosechas.
No se trata de que el Estado determine todos los precios ni de regresar a esquemas que ya demostraron sus limitaciones. Se trata de que exista una verdadera gestión institucional para construir condiciones de negociación más equilibradas entre productores e industriales.
No es aceptable que el agricultor asuma prácticamente todos los riesgos: compra los insumos, contrata el financiamiento, paga el agua, enfrenta las condiciones climáticas, cosecha y finalmente tiene que salir a buscar quién le compre su producción y bajo qué condiciones.
Mientras tanto, la industria tiene capacidad de negociación, información de mercados y alternativas de abastecimiento que muchas veces colocan al productor en una posición de desventaja.
Necesitamos un negocio justo, donde la rentabilidad no sea privilegio de un solo eslabón de la cadena productiva.
Por eso preocupa que cuando se habla de fortalecer el campo mexicano, se haga tanto énfasis en los montos presupuestales destinados a programas y apoyos, pero se hable mucho menos de los mecanismos para garantizar la rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias.
El campo necesita apoyos, sí, pero también necesita crédito oportuno y accesible, seguros, coberturas, investigación, infraestructura hidráulica, tecnología y asistencia técnica. Necesita insumos de calidad, no solamente paquetes diseñados para cumplir con las reglas de operación. Necesita políticas de comercialización que permitan colocar sus cosechas a precios que reconozcan los costos y riesgos de producir.
Y necesita algo que parece estar ausente en muchas decisiones gubernamentales: una visión de largo plazo.
La soberanía alimentaria no consiste solamente en producir más alimentos o entregar apoyos a quienes los producen. También significa contar con un sector agropecuario económicamente fuerte, capaz de invertir, modernizarse, generar empleos y competir en los mercados nacionales e internacionales.
Porque si el productor deja de sembrar por falta de rentabilidad, si pierde su patrimonio para cubrir los costos de producción o si no encuentra financiamiento para iniciar un nuevo ciclo, difícilmente podremos hablar de soberanía alimentaria.
No sé si mi visión del campo mexicano sea demasiado pesimista. Ojalá que la realidad termine por demostrarme que estoy equivocado. Pero creo que en estos momentos el mayor favor que puede hacerle el Gobierno al sector agropecuario es dejar de presentar una realidad de color rosa y comenzar por reconocer la dimensión de sus problemas.
Secretaria Columba López, los viajes, los intercambios tecnológicos y las oportunidades comerciales con otros países son importantes. Las publicaciones institucionales también tienen su lugar. Pero el verdadero reconocimiento al trabajo de la Secretaría no vendrá de la cantidad de mensajes que anuncien éxitos, sino de los resultados que puedan comprobarse en las parcelas, en los establos, en las cuentas de los productores y en la rentabilidad de sus actividades.
Al campo mexicano no le faltan discursos de buenas intenciones. Le hacen falta respuestas, soluciones y condiciones para seguir produciendo.
Porque, al final, la soberanía alimentaria no se presume: se construye. Y se construye con productores que puedan vivir dignamente de su trabajo, no con productores que tengan que salir a las carreteras, tomando edificios o andar en reuniones gritando para pedir que los dejen seguir siendo productores.

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