¿Una sola nacionalidad garantiza una sola lealtad?

Por Guadalupe Villalobos Guerrero 

Hay decisiones legislativas que merecen algo más que una votación mayoritaria: merecen una pregunta sencilla.

¿Realmente tener una sola nacionalidad garantiza que quien llegue a la Presidencia de la República o a una gubernatura tendrá una sola lealtad?

Esta pregunta viene a propósito de la reforma constitucional en materia de nacionalidad única que acaba de aprobar el Senado de la República y que fue enviada a los congresos estatales para continuar con el proceso constitucional. La reforma plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan tener otra nacionalidad.

La propuesta parte de una preocupación que, en principio, podemos entender: garantizar que quien encabece el Poder Ejecutivo Federal o un gobierno estatal tenga como único vínculo de nacionalidad a México.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que la intención es evitar posibles injerencias extranjeras y que, para ocupar esos cargos, debe quedar claro que la nacionalidad sea exclusivamente mexicana.

Incluso durante la discusión parlamentaria se ha planteado que el objetivo es establecer condiciones excepcionales para quienes aspiren a esos cargos, sin eliminar los derechos de las personas con doble nacionalidad.

Hasta aquí, el argumento parece sencillo.

Pero yo me pregunto:

¿La nacionalidad de una persona determina necesariamente su lealtad?

Yo tengo mis dudas.

Una persona puede tener un solo pasaporte y, sin embargo, tomar decisiones contrarias al interés nacional.

Y, por el contrario, una persona puede tener dos nacionalidades y tener un profundo compromiso con México.

La lealtad no viene impresa en un pasaporte.

Se demuestra con los actos.

Ese es, para mí, el punto central de esta discusión.

¿Dos nacionalidades 

significan dos lealtades?

Supongamos que un mexicano nacido en nuestro país emigra a Estados Unidos, trabaja durante 20 o 30 años allá, adquiere la ciudadanía estadounidense y conserva su nacionalidad mexicana.

¿Deja por eso de ser mexicano?

No.

México reconoce la doble nacionalidad. Y esa realidad no es pequeña.

Millones de mexicanos han emigrado, particularmente hacia Estados Unidos. Muchos tienen hoy una vida transnacional: trabajan en un país, tienen familia en otro, poseen propiedades de ambos lados de la frontera y mantienen vínculos económicos, sociales y culturales con México.

Y esto es particularmente visible en los estados del norte.

En Baja California lo conocemos perfectamente.

Hay personas que viven en Mexicali y trabajan en Calexico.

Familias que viven en Tijuana y trabajan en San Diego.

Personas que nacieron en México, estudiaron una parte de su vida en Estados Unidos, regresaron a México y mantienen vínculos laborales o familiares con ambos países.

Y están también los hijos de esas familias, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos.

¿Debemos asumir que por tener otra nacionalidad tienen automáticamente otra lealtad?

Me parece que esa conclusión necesita algo más que una suposición.

El argumento de la 

injerencia extranjera

Aquí aparece el argumento más fuerte de quienes respaldan la reforma.

La presidenta ha señalado que México ha enfrentado intentos de injerencia extranjera y que quienes gobiernen deben anteponer los intereses nacionales.

Ese objetivo puede entenderse.

Pero la pregunta es si la nacionalidad única realmente resuelve el problema.

Porque imaginemos un escenario diferente.

Un presidente mexicano nacido en México, con una sola nacionalidad mexicana, podría recibir presiones de gobiernos extranjeros, de empresas internacionales, de grupos económicos o incluso de organizaciones criminales.

Tener un solo pasaporte no lo haría inmune a esas presiones.

De la misma manera, un mexicano con doble nacionalidad podría ejercer el cargo defendiendo los intereses de México.

Por eso, si el problema que queremos resolver es la posible subordinación de un gobernante a intereses extranjeros, quizá la discusión debería concentrarse también en cómo prevenir, detectar y sancionar esas conductas, independientemente de cuántas nacionalidades tenga una persona.

Porque una cosa es la nacionalidad.

Y otra muy distinta es la conducta.

¿Y qué hacemos con los mexicanos que viven en Estados Unidos?

Aquí hay otro elemento que me parece indispensable.

México ha construido durante décadas una relación muy estrecha con sus comunidades migrantes.

Actualmente, el INE registra alrededor de 1.68 millones de mexicanos en el Padrón Electoral del extranjero, mientras que cerca de 794 mil aparecen en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero, con corte al 17 de septiembre de 2026.

Y en las elecciones de 2024, más de 184 mil mexicanos residentes en el extranjero emitieron su voto.

Es decir, México reconoce que los mexicanos que viven fuera del territorio nacional siguen formando parte de nuestra comunidad política.

Incluso un mexicano que posee ciudadanía estadounidense puede conservar su nacionalidad mexicana y participar electoralmente en México cumpliendo los requisitos correspondientes.

Entonces surge una pregunta legítima:

Si confiamos en ellos para votar, ¿por qué deberíamos suponer que no podemos confiar en ellos para gobernar?

No estoy diciendo que necesariamente debamos permitirlo o prohibirlo.

Estoy diciendo que el argumento debe ser consistente.

Si una persona con doble nacionalidad puede participar en la vida democrática de México, contribuir económicamente al país, enviar remesas, invertir, mantener propiedades, participar en organizaciones comunitarias y votar desde el extranjero, la discusión sobre su eventual acceso a una responsabilidad pública debería sustentarse en criterios claros.

¿Podría un mexicano votar pensando en favorecer a otro país?

También se ha planteado, explícita o implícitamente, una posibilidad:

que un mexicano con doble nacionalidad pudiera votar en México pensando en beneficiar al país donde también tiene ciudadanía.

Es una posibilidad teórica.

Pero llevar esa posibilidad hasta convertirla en una presunción general sería, en mi opinión, exagerado.

Porque entonces tendríamos que preguntar:

¿Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos votan pensando en favorecer a Estados Unidos?

¿Todos los mexicanos que tienen familiares en otro país tienen intereses contrarios a México?

¿Todos los ciudadanos con vínculos internacionales dejan de tener intereses mexicanos?

La realidad social es mucho más compleja.

Y aquí aparece otro asunto

México es un país profundamente diverso.

Tenemos mexicanos de origen español, francés, alemán, libanés, chino, japonés, estadounidense y de muchas otras comunidades.

Hay mexicanos nacidos en nuestro territorio cuyos padres o abuelos nacieron en otros países.

Y podemos plantear, exagerando deliberadamente el argumento:

¿Tener un padre o un abuelo extranjero significa que esa persona puede «arrodillarse» ante el país de origen de sus antepasados?

Evidentemente, no necesariamente.

La identidad nacional no se transmite mecánicamente por la sangre.

Se construye también con la historia personal, la educación, la cultura, las relaciones sociales y, sobre todo, con los actos.

Entonces, ¿qué debería preocuparnos?

A mí me parece que México tiene problemas mucho más urgentes.

La inseguridad, la desaparición de personas, el empleo, la salud, la educación, el crecimiento económico, la infraestructura, el agua, la situación del campo, la generación de oportunidades para los jóvenes, Y, por supuesto, la defensa de la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

Por eso la pregunta no debería ser únicamente:

¿Tiene otra nacionalidad quien quiere gobernar México?

También deberíamos preguntar:

¿Qué ha hecho esa persona por México?

¿Dónde están sus intereses económicos?

¿Qué conflictos de interés tiene?

¿Qué relaciones mantiene con gobiernos extranjeros?

¿Qué información sensible podría manejar?

¿Cómo se investigaría una posible injerencia extranjera?

¿Qué sanciones existirían si un gobernante actuara contra el interés nacional?

Ahí está, creo yo, el verdadero debate.

Porque si queremos proteger a México de intereses extranjeros, necesitamos instituciones capaces de detectar y sancionar la subordinación a intereses externos.

No solamente revisar cuántos pasaportes tiene una persona.

En el norte de México sabemos perfectamente que la frontera no divide completamente nuestras vidas.

La frontera separa territorios, pero no necesariamente familias.

Hay miles de mexicanos que todos los días cruzan para trabajar, estudiar, comerciar o visitar a sus familiares.

Y hay generaciones enteras de familias binacionales.

Por eso esta reforma merece ser discutida con mucho cuidado.

No se trata de negar la importancia de la soberanía nacional.

Al contrario.

Precisamente porque la soberanía es importante, debemos preguntarnos si el instrumento que estamos aprobando realmente resuelve el problema que pretende resolver.

Porque yo no creo que la lealtad a México pueda medirse exclusivamente por el número de nacionalidades que tiene una persona.

Un pasaporte acredita una nacionalidad. Los actos acreditan la lealtad.

Y si de verdad queremos garantizar que quien gobierne México defienda los intereses de México, quizá deberíamos preocuparnos menos por el número de pasaportes que guarda en un cajón y mucho más por lo que hace cuando tiene el poder en sus manos.

Porque al final, la historia nos ha demostrado que para traicionar los intereses de un país nunca ha sido necesario tener dos nacionalidades.

Y tampoco hace falta tener un segundo pasaporte para arrodillarse ante intereses que no son los de México.