Por Guadalupe Villalobos Guerrero
Durante años, en Baja California hemos escuchado el mismo discurso: el algodón consume mucha agua, la alfalfa consume demasiada agua y el trigo también. La conclusión que suele presentarse es sencilla: hay que cambiar de cultivos.
A primera vista parece una decisión lógica. Si el agua es escasa, habría que sembrar aquello que menos consuma. Sin embargo, cuando observamos lo que ocurre al otro lado de la frontera, encontramos una realidad muy distinta.
Texas continúa siendo el principal productor de algodón de los Estados Unidos, aun cuando buena parte de sus tierras dependen de lluvias cada vez más irregulares.
El Valle Imperial mantiene una de las mayores superficies de alfalfa del mundo utilizando agua del río Colorado. Kansas sigue sembrando trigo. Arkansas continúa produciendo arroz. Nebraska conserva enormes extensiones de maíz.
Todos ellos son cultivos que requieren importantes volúmenes de agua.
La pregunta entonces es inevitable: si el problema es únicamente el consumo de agua, ¿por qué Estados Unidos no ha dejado de producirlos?
La respuesta nos obliga a comprender una diferencia fundamental entre la política agrícola estadounidense y la mexicana.
Estados Unidos no diseña su política agropecuaria pensando exclusivamente en el agua. La diseña pensando en la seguridad nacional.
Para el gobierno estadounidense, producir alimentos y fibras estratégicas significa conservar la capacidad del país para alimentar a su población, sostener su industria pecuaria, abastecer su industria textil, mantener millones de empleos rurales y preservar su liderazgo en los mercados internacionales. El agua es un factor importante, pero no es el único ni necesariamente el decisivo.
Por ello, cuando enfrentan sequías, la respuesta no consiste en abandonar los cultivos tradicionales. La estrategia consiste en invertir en tecnología, semillas mejoradas, agricultura de precisión, modernización del riego, investigación, seguros agrícolas y programas de administración del riesgo.
En otras palabras, buscan producir más con menos agua.
En México, con demasiada frecuencia, la discusión toma un camino distinto.
En lugar de preguntarnos cómo hacer más eficiente el uso del agua, la pregunta suele ser qué cultivo debemos dejar de sembrar.
Es una diferencia de visión.
Mientras unos buscan conservar su capacidad productiva, nosotros discutimos cómo reducirla.
No se trata de negar la realidad hídrica. Sería irresponsable hacerlo. La cuenca del río Colorado enfrenta una presión histórica y todos debemos participar en un uso más eficiente del recurso. Pero eficiencia no significa renunciar a producir.
Significa producir mejor.
Lo verdaderamente preocupante es que el campo mexicano ha dejado de ocupar el lugar estratégico que tuvo durante décadas dentro de las prioridades nacionales.
Hubo un tiempo en que la agricultura representaba un enorme peso político. El llamado «voto verde» obligaba a los gobiernos a construir políticas públicas dirigidas al sector rural. No siempre fueron perfectas ni estuvieron libres de errores, pero existía el reconocimiento de que el campo era un actor económico y político de gran importancia.
HOY LA REALIDAD ES DISTINTA
Las políticas públicas han cambiado de orientación. Gran parte del presupuesto se ha concentrado en programas de carácter social dirigidos principalmente a pequeños productores, con el propósito de atender condiciones de bienestar y combate a la pobreza rural. Esa finalidad es legítima y necesaria. Sin embargo, al mismo tiempo se redujeron o desaparecieron numerosos instrumentos orientados a elevar la productividad, impulsar la innovación, fortalecer la comercialización y administrar los riesgos de quienes producen alimentos a escala comercial.
El resultado es un campo con menos herramientas para competir.
La diferencia con Estados Unidos vuelve a hacerse evidente.
Mientras allá los apoyos buscan mantener la capacidad productiva, la infraestructura agrícola y la competitividad internacional, en México la política pública ha perdido, en buena medida, el enfoque de largo plazo para fortalecer la producción.
No es casualidad que productores estadounidenses continúen sembrando algodón aun sabiendo que un año de sequía puede provocar pérdidas importantes. Existen seguros, programas de cobertura, mecanismos de protección de ingresos y una política de Estado que entiende que mantener vivo al productor es mantener viva toda la cadena agroalimentaria.
En México, en cambio, muchos productores enfrentan solos la volatilidad de los mercados, la incertidumbre climática y la reducción de apoyos productivos.
Quizá por eso la discusión pública termina concentrándose en el cultivo y no en la política.
No es el algodón el problema.
No es la alfalfa el problema.
No es el trigo el problema.
El verdadero debate debería centrarse en qué país queremos construir.
Uno que preserve su capacidad para producir alimentos, fibras y materias primas estratégicas mediante tecnología, innovación y uso eficiente del agua.
O uno que, poco a poco, vaya renunciando a esa capacidad mientras aumenta su dependencia de las importaciones.
Porque la soberanía alimentaria no consiste solamente en tener alimentos disponibles en los anaqueles.
La verdadera soberanía alimentaria comienza cuando una nación conserva la capacidad de producirlos por sí misma.
Y esa capacidad, como bien lo ha entendido Estados Unidos, no es únicamente una política agrícola.
Es una política de seguridad nacional.
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