Por Paulina Amozurrutia
En México hemos normalizado algo profundamente peligroso: que las decisiones educativas se tomen sobre las rodillas, sin planeación, sin evidencia y sin escuchar a quienes viven la educación todos los días. Lo ocurrido en los últimos días con los cambios y contradicciones alrededor del cierre del ciclo escolar no es una anécdota menor; es el reflejo de un sistema que sigue improvisando con el futuro de millones de niños y jóvenes.
No, no vamos a festejar al secretario por corregir una decisión errática después de la presión pública. Mucho menos cuando la decisión original fue tomada de manera unilateral, sin criterios claros, sin transparencia y sin la participación real de docentes, padres de familia, especialistas y comunidades escolares. Gobernar no es lanzar ocurrencias y después medir la reacción social. Gobernar implica responsabilidad, planeación y sustento técnico.
Las decisiones que afectan a 23.4 millones de estudiantes de educación básica no pueden depender del humor político del momento; deben basarse en evidencia pedagógica, criterios técnicos y en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, dentro de toda esta crisis hay un tema que sí debe quedarse sobre la mesa: la infraestructura escolar. Si una de las razones iniciales para modificar el calendario fueron las altas temperaturas, entonces el verdadero problema no era el calendario, sino las condiciones en las que estudian millones de alumnos en el país.
Tenemos escuelas sin ventilación, sin agua, sin electricidad estable y sin espacios adecuados para enfrentar fenómenos climáticos extremos. Ahí está el verdadero debate de fondo. Y no podemos permitir que quede únicamente en la conversación mediática de unos días. Tiene que convertirse en política pública, en prioridad presupuestal y en una evaluación nacional seria sobre el estado real de los planteles educativos.
Además, resulta gravísimo que nuevamente se pretenda gobernar fuera del marco institucional. La propia Ley General de Educación contempla mecanismos de participación social para que las decisiones educativas no dependan de una sola persona ni de ocurrencias centralizadas. Pero hoy más de 45 mil escuelas carecen de un Consejo Escolar de Participación Social activo. Eso significa miles de comunidades sin voz en decisiones que afectan directamente la vida escolar de sus hijos.
La lógica de la imposición no puede seguir siendo la forma de conducir la educación en México. Exigimos, sin titubeos, que se fortalezca el Consejo Nacional y los mecanismos de participación para que nunca más una decisión de esta magnitud se tome de espaldas a la comunidad educativa.
Porque hoy no hay nada que celebrar. Lo que hay es muchísimo que vigilar, exigir y corregir.
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