El juez empieza por su propia casa

Por Arturo Rodríguez García

Nuevo León respira mal. No es una percepción ni una exageración. La mala calidad del aire en la entidad está relacionada con al menos 2 mil 500 muertes prematuras cada año, especialmente por partículas finas (PM2.5) que penetran los pulmones y el sistema circulatorio. Ante tal situación, la administración de Samuel García y su secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, han demostrado, además de ineficacia, una profunda confusión en el diagnóstico y, por lo tanto, en las soluciones.

El primer error fue señalar culpables fáciles. Desde el arranque, el gobierno apostó por una narrativa cómoda: el tráfico vehicular y la mala calidad de la gasolina como los principales responsables de la contaminación. Sin negar que ambos factores influyen, el enfoque fue parcial y funcional para evadir decisiones incómodas. Se culpó al ciudadano que usa su auto, pero no se corrigió de fondo el modelo de movilidad; se habló de gasolina sucia, pero no se presionó con seriedad para cambiar estándares ni se compensó con un transporte público funcional y/o digno.

Después vino el giro. El mismo gobierno que apuntó primero a los autos, decidió encabezar una confrontación discursiva con ciertas industrias como las pedreras, vidrieras, empresas de la construcción, etc. De nuevo, el problema no es que se les fiscalice, sino que la política ambiental pareció improvisada, reactiva y más cercana al espectáculo que a una estrategia integral. Un día el enemigo era el tráfico; al siguiente, la industria.

En medio de esa confusión aparece la iniciativa estrella: los camiones “ecológicos”. Anunciados como símbolo de modernidad y compromiso ambiental, han sido más propaganda que solución. La entrega ha sido lenta, insuficiente y, sobre todo, irrelevante frente a la magnitud del problema. Un puñado de camiones nuevos no transforma un sistema de transporte colapsado ni reduce de manera significativa las emisiones cuando millones de personas siguen atrapadas entre rutas deficientes, tiempos de espera interminables y la necesidad de usar el automóvil.

La realidad es que nada ha funcionado. Nuevo León sigue figurando entre los estados con peor calidad del aire del país. Las contingencias continúan, las recomendaciones de “no salir” se repiten y la vida cotidiana se adapta a respirar contaminación como si fuera normal.

“El juez empieza por su propia casa”, dice el dicho. Y hoy aplica más que nunca. Antes de repartir culpas entre ciudadanos, industrias o factores externos, el gobierno de Samuel García debería reconocer que su diagnóstico ha sido errático y sus medidas insuficientes. Sin una estrategia seria, integral y sostenida —que ataque de frente a la industria contaminante, transforme de verdad la movilidad y deje de apostar por soluciones cosméticas—, Nuevo León seguirá respirando promesas, no aire limpio.