Entre Los Surcos…

Solo seis preguntas

Por César Villalobos López

Una pésima noticia para la ganadería de Baja California, que aun soñaba con lograr la acreditación como Estado exportador a Estados Unidos de becerros, fue la que se dio a conocer a través de una red social popular entre los ganaderos estatales, y no por las autoridades competentes, es decir SADER Federal y SADER Estatal, responsables de dar cuentas a los productores. 

Esto aparenta que se quiere ocultar la verdad y la gravedad de la situación, por lo tanto, es importante para esta columna exponer algunas precisiones y formular algunas preguntas. 

PREGUNTA UNO: ¿qué implicaciones se esperan sobre la resolución emitida por SENASICA el pasado diciembre de 2025 que, en donde, en carácter de presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP), solo dirigió a Gustavo Rodríguez Cabrales?

Es importante aclarar que el CEFPP se fundó en 1990 por iniciativa federal.  En aquel entonces, tiempo en donde se impulsó el federalismo, le daban más tareas a desarrollar a los productores, tal fue el caso, como ejemplo, el Distrito de Riego 014, para crear lo que se conoce como S. de R. L. cuyo propósito es administrar y ejecutar funciones que antes realizaba el Gobierno. 

Bajo este esquema se protocolizó un consejo directivo entre los representantes de la Unión Ganadera Regional de Baja California (UGRBC) acompañado de otros ganaderos representativos de aquellos tiempos encabezado por Ismael Yagues Ames, y 14 empresarios de la ganadería.

En 1996 ocupó el cargo como presidente del Comité el Ing. José González Esparza, miembro de los 14 ganaderos que iniciaron con esta organización, dos años más tarde, en 1998, durante una asamblea general de este organismo, se incorporó a la UGRBC y a las 26 Asociaciones Ganaderas Locales (AGL) de aquel entonces, en donde se nombró como nuevo presidente del Comité a Jorge Alberto Hirales Vargas.

En noviembre de 2013 cambió la presidencia del organismo, en donde se nombró a Gustavo Rodríguez Cabrales, quien el año siguiente, cambió los estatutos en donde como punto más importante de la reunión, se determinó los porcentajes de participaciones sociales, es decir, la UGRBC representó el 51% de participaciones y el 49 restante, se dividió entre las 26 AGL, es decir, 1.3% para cada una.

Este cambio se realizó con el desconocimiento total de los ganaderos bajacalifornianos, así como de los representantes de las AGL.  Sumado a este cambio, se agregó la desaparición de los 14 miembros fundadores que le dieron vida al Comité, sin ninguna explicación plasmada en el acta de la asamblea, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC).

El Comité no solo cambió el número de miembros, si no que le dio la mayoría a la UGRBC, integró algunos consejeros sin representación accionaria o por lo menos no la explicó en el acta y lo más grave; eliminó a los 14 miembros fundadores sin notificarlos, ni hacerlo público, además ocultó todo esto a las bases, es decir, a las AGL que forman la UGR, le da la representación mayoritaria del CEFPP. 

Desde su creación y hasta este 2026, es decir, más de 30 años, el Comité es el responsable de la aplicación de los recursos Federales, Estatales y de los productores, sin embargo, hoy fue sancionado por la autoridad federal representando por SENASICA, al retirarle la acreditación  como organismo operador, fundamentado por los malos manejos de los recursos, falta de cumplimientos de metas, no corregir observaciones en repetidas ocasiones y el incumplimiento general de todas las obligaciones que fueron firmadas para obtener el recurso.

La situación que guarda este organismo actualmente es que tiene que comprobar a la autoridad federal cómo gastó los recursos económicos durante el 2025, y si eso no es satisfactorio pudiera sufrir sanciones administrativas, tales como ser obligado a reintegrar los dineros, si fuera el caso.

PREGUNTA DOS: ¿quién se hará cargo de los empleados con los que cuenta el CEFPP? 

Son ocho los empleados que laboran en el Comité, incluido el gerente General Plenipotenciario, Gustavo Rodríguez Cabrales y su principal cómplice en los manejos turbios, la C.P. Verónica Escárcega Murillo, quienes, lógicamente buscarán autoliquidarse con el producto de las ventas de sus activos, o sea los vehículos y equipos de cómputo, adquiridos con recursos gubernamentales, alegando que primero son los trabajadores y luego regresarán a la federación los recursos remanentes.

Es sabido por todos durante muchos años cómo ese par de individuos han hecho infinidad de abusos de confianza tales como adquirir bienes no autorizados, pagarse gastos no propios para ejercer las metas sanitarias, modificar metas no cumplidas y crear otras al cambiar el uso de los recursos económicos para ellos, y lo más grave: regresar dineros a la federación por incumplimiento de metas. 

PREGUNTA TRES: ¿qué tanta responsabilidad se le puede atribuir al consejo de administración como son la tesorera Lic. Margarita Montes Gilbert o el secretario José Luis Nevares Bórquez? Eso solo hay que dejarlo en espera si los fieles consejeros de la UGRBC, encabezados por los mismos individuos, y que, a su vez, ostentan el 51% de las decisiones del organismo.

PREGUNTA CUATRO: ¿qué piensan los directivos de las AGL que forman parte de este organismo, que ni si quera son tomadas en cuenta en el CEFPP, pero si son miembros de la UGRBC?  

PREGUNTA CINCO: ¿qué puede hacer el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quienes siempre evaden la situación, al argumentar que se trata de recursos federales y que ellos no sancionan?, pero no se ponen a pensar en el daño provocado por estos corruptos e ineficientes encargados de la sanidad en todo el Estado.

PREGUNTA SEIS: ¿será que el amparo concedido y ganado por el juicio contra el Gobierno del Estado por parte del CEFPP representado por Gustavo Rodríguez impide que no pueda intervenir en pedir aclaración de cuentas y resultados? 

Por lo menos esperemos que la Gobernadora informe a todos los interesados directos y a los medios de comunicación, a través de la titular de la SADER del Estado, Mónica Vargas Núñez.