Nueva Ley de Aguas obliga a estados y municipios a cambiar su gestión y priorizar el derecho humano

Aunque el propósito de la ley es focalizar y llevar el recurso a quien más lo necesita, el reto será la capacitación en derechos humanos y la armonización de los reglamentos y leyes locales

Por Fernanda Garduño

Los cambios en la Ley de Aguas nacionales y la Ley General de Aguas en México representan más cambios de los que se han hablado, ahora serán las autoridades municipales y estatales quienes deberán cambiar sus criterios para adecuarse a ellas y evitar sanciones.

Rene Mendoza, presidente del Colegio de Ingenieros del Agua en el estado de Guanajuato (CIAG), explicó en entrevista con Organización Editorial Mexicana que el reto que viene en materia hídrica para el estado será en cuestiones legislativas y de reglamentos primero.

“Tendremos que armonizar dichos criterios y ya no solamente del estado, los municipios también tendrán que desarrollar criterios, la ley es clara: quien esté violando los estatutos de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas sí será sujeto a sanciones”.

El cambio más relevante en este aspecto es que el agua debe ser vista como un derecho humano; también contiene lineamientos en temas como la contaminación y las sanciones serán reales y no se quedarán en avisos como anteriormente se manejaba.

“Tanto para la ciudadanía, el usuario, como para las instituciones, viene un cambio en la forma en la que se venía prestando el servicio y se venía haciendo la gestión integral del agua”. 

Aunque el objetivo de estas modificaciones a la ley tiene como objetivo llevar los servicios a quien más los necesita y con ello también vendrá obra focalizada, el segundo reto será la capacitación de las y los servidores públicos para atender la agenda enfocada en los derechos humanos en cuanto al agua.

“A ver si realmente estarán capacitados, no solamente en el tema técnico, sino en el tema de derechos humanos, venimos trabajando por años con inercia y ahora ya no será válido este modelo de gestión, las autoridades tendrían que trabajar desde ahorita en analizar, hacer una planeación y desarrollar su agenda propia de armonización”.

Explicó que tienen 180 días para que estos instrumentos jurídicos entren en vigor y eso requerirá de acción inmediata para adaptar la legislación estatal para que exista concordancia con los lineamientos que ahora marca la federación.

“Tanto para las autoridades, organismos operadores, desarrollos urbanos, institutos municipales de planeación, cambian los criterios de planeación, se está poniendo en primer lugar el acceso al agua como derecho humano, cambian los criterios de diseño y la priorización en el presupuesto”.

Añadió que ahora las autoridades no solo deberán generar infraestructura, sino que los diseños deben cambiarlos basados en el enfoque de derechos humanos; además, reconocen a la figura de los comités rurales de agua, que van a requerir de capacitación, y el tema del uso del agua también cambiará para la industria.

“En la industria ahora ya se exige que la infraestructura de saneamiento sea diseñada con descarga cero, significa que hay que darle vuelta al agua, hay que limpiarla y hay que reintroducirla al proceso productivo, esto sin duda plantea un cambio porque, a pesar de que tuviéramos industrias que no demandan tanta agua, sí son industrias que contaminan más y ahora serán obligadas a no descargar o tirar el agua”.