Medicamentos: sigue la convulsión

Por Roberto Rock Lechón

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado señales en los meses recientes de que busca romper el pesado grillete de intereses ligado al abasto y distribución de medicamentos y materiales de salud, un negocio anual de más de 132 mil millones de pesos que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador estuvo sujeto al manoseo de personajes públicos en colusión con empresas privadas.

Al centro de la maraña de intereses en este sector se hallan proveedores a los que se identifica con Andrés “Andy” López Beltrán, al empresario Amílcar Olán -descrito como su cabildero-, y a varias compañías privadas, entre las que destaca Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas. Contratos millonarios por la compra de medicamentos le habrían sido cancelados semanas recientes a Kosmos y a su amplia lista de filiales.  

Fuentes gubernamentales que dan seguimiento a la estrategia para marginar a estos actores aseguran que por gestión de ellos había sido inducido un nuevo esquema de distribución de medicamentos y utensilios médicos, con la participación del consorcio Traxion, una entidad transportista de personal e importaciones que desde 2022 disparó, vía la compra de firmas especializadas, su capacidad logística orientada al sector salud.  Su más reciente adquisición, este mismo año, fue la compañía Solistica, una cadena de bodegas de la regiomontana FEMSA.

Este sería el contexto del nuevo impasse conocido el jueves pasado en la serie de convocatorias y subastas organizadas por el gobierno en busca de garantizar el abasto de insumos médicos durante 2026, por conducto de Birmex bajo la coordinación del subsecretario de Salud, Eduardo Clark. 

La mayor atención está concentrada sobre Grupo Kosmos, al cual durante el sexenio de AMLO se le habría facilitado una notable diversificación hacia la construcción, venta de medicinas y equipos de seguridad, entre otros campos, con el gobierno federal y el del estado de México entre sus principales clientes.

El consorcio posee un monopolio en la distribución de alimentos, particularmente en cárceles federales y estatales, hasta alcanzar tres millones de servicios cada día. La corporación fue establecida a finales de los años ’50, y su crecimiento no ha estado exento de escándalos de corrupción, cuentas congeladas y reportes internacionales sobre operaciones sospechosas.

Una de esas crisis, en 2021, estuvo ligada a un irregular envío de despensas de ínfima calidad a Venezuela por parte de Grupo Kosmos -presuntamente con aliados desde el oficialismo-, y su aparición en los “Panamá Papers” por recurrir a paraísos fiscales. En octubre de ese año López Obrador anunció una investigación cuyos resultados nunca se dieron a conocer.  

Apuntes: ¿Oportunidad para Godoy? 

Poco han avanzado las indagatorias sobre el asesinato en mayo pasado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, miembros clave en el equipo de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada. La evidente presencia de delincuencia organizada, con extensión en dos o más entidades del país; el uso por parte de un sicario profesional de un arma “limpia” -los casquillos no corresponden con los registros de ningún otro crimen-, más la presunción de que fueron alteradas las cámaras del C-5, justificarían que la investigación cayera en el ámbito federal, pero por algún motivo no fue cedida al exfiscal Alejandro Gertz. Justo tres meses después, en agosto, los jefes policiacos Omar García Harfuch, federal, y Pablo Vázquez, local, así como la fiscal citadina Bertha Alcalde, presentaron a 13 detenidos. En su mayoría están siendo procesados por otros delitos; sólo dos, por colusión con el homicidio. Ninguno de ellos es quien disparó; nada se sabe sobre el móvil, ni parece haber ligas con los cárteles de la zona. ¿La nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, rescatará el caso, o quedará sepultado por el tiempo, junto a las muchas preguntas sin responder?