Game Changers 2024: La resistencia al crimen organizado se ha debilitado

Por Steven Dudley y Jeremy McDermott 

Bienvenidos a los GameChangers 2024 de InSight Crime, donde relatamos las principales historias y tendencias de los últimos 12 meses y anticipamos lo que viene el próximo año. En 2024, la resistencia Estatal al crimen organizado en América Latina y el Caribe se ha desvanecido, a medida que las organizaciones criminales se arraigan más en los gobiernos de toda la región. 

Venezuela sigue siendo un modelo de Estado criminal y corrupto. En julio, tras unas elecciones muy cuestionables que, según el Centro Carter, “no pueden considerarse democráticas”, las autoridades venezolanas afirmaron que el presidente Nicolás Maduro había sido reelegido para otro mandato de seis años. Maduro encabeza un gobierno híbrido criminal, en el que sus aliados políticos a nivel nacional y regional toleran, y en algunos casos colaboran, con empresas criminales que mantienen a flote su régimen política y financieramente. 

Las elecciones desencadenaron protestas, que fueron reprimidas por el gobierno, que utilizó tanto fuerzas oficiales como paramilitares y criminales. La represión forma parte de un manual de actuación de larga data, que se puso en práctica hace años y ha dado lugar a cientos de violaciones de derechos humanos relacionadas con tortura, extorsión y ejecuciones extrajudiciales. Este modus operandi quedo en evidencia en un operativo de 2022 conocido como Operación Trueno, que InSight Crime detalló en una investigación especial ilustrada y publicada a mediados de este año. 

El régimen también ha fomentado algunas de las organizaciones criminales más poderosas de la región, en parte al estimular una migración sin precedentes. La más infame de ellas es el Tren de Aragua, una mega banda nacida en las cárceles que se ha extendido a numerosos países vecinos, incluido, posiblemente, Estados Unidos, donde el grupo fue declarado amenaza criminal transnacional y se convirtió en tema de campaña presidencial. Sin embargo, la presencia del grupo en Estados Unidos parecía estar más cerca del pánico moral que de una invasión real.

El Tren de Aragua opera en Colombia, Perú y Chile. El grupo ha establecido el control de gran parte de las rutas migratorias que conducen a estos países y, en muchos casos, dirige redes de tráfico y trata de personas. En lugares como Chile, la red está involucrada en secuestros y extorsiones, y las autoridades de ese país están investigando si estuvo detrás del asesinato de un exmilitar venezolano que había huido del régimen de Maduro. 

Honduras también ha caído en picada. La presidenta Xiomara Castro canceló el tratado de extradición con Estados Unidos en agosto, pocos días antes de que InSight Crime publicara un vídeo de su cuñado reuniéndose con narcotraficantes en vísperas de las elecciones presidenciales de 2013. Castro perdió esas elecciones, pero ganó las de 2021 y, al parecer, no quiere correr riesgos con posibles cargos penales estadounidenses contra sus familiares. 

El esposo de Castro, Manuel “Mel” Zelaya, expresidente y ahora alto asesor presidencial, ha sido durante mucho tiempo objeto de rumores sobre sus negocios con narcotraficantes, y su administración de 2006 a 2009 fue uno de los principales temas de conversación en el vídeo de 2013. Pero tanto Mel como su hermano, Carlos, negaron haber recibido dinero del narcotráfico para sus esfuerzos políticos, y mientras Carlos huyó a Nicaragua, Castro y Mel se replegaron en el palacio presidencial de Tegucigalpa.

Aun así, la amenaza procesal persiste desde una condena histórica del predecesor de Castro. En junio, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por participar en una conspiración de narcotráfico durante varios años, lo que lo convirtió en el tercer presidente extranjero condenado en un tribunal estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico. Irónicamente, en defensa de su propio régimen, Castro citó los delitos de su antiguo rival político y sus aliados políticos, muchos de los cuales también han sido condenados por narcotráfico.  

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trató de seguir un camino similar. En octubre, AMLO, como se le conoce popularmente, celebró la condena del ex jefe de seguridad de un político rival en un tribunal estadounidense por tráfico de drogas, mientras que rechazaba las acusaciones sobre las conexiones de su propio gobierno con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Parte de esto fue resultado de un informe de InSight Crime publicado en enero, en el que se relataba cómo la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) investigó si su campaña presidencial de 2006 había recibido contribuciones de un importante cartel. Un comité especial estadounidense cerró la investigación en 2012, por considerarla demasiado delicada desde el punto de vista político, pero la percepción general persistió, en parte debido a un bombardeo casi constante de redes sociales y al propio enfoque de AMLO de “abrazos no balazos” frente al crimen organizado. 

La percepción de que AMLO estaba complaciendo a los narcos aumentó tras la espectacular captura en julio de Ismael “El Mayo” Zambada, jefe de uno de los diversos pilares del Cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo del famoso traficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y uno de los líderes de otro pilar del Cartel. En lo que pareció ser una conspiración entre agentes estadounidenses y Guzmán López, Zambada dijo que fue secuestrado y trasladado en avión a un aeropuerto de la zona de El Paso, donde fue detenido, junto con Guzmán López. Durante su sesión informativa matutina, AMLO aclaró que el arresto lo tomó desprevenido y dijo que el gobierno mexicano no había jugado ningún papel en la captura.  

Sin embargo, nada de esto pareció importar al electorado mexicano, que votó abrumadoramente a favor de la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, en las elecciones de junio. Sheinbaum asumió el cargo en octubre, pero aún está por ver si la científica ambiental puede trazar su propio camino, especialmente en lo que respecta a la situación de seguridad cada vez más descontrolada, que se vio acentuada por un periodo electoral brutalmente violento. Desde Chiapas hasta Sonora, las grandes organizaciones criminales han ampliado cada vez más sus portafolios para incluir delitos como el tráfico de migrantes. Con la administración entrante de Donald Trump en Estados Unidos, preparada para fortificar la frontera y expulsar a más migrantes a México y más allá, esta economía puede crecer.  

El reto al que se enfrenta la región va mucho más allá de México, Honduras y Venezuela. Entre los que más huyen ahora a Estados Unidos se encuentran los ecuatorianos. Los “encuentros” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con ciudadanos ecuatorianos en la frontera suroeste de Estados Unidos pasaron de 17.000 en 2020 a 124.000 en 2023. Y hasta octubre de 2024, la CBP había encontrado cerca de 120.000 ecuatorianos, lo que es una muestra de que se pueden superar los niveles de todo 2023. 

Este aumento es el resultado de años de malversación y corrupción, sobre todo dentro del sistema penitenciario, como detallamos en un informe de 2024. En enero, para hacer frente a este problema, el presidente Daniel Noboa militarizó las prisiones e intentó trasladar a los dos criminales más notorios del país a una prisión de máxima seguridad. La reacción fue inmediata e histórica: los grupos criminales, aparentemente coordinados entre sí, organizaron motines en las cárceles y ataques en las calles de todo el país. El más impresionante se produjo en Guayaquil, donde un grupo conocido como Los Tiguerones se apoderó de una transmisión de televisión en directo, mostrando tanto sus armas automáticas como sus señales de bandas frente a las cámaras. 

A esto le siguieron bombardeos y la militarización de las calles, incluyendo la declaración por parte del presidente de 22 de estos grupos criminales como “organizaciones terroristas”, pero ha tenido poco impacto a largo plazo. En el municipio de Durán, por ejemplo, la violencia disminuyó al principio, pero volvió a dispararse. Durán, que se encuentra junto a Guayaquil, es un corredor vital para el tráfico de drogas que ha alimentado el reciente repunte de homicidios, se ha convertido en un indicador de los esfuerzos del gobierno de Noboa. Pero, con esta medida, está fallando. Y en un informe publicado en septiembre, InSight Crime hizo una crónica de las múltiples economías criminales que florecen en Durán, entre ellas el tráfico de tierras, que está en el corazón de los problemas crónicos del municipio. 

Muchos en Ecuador han pedido a Noboa que aplique un enfoque al estilo salvadoreño, es decir, el encarcelamiento masivo sin un debido proceso y sin una supervisión significativa de las fuerzas de seguridad y los centros penitenciarios. El propio Noboa se ha burlado discretamente de estos llamados, señalando que Ecuador es mucho más grande que El Salvador y que sus grupos criminales son más sofisticados que los del país centroamericano, como demuestran sus continuos ataques contra funcionarios de prisiones. Solo este año han sido asesinados tres directores de prisiones. 

Pero el atractivo del modelo salvadoreño se mantiene, en parte, por el continuo éxito de Bukele a la hora de mantener bajos los índices de criminalidad. Los homicidios volvieron a descender en 2024, por tres años consecutivos en El Salvador. Bukele también parecía estar en posición para beneficiarse de la victoria de Trump en Estados Unidos, así como del repunte del valor del bitcoin que vino con ella. Pero mientras su gobierno continúa pisoteando los derechos constitucionales e ignorando el Estado de derecho, las consecuencias a largo plazo del modelo de Bukele pueden ser la erosión constante de la legitimidad del gobierno. 

La legitimidad del propio Bukele se puede enfrentar a su primera prueba internacional en Estados Unidos. En febrero, otro alto dirigente de la Mara Salvatrucha (MS13) fue capturado en Estados Unidos y podría proporcionar a los fiscales y a los servicios de inteligencia información vital sobre un pacto que el gobierno de Bukele había forjado con las pandillas antes de la puesta en marcha del Régimen Especial, como se conoce a su ahora permanente conjunto de medidas constitucionales.

Bukele parece entender cómo neutralizar estas pruebas. En febrero habló en la CPAC, uno de los principales encuentros políticos conservadores de Estados Unidos. También se ofreció a intervenir en Haití. Haití, por supuesto, es el peor terreno de la región y una fuente constante de preocupación para Estados Unidos, sobre todo por la posible avalancha de migrantes que se produzca como consecuencia del tumulto. Pero la oferta de Bukele estaba vacía: aunque Haití tiene una superficie geográfica y una población similares a las de El Salvador, sus problemas son considerablemente más complejos y arraigados. Naciones Unidas calcula que las pandillas callejeras controlan hasta el 85% de la capital del país, Puerto Príncipe. 

A pesar de la oferta de Bukele, la comunidad internacional se ha esforzado por proporcionar soluciones en Haití. Después de que la alianza nacional de pandillas forzara la renuncia del primer ministro en marzo, varios países se apresuraron a proporcionar el apoyo financiero y el material de guerra necesarios para una fuerza de seguridad internacional. Y después de que solo una pequeña parte de un contingente prometido de policías kenianos llegara a Haití, se les confinó en gran medida en sus cuarteles mientras entendían la medida del conflicto y a sus nuevos aliados: la asediada Policía Nacional Haitiana. Las pandillas, mientras tanto, parecían contentarse con instalarse en lo que, a todos los efectos, es un punto muerto.    

El estancamiento es también una buena descripción de la actual batalla de Guatemala por el control de su propio gobierno. Durante 2024, el presidente Bernardo Arévalo, que pasó de ser un legislador poco conocido a un defensor anticorrupción, se encontró de frente con los bloques intransigentes, criminales y corruptos que quedaron de la administración anterior. Arévalo, que apenas superó a estos guardianes para asumir el cargo en enero, ha pasado todo el año tratando de averiguar cómo penetrar su coraza. 

Sin embargo, el presidente ha tenido poco éxito. Desde el Ministerio Público hasta el Congreso y las altas cortes, las fuerzas de la oposición han frustrado en gran medida cualquier intento de purgar sus filas o procesar a sus facciones criminales. De hecho, en algunos casos han pasado a la ofensiva, paralizando al presidente y a su partido político u obligándoles a transigir de formas que se asemejan exactamente a los regímenes que desacreditaron antes de tomar el poder. 

Con la llegada de Trump al poder en Washington, algunos de estos bloques criminales y corruptos están intentando rápidamente reavivar viejas relaciones y reafirmarse. El patrón puede repetirse en toda la región. Incluso en países como Venezuela, puede haber espacio para que los bloques criminales y corruptos negocien con la nueva administración estadounidense, que es mucho más transaccional que la administración saliente de Biden. A fin de cuentas, el enfoque transaccional ayuda a explicar por qué la resistencia al crimen organizado ha decaído en primer lugar: cuando todo está en venta, nada es sagrado.