Entre Los Surcos…

La burra no era arisca

El problema de la inconformidad de usuarios del agua en el Distrito de Riego 014, por la distribución y/o aplicación de los 60 millones de dólares que el gobierno estadounidense entregará a Mexico por la reducción de agua que se entregará nuestro país por el Rio Colorado, tiene tres lecturas, una económica, otra política y la tercera, tal vez la más importante, desconfianza.

La primera es consecuencia de la situación generada por el gobierno federal de la 4T, por la pauperización que, el presidente Andrés Lopez Obrador pretendió hacer en las zonas agrícolas de alta producción de granos y otros alimentos, suspendiendo apoyos y retirando la participación oficial en los procesos de comercialización de cosechas.

Los dos gobiernos morenistas fueron fiel calca de las acciones lopezobradoristas, desoyendo las peticiones y luego los reclamos de los campesinos carentes de crédito.

En cuanto a la situación política, tal pase desapercibido por una gran parte de los usuarios y hasta de los funcionarios, pero esta situación viene desde la administración de Jaime Bonilla Valdez y tomó fuerza en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando con el supuesto visto bueno de Kurt Ignacio Honold Morales, secretario de Economía, el Lic. Rogelio Ayala Camacho, QEPD, pretendió cambios en la ahora SaderBC y en la Comisión Nacional del Agua.

En algunas de esas reuniones estuvieron las tres senadoras por Baja California y algunas diputadas, pero solo fueron figuras decorativas porque hasta la fecha no se ha visto ninguna acción positiva de su gestión y lo mismo ha pasado y pasará con Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, quien a lo largo de su carrera política ha aprovechado, al máximo, para su beneficio, los problemas de los campesinos. 

En cuanto a la desconfianza, a los usuarios del agua les sobra la razón y es que el desaseo y la falta de transparencia con la que se dilapidaron 100 millones de pesos y luego 20 más, en una obra que triplicó su tiempo de ejecución y que, en opinión de usuarios, no ha funcionado con el beneficio que se esperaba.

Curiosamente, la CILA, responsable de la ejecución de la obra, nunca aplicó clausulas penales a las empresas ejecutoras de la obra y cuando se asegura que las estimaciones fueron aprobadas por personal de CILA estadounidense, abre el sospechismo de una gran corrupción, por complicidad o por omisión. 

Los directivos del módulo 10 echaron la bolita a la S. de R.L. y de ahí, no paso, ninguna autoridad se intereso en investigar que paso y a donde fueron a parar los 120 millones de pesos de los usuarios de esa asociación civil. 

Ah, pero eso, algunos usuarios del módulo 10 recibieron 17 mil 500 pesos por hectárea por el descanso de sus tierras y algunos sumaron más ingreso por apoyos adicionales porque no pudieron regar alfalfas y otros perennes.