En un documento enviado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, los productores agropecuarios le dicen “somos activo estratégico de la nación”.
- Romper la inercia para revertir los efectos negativos de erróneas políticas comerciales y recuperar el mercado nacional de alimentos
- Cerramos el sexenio con una profundización en la dependencia alimentaria
- México tiene el potencial de resolver su dependencia alimentaria
Es imperativo estratégico que su gobierno, que iniciará este primero de octubre, instrumente con carácter de urgencia un conjunto de medidas administrativas y de política económica, que reincorporen las potencialidades productivas de las zonas agrícolas de riego del país a la tarea del cumplimiento de metas nacionales de producción con el propósito de reducir la dependencia alimentaria de la nación, que desgraciadamente se ha venido profundizando durante los últimos años.
Desde la firma del TLCAN, y con su ratificación bajo el acrónimo de TMEC, las regiones más productivas de granos básicos (trigo, maíz, frijol y sorgo) fueron ubicadas en lo que se dio en llamar “agricultura comercial”, misma que quedó sujeta a los precios internacionales que se deciden principalmente en los mercados especulativos de la Bolsa de Chicago.
Así la mayor parte de los productores nacionales fuimos obligados a comercializar con un esquema errático de precios, dominado por los grandes corporativos graneleros que controlan y se aprovechan de los miles de millones de dólares que le extraen en subsidio al gobierno norteamericano.
En esa dinámica y durante las tres décadas (1994-2024) que llevamos sometidos a tales esquemas comerciales (TLCAN-TMEC) cerca de la mitad de los productores nacionales han salido de la actividad agrícola y áreas importantes de las regiones productoras -que representan agua y tierra- han terminado subcontratadas y amarradas a convenios de exportación con los mismos corporativos que dominan los mercados internacionales.
Se estuvo sobrellevando esta situación, con programas raquíticos de apoyos compensatorios a la caída en los precios, con la sentencia de que los mismos serían eliminados una vez que los productores nacionales estuvieran en condiciones de competir dentro de tal esquema comercial. Era previsible que la condición de igualdad en la competencia nunca se cumpliría, porque las asimetrías con el subsidiado mercado norteamericano son físicamente insalvables.
Lo que sí se cumplió, es la sentencia de quitar todos los apoyos del gobierno mexicano a los productores nacionales, que el mismo gobierno empujó a la “agricultura comercial”.
Los saldos de estas políticas señalan con fuerza su fracaso. Estamos cerrando el sexenio con una profundización en la dependencia alimentaria, en donde destaca la caída en la producción nacional de trigo, sorgo, frijol y el maíz. En el caso de este último los montos de importación están cubriendo más del 30 por ciento de los requerimientos del mercado nacional. Cuadro agravado por los episodios de sequía, lo cual también acusa falta de inversión en las obras de infraestructura para el manejo eficiente del agua disponible, pero fundamentalmente el crónico abandono de los grandes proyectos de gestión de más agua como el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO) y otros de esa magnitud sobre la costa del Golfo de México, además del necesario impulso a la desalación de agua de mar.
El mundo atraviesa por una turbulencia de inestabilidad financiera y guerras que se hacen acompañar por una vorágine especulativa sobre los bienes estratégicos, y por razones obvias los alimentos son y serán el principal sujeto de la especulación. Eso ya lo estamos viviendo. México no debe continuar poniendo en manos de los corporativos agro-financieros y de los grandes importadores de alimentos -en medio de esta incertidumbre- la alimentación de los mexicanos.
Estimada presidenta electa,
Claudia Sheinbaum Pardo,
Ha llegado la hora de romper con esta inercia que le confiere grandes riesgos a la nación. Tenemos que revertir los efectos negativos de tales políticas comerciales y recuperar el mercado nacional de alimentos. México no está a ciegas en la realización de esta tarea. Contamos con la experiencia de la ruta exitosa que el país siguió a partir del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando México asombró al mundo por sus elevadas tasas de crecimiento agrícola y lo llevó a ser considerado paradigma del desarrollo agrícola en las economías del llamado tercer mundo.
De 1934 a 1982, el país registró una expansión agrícola de 6.1 por ciento anual. En ese periodo se logró satisfacer la creciente demanda interna de alimentos y se proveyó de las materias primas agrícolas demandadas por una economía que se planteaba la industrialización y una creciente urbanización.
Bajo esta consistente y exitosa experiencia, se requiere:
1.- Su intervención para que el Congreso de la Unión y las comisiones correspondientes, admitan que el campo enfrenta una situación de emergencia que obliga a poner en marcha un proceso de recuperación de este sector ejerciendo un presupuesto federal por encima de los 130 mil millones de pesos. La crisis obliga a reconocer que los presupuestos anteriores para el campo no son el referente adecuado para determinar las necesidades actuales, considerando todo el proceso acumulado de deterioro que sufre el sector.
2.- El alcance presupuestal debe comprender un proceso de recuperación que evite a los productores caer en cartera vencida, especialmente a los productores de trigo, maíz, frijol y sorgo que han resultado brutalmente impactados por la caída en los precios internacionales y los incrementos exponenciales en los costos de producción.
3.- Como medida emergente, es necesario crear una bolsa especial de recursos para que toda la deuda resultado de la actual cartera vencida de los productores, sea convertida en crédito, con la intención de habilitar el ciclo productivo otoño-invierno 2024-2025. Para determinar el monto de esa bolsa de recursos, se requerirá la realización de un censo nacional de productores afectados por las contingencias del mercado, en el entendido de que los motivos por los cuales cayeron en la insolvencia son completamente ajenos a su responsabilidad, en tanto en que no fueron ni son los productores los que tomaron la decisión de participar en un proceso de comercialización controlado por corporativos que manipulan los mercados para maximizar ganancias a costa de afectaciones severas sobre el mercado nacional y sus productores. Es el gobierno federal el que mantiene esos acuerdos, y por tanto, el que debe asumir la responsabilidad de no permitir que en el “altar de la oferta y la demanda” se sacrifique al campo mexicano y se ponga en riesgo la alimentación de millones de mexicanos.
4.- La reinstalación de todos los instrumentos para incrementar la producción de granos básicos, teniendo como eje una política de PRECIOS DE GARANTÍA PARA TODOS LOS PRODUCTORES y una planificación orientada al fortalecimiento del mercado nacional, restableciendo instituciones que permitan ejercer políticas de crédito para habilitar al sector, así como volver a edificar un sistema nacional de acopio, producción de semillas y fertilizantes, extensionismo y ampliación de la frontera agrícola con proyectos de infraestructura hidráulica sobre las costas del pacífico y el Golfo de México.
5.- Es necesario un Pacto Nacional Agroalimentario en el que participen gobierno, productores y consumidores, para regular la importación de alimentos y ordenar el mercado nacional, revalorizar los granos y desmonopolizar el control ejercido por los grandes comercializadores, alentando una presencia vigorosa y activa del estado mexicano. Esto precisa la elaboración de un Plan Nacional Alimentario con metas de producción, principalmente de granos básicos, teniendo en cuenta que nuestro mercado nacional es de 130 millones de mexicanos lo cual nos reclama una producción de 130 millones de toneladas de granos en el espectro del trigo, maíz, frijol, arroz y sorgo, cuando apenas estamos produciendo 50 millones de toneladas de granos. Registramos un déficit del 60 por ciento en producción de básicos. No obstante México tiene el potencial de resolver su dependencia alimentaria y constituirse en una potencia agro-alimentaria que no tiemble frente a los mercados internacionales.
Contamos con las zonas de riego y la capacidad instalada para responder en lo inmediato a los estímulos otorgados al mercado nacional, podemos ampliar la frontera agrícola y alcanzar los 10 millones de hectáreas bajo riego, al tiempo que incrementamos la productividad de las regiones de buen temporal, que con los insumos debidos y la mecanización necesaria, están en condiciones de duplicar la productividad por hectárea.
Sabemos que tomar las medidas propuestas reclama una fuerte alianza de los productores nacionales con el gobierno federal. Sabemos también, que hay una pelea de por medio y la mayoría de los productores nacionales estamos dispuestos a darla al lado del gobierno que usted iniciará este primero de octubre del 2024.
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