Por Jesus Víctor Ferrer C
Estimado Señor Director:
Hace algunos años que no me dedico a litigar en juzgados del fuero común o federal, pero también es cierto que me siento orgulloso de haber obtenido mi título de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, generación 1962-1967, donde tuve un compañero de la facultad (José de Jesús Gudiño Pelayo, primer Juez de Distrito en Mexicali) y un Maestro (Carlos de Silva Nava), que con el tiempo llegaron a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante mucho tiempo ejercí esa profesión en Mexicali, donde tuve la fortuna de ser parte del Bufete Jurídico del Licenciado Ramón Luque Bórquez, uno de los abogados de mayor prestigio del foro bajacaliforniano de aquellas inolvidables épocas; ahí fuimos compañeros por varios años, un litigante y periodista, que actualmente es una de las personas de mayor cercanía y confianza de López Obrador.
Gracias a esa profesión tuve la oportunidad de conocer y tener cercana amistad desde hace más de 50 años, con magistrados, jueces, secretarios y actuarios de las ramas civiles y penales, así como con procuradores y agentes del ministerio público, tanto del fuero común como del fuero federal.
Algunos litigantes de aquellos tiempos en Baja California, seguramente recordaran con agrado a Nemesio Javier Lamas, Samuel Piñera, Blas Pérez Basilio, Gildardo Rodríguez, Jacinto Lemus, por citar sólo algunos, que demostraron su talento y honradez en el desempeño de sus funciones, así como su amplio conocimiento de las leyes y su correcta aplicación en favor de los justiciables.
Ninguno de los anteriormente mencionados, alcanzaron su nombramiento por algún tipo de influencias, sino que llegaron a ellos, gracias a sus estudios, escalando peldaño a peldaño, para alcanzar los puestos que desempeñaron hasta que por decisión propia o por fallecimiento dejaron sus delicadas encomiendas.
No dudo que en la actualidad, algunos jueces o magistrados pudieran cometer alguna acción que se califique como corrupta o que llegaron a ocupar el puesto que detentan por influencias o amiguismo, pero tengo la seguridad de que son excepción y no la regla.
No solo ahora, sino en cualquier momento, si pedimos la opinión de las personas que por cualquier motivo tuvieron que recurrir a una instancia judicial, en automático, el cincuenta por ciento dirá, que su caso se perdió porque el juez es un corrupto, sin tomar en consideración que un juez no puede darles la razón a las dos partes que acudieron a dirimir un asunto en tribunales.
Con base en la ley uno es ganador y por ende otro perdedor, pero para eso sirven los magistrados y ministros, para recurrir a ellos sino se está de acuerdo con lo dictado por un juez.
Por ese detalle era previsible el resultado de las inútiles encuestas realizadas por encargo de Morena, porque la mitad nunca aceptará que estaban equivocados cuando iniciaron un juicio, sino que ellos tenían la razón, con el agravante de que la mayoría de los encuestados no tuvo la menor idea del cuestionario que le presentaron y mucho menos las consecuencias de su respuesta.
Recordemos las declaraciones de Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la reforma que propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros: “Los foros sobre la Reforma Judicial son para oír, no para debatir, las cosas están claras hacia donde van”, de tal forma que esos foros serán una pérdida de tiempo y dinero, porque la decisión de venganza contra el poder judicial federal, la tomó el mesías tropical desde hace tiempo.
Para reafirmar lo anterior, están las declaraciones de AMLO, en la mañanera del lunes anterior cuando les dijo a los integrantes del Instituto de investigaciones JÚRIDICAS de la UNAM: “¿Que se meten esos de la UNAM?, o sea, él sólo acepta opinión de los que estén a favor, ninguna voz discordante y menos si son de gente experta en temas jurídicos.
Aquí un paréntesis para deplorar el comunicado del rector (con minúsculas) de la UNAM, Leonardo Lomelí, dando una respuesta poco digna y de sometimiento al deslindarse de ese trabajo, agregando que convocaría a foros para discutir esa reforma, donde seguramente asistirá soló gente que esté de acuerdo con la pretensión de Andrés Manuel.
Volviendo al tema. Es falso que con esa medida se combatirá la corrupción, simple y sencillamente es para destrozar, no para reformar el Estado mexicano, terminando con la división de poderes, tomando en consideración que el ejecutivo ya tiene el control del legislativo para implementar a cabalidad su “Plan C” y ahora lo tendrá del judicial, (aunque en algunas zonas del país el control será del crimen organizado) causando con ello en el corto plazo un daño irreparable, dando al traste con la carrera judicial.
En donde sin necesidad de una encuesta debiera hacerse una verdadera reforma, es en el área de la procuración de justicia, donde supuestamente los agentes del ministerio público representan al “pueblo” en una causa penal, pero en muchos casos resultan más perjudicados los quejosos que los delincuentes, porque ahora estos últimos son intocables, gracias a la aplicación truculenta de sus “derechos humanos”, además de que los ministerios públicos no saben armar una sólida acusación, por lo que los jueces no les pueden dictar auto de formal prisión a los imputados y como consecuencia son acusados de corruptos, cuando la realidad es que no les dieron elementos para proceder en consecuencia. Pruebas de lo anterior existen en toda la geografía de nuestro territorio.
Finalmente, si alguno de los que leen estas líneas piensa participar en esos foros, por tener bastos conocimientos jurídicos especialmente en materia constitucional, les recomiendo que no lo hagan porque lo más seguro es que les van a decir “Aquí no nos venga a decir que la ley es la ley; sienteC y calleC”.
Un saludo
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