Reflexiones…

Alerta de fraude en el campo de BC

Por Reynaldo Magaña

El abandono en el que se encuentran los campesinos de Baja California, genera un ambiente propicio para que vividores y estafadores se aprovechen de la necesidad de los residentes de la zona rural en esta entidad.

A partir del amplio programa de reparto de tierras producto de la ley agraria del seis de enero de mil novecientos quince, en el periodo del presidente Venustiano Carranza, como consecuencia del triunfo de la revolución mexicana e impulsado fuertemente en el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, los ejidatarios y solicitantes de tierras, se acostumbraron a hacer sus gestiones en oficinas centrales de la ciudad de México.

Era la costumbre nombrar comisionados para viajar a la capital del país a plantear la problemática campesina. Paulatinamente se dio la transformación administrativa del gobierno y las decisiones poco a poco fueron desconcentrándose y finalmente descentralizándose, por tanto, ya no fue necesario acudir a la ciudad de México a intentar resolver los asuntos rurales.

Sin que sea el tema central de esta publicación, es prudente comentar que el ejecutivo federal hoy, tiene la idea y así lo ha determinado, de concentrar nuevamente las decisiones de las dependencias del sector rural. Sin embargo, será motivo de otra publicación.

Los ejidatarios y avecindados de la zona rural se quedaron con esa idea como premisa, de que todo se resuelve en la ciudad de México.

Con ese conocimiento de la psicología de los pobladores rurales, algunos vivales se aprovechan vendiéndoles ilusiones, asegurando que en la ciudad de México les han autorizado programas de apoyo para financiamiento de proyectos agropecuarios o para pies de casa y construcción de complejos habitacionales.

No especifican en que dependencia del gobierno existen esos programas o de que empresa del sector privado se trata.

En los últimos meses, una mujer que se dice Comisionada en Baja California de una organización nacional, ha estado recorriendo amplias zonas del valle de Mexicali y las zonas rurales de Ensenada y San Quintín, invitando a los avecindados a formar un padrón mediante el cual recibirán materiales para la edificación de casas. Dice no ser requisito tener título de propiedad del inmueble donde se pretenda la construcción, sino solamente una constancia de posesión emitida por el comisariado ejidal del poblado donde se ubique el solar.

Para lo anterior, deberán pagar entre quinientos a mil pesos, como cuota administrativa. Los solicitantes, además, deben integrar expedientes con sus documentos básicos, acta de nacimiento, INE y CURP.

Inicialmente la sedicente titular de estos programas de apoyo, decía que el gobierno central la había comisionado para tal fin; hace seis meses cambió la versión y aseguró que la federación nacional de gobernadores originarios le autorizó fondos para el programa de vivienda.

Empezando este año, modificó nuevamente su planteamiento, diciendo ahora que la organización de las naciones unidas (ONU) es quien le ha encomendado distribuya esos recursos para vivienda entre la población rural.

Finalmente, ha dirigido también su oferta a los productores agropecuarios en el ámbito nacional, con supuesto financiamiento para la producción agropecuaria, con cero tasas de interés. Afirma que su empresa, de la que se niega a dar a conocer el nombre, establecerá dos plantas peletizadoras, una en la península de Yucatán y otra en Mexicali, Baja California.

Al iniciar los trámites de financiamiento, les pide dinero a los solicitantes para gastos y gestiones. Evidentemente de eso vive.

En ambos casos, en la vivienda y en el financiamiento agropecuario pide una pequeña cuota, para los gastos, desde quinientos hasta cinco o diez mil pesos, según sea el caso. Sabe que las personas no presentarán una denuncia penal por esas cantidades perdidas, sin embargo, acumuladas todas ellas, suman una gran cantidad de dinero. Una verdadera estafa.

Desde aquí se hace un llamado a los comisariados ejidales y líderes comunitarios para que no se dejen engañar y orienten a sus representados para evitar caer en engaños. De ser posible, presenten las denuncias correspondientes.

*El autor es especialista en derecho tributario internacional y promotor de economía solidaria

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