Prohibir el uso del Glifosato en México impactaría en la seguridad alimentaria del país: PROCCYT

• Efectos negativos por la prohibición del glifosato 
• Afectaría rendimientos de maíz de hasta el 40%
• Los aumentos en los precios de hasta un 85%

CIUDAD DE MÉXICO. – PROCCYT expresa su preocupación por los posibles efectos sociales derivados de la prohibición del glifosato en México, ya que esta medida podría tener un impacto negativo tanto en la seguridad alimentaria del país como en la producción agrícola. La ausencia de un sustituto viable para este herbicida fundamental genera inquietud en la comunidad agrícola y científica, dado que el glifosato ha desempeñado un papel crucial en la protección de cultivos y en la producción de alimentos en México desde su introducción.

Luis Osorio, director ejecutivo de PROCCYT, destaca que la prohibición del glifosato no solo afecta a la industria de protección de cultivos, sino a toda la cadena agroalimentaria. Se resalta que el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo durante los últimos 40 años y ha sido ampliamente revisado en términos de seguridad para la salud humana y el medio ambiente.

En la actualidad, un panel de expertos está revisando la evidencia sobre el glifosato, y se espera que su resolución defina el camino a seguir en su uso y su futuro en México para el tercer trimestre del año. A nivel global, el glifosato se utiliza en 120 países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y Brasil, y numerosos estudios han demostrado su seguridad para la salud humana y el medio ambiente.

La prohibición del glifosato podría resultar en posibles caídas en la producción de maíz de hasta el 40% y aumentos en los precios de hasta un 85% según previsiones hechas por PROCCYT. Es significativo observar que, consciente de las implicaciones económicas y sociales de la desaparición de este producto, Europa ha extendido su uso por al menos 10 años más, considerando que la investigación y la implementación de cualquier alternativa para la protección de cultivos requiere al menos 11 años de proceso.

Por lo tanto, PROCCYT hace un llamado a las autoridades y a la comunidad a trabajar en colaboración para encontrar soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica del país, tomando en cuenta cómo se ha abordado este tema dentro del contexto internacional.