La voz de los rurales en el Congreso
Por: Reynaldo Magaña*
Al iniciar el presente año, los campesinos propietarios del ochenta y cinco por ciento del territorio de Baja California, tienen frente a sí una gran cantidad de ofrecimientos de políticas públicas de los precandidatos y aspirantes de todos los partidos, de ambos poderes, esto es ejecutivo y legislativo, para mejorar las condiciones y vida de la gente del campo.
A todos ellos se les encontrará en las boletas electorales. Esta elección es reflejo de la anterior, solamente por cuanto a las promesas de quienes contendieron en la votación más reciente y hoy son funcionarios de elección popular.
En esta ocasión se tiene la gran oportunidad de evaluarlos, tomando como medición lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, respecto de sus propias promesas y de los planes de desarrollo que registraron, en los diferentes niveles de gobierno; se cumplieron, sí o no y en qué porcentaje.
Ahora, en este contexto, la gente del campo tiene dos necesidades impostergables, una que tiene que ver con el desarrollo productivo en diferentes ámbitos del medio rural y otra, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que es impostergable; ambas igual de importantes. En una y otra, el gobierno prometió y los campesinos aún están en espera de que les toque el turno del cumplimiento de los compromisos.
En este tenor, con independencia de las postulaciones de los diferentes partidos, la presencia de un verdadero representante de la clase campesina resultaría trascendental para la prosecución de los propósitos de los rurales.
Uno de los viables que cumple con este perfil, es Rubén Sánchez Madero, expresidente del Ejido Uruapan y exdelegado municipal de Santo Tomás, ambos en el municipio de Ensenada. Con cuarenta años ininterrumpidos en la producción agropecuaria y agroindustrial, además de su incursión exitosa en la comercialización de diversos productos rurales, conoce con meridiana claridad la problemática del sector campestre.
Podría ser impulsor de la exigencia a los tres niveles de gobierno para ejecutar lo que ordenan los artículos del tres al ocho de la ley agraria, todos ellos dentro del título segundo, denominado … «Del desarrollo y fomento agropecuarios»…; en esos imperativos se obliga a todos los niveles de gobierno a ejecutar políticas públicas para el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, turístico y en general integral para que los propietarios rurales de todos los regímenes de tenencia de la tierra hagan rentables sus unidades de producción, y con ello incrementen el nivel de bienestar de la gente del campo.
Desde luego, todo esto implica acciones y políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo regional, esto es obras de conectividad carretera e infraestructura productiva, entre las principales, pero también con un intenso programa de financiamiento rural y subsidios a la producción por una parte y por otra a la conservación ambiental, exactamente igual que en la mayoría de los países del mundo.
Es importante aclarar que lo anterior no está a discusión, ni sujeto a análisis o debate, el gobierno actual y todos los que han estado pidiendo suplicantemente el voto hasta hoy, están obligados a ejecutar, porque como se dijo, son imperativos legales, esto es, ordenes de la ley agraria que deben cumplir.
Las elecciones están muy próximas, los campesinos tienen la palabra…
*El autor es especialista en derecho agrario y promotor de economía solidaria
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