Entre Los Surcos…

Más de políticos y el campo

Por César Villalobos López

Sin duda alguna, el reclamo de los productores de trigo y de otros granos alimenticios y materias primas, tienen mucha razón cuando no buscan, exigen un precio justo, con la esperanza de que el gobierno atienda y resuelva favorablemente sus demandas para logra un mayor ingreso.

Lamentablemente entre quienes participan y opinan sobre lo que consideran un precio justo, tradicionalmente se han colado personas que, si bien viven en la zona rural, son dueños o cónyuges de propietarios de tierras, no siembran, pero llegan a influir en el ánimo de los productores que aspiran a un mejor precio.    

Los productores no han tomado en consideración que la agricultura es un negocio, por tanto, debe de ser redituable, para que sea próspero y no quiebre, pero solo se preocupan por buscar un precio cuando están a punto de la cosecha.

De siempre han sido reacios a la organización, soslayando con ello los beneficios que las compras en volumen, de fertilizantes, semillas y otros insumos podrían contribuir a una reducción del costo del cultivo.   

En cambio, en el valle de Mexicali y San Luis nos podemos encontrar con agricultores dedicados a producir en tierras propias y rentadas, buscando siempre mayores rendimientos a través de su experiencia apoyada con una asistencia técnica responsable que les cuesta dinero.

En lo que tienen razón los productores agrícolas en general, no solo los del valle de Mexicali, sino también los de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y los estados olvidados por el gobierno federal de la 4T.

Ese abandono inicio con el retiro de los apoyos que se venían arrastrando de administraciones anteriores, bajo el argumento de la corrupción, cuando la corrupción en el campo se ha incrementado y como ejemplo basta mencionar a Segalmex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, enarbolando la 4T, pondera apoyos al campo con la entrega gratuita de fertilizantes en zonas donde la producción es para autosuficiencia de las familias, asignando, por las normas de operación del programa, ridículo volúmen, como 13 toneladas para Baja California.   

Pero más ridículo que, el fertilizante, resulta la oficiosa intromisión de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, convertida en chile de todos los moles, pero solo con fines de notoriedad, cuando ofrece apoyo a los trigueros, pero no se compromete a la asignación de ni un cinco, para incrementar el precio que consideran justo.

A propósito de justo, los 8 mil pesos que solicitan es producto de una opinión para emular a los trigueros de Sinaloa que establecieron ese precio, pero no corresponde a un estudio serio, apegado a costos de una agricultura eficiente.

Las cabezas del Sistema Producto Trigo, únicos responsables de los planteamientos, se han dejado llevar por opiniones externas, al margen de la experiencia de quien ha estado al otro lado del mostrador y conoce perfectamente las argucias de los empresarios compradores.

En momentos, los responsables del Sistema, han sido ilusos y convencidos de participar en movimientos ajenos, como las protestas por el agua, que resultó movimiento ficticio, por tener un interés ajeno a los usuarios. 

Si bien, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, fue un factor determinante para lograr que, en la cosecha anterior, los compradores de trigo desconocieran a favor de los productores, los contratos firmados y determinaran pagar 385 dólares, más algunas bonificaciones, fue porque las condiciones del mercado les permitió hacerlo, sin afectar su economía.

Los trigueros saben, pero no lo reconocen, que han sido utilizados políticamente por diputados locales, porque los federales, ni en el mundo les hacen, así como por las senadoras bajacalifornianas, con Nanci Guadalupe Sánchez Arredondo, como presidenta de la Comisión de Agricultura del   Senado, con Gina Andrea Cruz Blackledge y Alejandra del Carmen León Gastélum.

No son pocas la veces que las bajacalifornianas en la cámara alta, han estado en el valle de Mexicali, o reunidas en la ciudad de México con los trigueros, con la presencia de altos funcionarios de las Secretarías de Agricultura y de Hacienda, pero nada han logrado, salvo la afirmación de altos funcionarios de la SADER, en el sentido de que la dependencia no tiene recursos para atender la pretensión de los productores.  

Entonces, ¿qué les falta a los responsables del Sistema Producto trigo?

Que antes de establecer el cultivo convoque a los agricultores que estén interesados en sembrar en el ciclo 2023/2024, analicen, con seriedad, al margen de fantasías e inflación artificial, cual es el costo real por hectárea, al momento de la proyección y en base al resultado, buscar comprador que les garantice mediante contrato, un precio remunerador.

A, pero el cultivo lo deben de establecer aquellos que cuando menos registren producciones mayores a 5.5 tonelada por hectárea y traten de elevar el rendimiento, de lo contrario fracasaran económicamente, como ocurrirá con la cosecha por iniciar, en los predios con menores producciones.  

Insisto, la agricultura es un negocio y como tal debe de manejarse, sin esperar que del erario salgan compensaciones para cubrir la deficiencia o el revanchismo de los trigueros contra las empresas o centros de acopio que aseguran les pagaron menos.