El perseguido…

Por Carlos Elizondo 

Mayer-Serra en EL NORTE

¿Fue AMLO un perseguido político cuando lo desaforaron el 7 de abril del 2005? Sin duda. No importa si había desacatado o no una orden judicial. En México no se castigaba a los políticos por eso. Fox utilizó ese pretexto para tratar de sacarlo de la contienda electoral.

 AMLO creció con el desafuero. El gobierno reculó y, al final, era AMLO quien quería irse a la cárcel, lo cual lo evitaron dos panistas pagando la fianza en contra de su voluntad. En palabras de la mañanera de este lunes, refiriéndose al caso de Ricardo Anaya: «no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, (…)se fortalece un dirigente».

Muchos gobiernos autoritarios son muy escrupulosos con la ley, cuando ésta es útil para presionar a un adversario. Con una ley barroca y complicada, hasta un mero error deja vulnerable a un contrincante. Lo dijo AMLO ante el Congreso el día que lo desaforaron: «Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad».

Cuando se aceptan testimonios como prueba suficiente de un supuesto delito, basta un delincuente confeso para inculpar a alguien. El extremo de esto sucedía en las dictaduras comunistas. La declaración de un viejo amigo sobre una supuesta frase contraria al gobierno era prueba suficiente para mandar a alguien a Siberia.

AMLO ya concluyó que Ricardo Anaya es culpable: «Yo no te mandé a que hicieras esas cosas», dijo en la mañanera del 24. Sin embargo, todos somos inocentes mientras un juez no determine lo contrario. Un Presidente que determina culpabilidades, que serán repetidas por sus fieles seguidores, corrompe el debido proceso.

La justicia debe procurar un trato igual a todos los ciudadanos en circunstancias iguales. Lo contario es la arbitrariedad. Anaya ni siquiera ha tenido acceso al expediente donde se le acusa. La información pública muestra que las autoridades han hecho cambios a lo largo del proceso para intentar que cuadre la acusación de Emilio Lozoya. Los argumentos de la FGR son endebles o absurdos, como exhibir como prueba del presunto soborno que Anaya votó a favor de la reforma energética, lo cual, además, sucedió meses antes de la supuesta entrega. Si esto probara algo, la autoridad debería someter al mismo proceso a los otros 354 diputados y 95 senadores que votaron en el mismo sentido.

No estamos frente a un gobierno escrupuloso que sistemáticamente ha perseguido la corrupción del sexenio anterior y que en sus indagatorias encuentra que uno de los partícipes fue Anaya. El trato al que está siendo sometido Anaya se debe a su posición política.

AMLO aprendió de Peña Nieto la utilidad de acusar a un adversario de una presunta ilegalidad. La credibilidad de Anaya fue severamente dañada con la acusación de lavado de dinero en febrero del 2018, en vísperas de la campaña. Pasada la elección la autoridad se retractó.

Hay muchas diferencias entre el desafuero de AMLO y esta acusación contra Anaya. La más importante desde el punto de vista político es que Anaya no tiene el arrastre social de AMLO en el 2005. Hay que recordar el Zócalo abarrotado en su defensa el 24 de abril.

Espero, sin embargo, que al igual que Fox hace 16 años, el gobierno de AMLO enderece el rumbo. Sacar de la contienda a un posible candidato con una sanción penal basada en pruebas hechizas quedaría en la historia como muestra de que le tuvo miedo a una contienda pareja. Esto desacreditaría un eventual triunfo del candidato de Morena en 2024.

¿Tan débil percibe AMLO a su movimiento transformador para empezar a jugar así, con los peores vicios del pasado? En palabras de AMLO en el Zócalo poco después de su desafuero: «El Presidente debe ser factor de concordia. No puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos ni para destruir a sus adversarios».

@carloselizondom

El perseguido (elnorte.com)