TIJUANA. – El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que la intención del Gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez de expropiar el Club Campestre de Tijuana es legal y obedece a un interés superior que es el beneficio de todos los ciudadanos.
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) dijo que quienes opinan de manera negativa al respecto lo hacen por desconocimiento o mala intención y están en un error, como es el caso del Secretario de Movilidad Urbana Sustentable del Ayuntamiento de Tijuana, Alberto Rafael Herrera Gutiérrez.
“Le diría a mi querido amigo que curse otra vez la carrera de derecho, porque al argumentar que como los miembros del Campestre son los legítimos dueños de esos terrenos, eso hace imposible su expropiación es un argumento totalmente falso, es un desconocimiento total del orden jurídico nacional y Estatal; al contrario, al ser los legítimos dueños son sujetos de expropiación”, dijo.
Rodríguez Lozano comentó que, en este caso específico, y conforme a la ley, no importa si son o no son legítimos dueños, el acto expropiatorio es un acto de soberanía, es un acto de ejercicio de una atribución que establece la Constitución y que únicamente requiere de una serie de elementos comunes como son un estudio técnico, con una declaración y demostrar la utilidad pública y todo eso es perfectamente conseguible, en el caso del Club Campestre.
Respecto a las declaraciones del Diputado Local, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, de que “van a defender la propiedad privada”, el Titular de la SGG Respondió: “También le diría al diputado con todo respeto que hay que echarse un clavado en el desarrollo del derecho constitucional en México, donde se observa claramente que de acuerdo con el artículo 27 constitucional, la propiedad privada es una propiedad derivada, no es una propiedad originaria, qué tiene que ver con la historia”.
La propiedad privada no es como la propiedad romana, sino es sujeta y es susceptible de expropiación y no es un acto ilegal, explicó Rodríguez Lozano, es un acto regulado por las leyes y las normas y se da constantemente en distintas partes del mundo.
“No es que estemos atacando la propiedad privada al querer expropiar los terrenos del Club Campestre, simplemente el Gobierno del Estado analiza la posibilidad de que se satisfagan intereses públicos, interés de la sociedad, de un medioambiente sano, intereses de lugares donde puedan realizar actividades deportivas culturales y sociales, y el Club Campestre cumple estos requisitos, no existe ningún otro terreno en Tijuana, que tenga un desarrollo urbano suficiente para poder cumplir esos objetivos”, dijo el Titular de la SGG.
Al final el Secretario General de Gobierno agregó: “No es un ataque a la propiedad privada, no hay porqué desgarrarse las vestiduras diputado Otáñez, simplemente es un ejercicio de autoridad que de darse estaría cumpliendo con los objetivos sociales de nuestro orden jurídico y sobre todo atendería al interés de la gran mayoría de los ciudadanos”.
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