Más que un tren: ordenamiento territorial

Por Magdalena Gómez 

La visita del Presidente de la República al sureste, el pasado fin de semana, para supervisar el avance del llamado Tren Maya ofreció un giro que si bien no es novedad, sí lo es que pese a que se había mantenido en su discurso centrado sólo en el tren, ahora abrió y formalizó la propuesta de ordenamiento territorial, aun con opacidad. Eran sus funcionarios los que desde un inicio abordaron la intención de desarrollar ese plan a partir de las estaciones del referido tren. Justamente las reacciones de organizaciones indígenas en contra del proyecto se ubican en el impacto para su cultura y territorios de los llamados polos de desarrollo. Para ello han recurrido a la promoción de juicios de amparo con resultados diversos, incluso el más reciente ordena una suspensión definitiva no acatada.

Fue una gira de anuncios presidenciales estratégicos. No sólo es el Tren Maya, ya reconoció, es también el desarrollo de infraestructura: la ampliación de Puerto Progreso; la conclusión de un tramo que hacía falta del gasoducto para traer fluido a la península desde Tabasco, faltan nada más dos plantas de bombeo; se construirán dos plantas de ciclo combinado, dos termoeléctricas, una en Mérida y otra en Valladolid.

También decidió que para proteger la obra y que no haya la tentación de privatizarla se dejará la operación de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, así como los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque, sumándose al de Santa Lucía, a las fuerzas armadas a través de una empresa que tenga como propósito financiar las pensiones de marinos y de soldados. Y a la vez con ello se garantizará la seguridad en la región.

Por último, convocó a los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, para suscribir el Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, que define las reglas del uso de suelo para evitar el desorden, la corrupción y que se respeten los planes de desarrollo urbano en las cinco entidades. Firmaron como testigos de honor el presidente Andrés Manuel López Obrador y el representante de ONU-Hábitat en México. Por el gobierno federal también fueron testigos los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Defensa Nacional, el de Marina, el de Comunicaciones y Transportes, el de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el de Turismo, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Además el presidente municipal de Tulum. No se difundió el contenido del convenio, habrá que conocer sus reglas de uso de suelo.

Tampoco se informó sobre las manifestaciones de impacto ambiental aún pendientes, ni el estado actual de las tierras ejidales que serán afectadas, o negociadas, como suelen decir. A estas alturas está claro que la consulta simulada de hace un año se está desplegando en unas comisiones de seguimiento con autoridades básicamente ejidales en torno a las peticiones concretas que hicieron en los llamados foros. En ello están concentrando a las dependencias federales para “cumplirles”.

En todos los actos de su gira, el titular del Ejecutivo insistió en el alcance del compromiso de gobierno: “Tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que cuidar la flora, la fauna y tenemos que cuidar también el patrimonio arqueológico; para eso se está haciendo precisamente el Tren Maya, para exponer la grandeza de la cultura maya, que se desarrolló, que floreció en esta región, de modo que sería más que una contradicción afectar zonas arqueológicas”. Y una vez que esté concluido, el tren en funcionamiento, señaló, impulsará mucho el turismo. Todo ello sin mencionar a los pueblos indígenas, guardianes históricos de sus territorios y cultura.

Esa sí es la gran contradicción. Sólo dos referencias indirectas, al mencionar el trayecto del tren señaló: “Allá terminando Xpujil o en los límites de Quintana Roo, donde hay un diferendo que espero se resuelva bien”. Y la segunda fue la reiteración del enfoque en los beneficiarios individuales de los diversos programas sociales, señalando en cada evento las cifras respectivas. Esa es la piedra angular en el conjunto de la política de la llamada 4T. Las y los indígenas sin sus pueblos. Quizá por ello no se ha dado respuesta a la misiva de seis relatores de la ONU, encabezados por el de Pueblos Indígenas, el pasado septiembre, expresando graves y bien fundadas preocupaciones frente al proyecto del llamado Tren Maya, de cara al impacto a los pueblos, como sujetos de derechos colectivos. Esa es la situación de un proyecto que va porque va, y al que acompañan otros. Por lo pronto en Huexca, Morelos, la oposición comunitaria vive la presión de que pese a los amparos que han logrado, se cumpla la amenaza de iniciar la operación de la termoeléctrica , antes que ofrecer justicia para Samir Flores.