Entre Los Surcos…

Cuando había rectoría

En tiempos difíciles, como el actual en la agricultura del valle de Mexicali, las adversas condiciones se convierten en caldo de cultivo para la agitación, para el engaño y en esas convulsionadas situaciones surgen los salvadores con una serie de opiniones que confunden a los directamente afectados, con mayor razón al ciudadano que lee y escucha, sin mayor conocimiento.

En ese mar de confusiones han surgido vivales que enarbolan la bandera del nacionalismo y recuerdan al presidente Lázaro Cardenas del Rio que impulso el agrarismo que hoy pregonan y tratan de revivir, olvidando que hace unos cuantos años aplaudieron a rabiar la reforma constitucional de Carlos Salinas de Gortari que reconoció “mayoría de edad” a los campesinos, dejándoles libertad de hacer con su tierra lo que les venga en gana a través del dominio pleno.

Sin embargo, el dominio pleno no ha impedido que aquel derechoso que pretenda vender su tierra tenga que pagar la misma alcabala del pasado, cuando el comisariado ejidal autorizaba o negaba la venta pactada, escogiendo en ocasiones a otro comprador.

Los presuntos líderes –algunos solo corredores de bienes raíces-, enarbolando la bandera del agrarismo, han manifestado su rechazo a todo lo que signifique un ingreso o una mejoría económica a los campesinos que han decidido vender su parcela, su derecho de agua, o las dos cosas.

Hay quienes aseguran que buscan el cobro de una comisión a la empresa cervecera que adquirió varios cientos de hectáreas para la instalación de su factoría porque están urgidos de dinero, mencionando como mejor ejemplo la petición de aportaciones económicas en las tiendas OXXO, a través de una cuenta especial, aduciendo que ese dinero servirá para continuar la lucha legal en contra de las Comisiones Internacional de Límites y Aguas y de la Nacional del Agua y sus organismos de cuenca, en especial el de Baja California.

Otros de los principales opositores a la disminución del volumen de agua destinado a la actividad agrícola son los agricultores que han logrado acumula vía compra o renta considerables superficies en donde han sembrado alfalfa y observan el peligro de que las rentas de derechos de riego se vean incrementados, lo que sin duda elevará sus costos del cultivo, mermando sus ganancias.

Algunos alfalferos se sienten afectados por la disminución, olvidándose que en el pasado, cuando había rectoría en el agua y control a través de un Comité Directivo Agrícola que si funcionaba, no como ahora un Comité Hidráulico de relumbrón, cada usuario podía regar la superficie de agua que le alcanzara con su volumen y en ocasiones solo se autorizaron 14 hectáreas de alfalfa por 20 de derechos de riego.

En esos tiempos, los responsables del manejo del agua y dela programación agrícola, conocían del tema, eran especialista, no  licenciados en derecho, administración y otras especialidades con improvisación en hidráulica.

Entre los encargados de las obras de rehabilitación se decía que era más fácil agronomizar a un civil, que civilizar a un agrónomo, pero nunca pensaron en los licenciados en cargos hidráulicos.

En el agua para diversos usos, en especial para el doméstico, las versiones relacionadas con un aumento del hasta el 20 por ciento en la tarifa, ha generado innumerables comentario, todos adversos y con señalamientos que rayan en la grosería, en contra de todo lo que sea gobierno, desde el Ejecutivo Estatal hasta los diputados y  administradores de los organismos operadores.

La inconformidad ciudadana ha permitido conocer la poca o nula capacidad de algunos de los diputados que aprobaron la iniciativa de Ley del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, teniendo como ejemplo a Carlos Torres Torres, quien laboró en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, quien en una entrevista televisiva destacó que la nueva Ley de Agua permitirá invertir en infraestructura que durante 30 años no se ha hecho.

Al ex empleado de la CESPT, ex alcalde de Tijuana y legislador panista se le olvido que la administración del agua en Baja California ha estado en manos de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional.

Cuando escuchamos o leemos comentarios adversos a la nueva Ley de Aguas, por parte de legisladores que no votaron a favor, o de directivos de organismos empresariales o grupos sociales, entendemos perfectamente su inconformidad que, sin duda, es acrecentada por ese tipo de aseveraciones, por cierto no falsas, de quienes han participado de los beneficios del agua, como el ahora diputado Torres Torres.