Editorial…

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Tal pa’ cual

Desde su campaña de proselitismo, el ahora presidente Donald Trump ha insistido en la construcción de un gran muro en la frontera con México bajo la presunción de que será nuestro quien pague el costo de la magna obra.

La justificación del mandatario estadounidense es la migración ilegal de ciudadanos mexicanos y de otras muchas nacionalidades, por la frontera sur, soslayando la contribución de los migrantes al desarrollo de su país, al resaltar que son delincuentes, narcotraficantes, violadores, etc.

Aquí, el problema ha sido que el gobierno de los Estados Unidos no ha tenido la capacidad de vigilancia para la protección de sus límites fronterizos con México, además de las discrepancias políticas y de la visión social de algunos de los gobernadores de estados de la frontera sur con las acciones del presidente Trump.

Donald Trump pretende imponer la construcción del muro a lo largo de más de 3 mil kilómetros de frontera con México, insistiendo en que deberá de ser a costa de nuestro país, lo que reiteradamente ha sido rechazado oficialmente, hasta por el presidente Enrique Peña Nieto.

Trump considera que su muro será la varita mágica para evitar la entrada de migrantes que viajan del cono sur y de otros continentes, hacia los Estados Unidos, situación que podría resultar fallida, pero que no se puede demostrar, sino hasta que este el muro.

Pero en México también hace aire, viene la contraparte a las necedades de Trump, por conducto del titular de la Secretaria de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien precisó: “si los norteamericanos blindaran su frontera impidiendo el ingreso de armas y de dinero de actividades ilícitas, el descenso de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato”.

Navarrete Prida soslaya que el ingreso de armas a México, procedentes de Estados Unidos y de otros países, no solo por la frontera norte, también por la sur y las aduanas marítimas es producto de la alta corrupción que en la administración actual es alentada por la impunidad generada por aquellos que deberían de procesar y castigar a los corruptos.

Lo peor es que hasta los presidentes de la república se involucran en la legitimización del contrabando, como lo han hecho con la nacionalización y/o regularización de millones de vehículos automotores que entraron de contrabando a México, generando beneficios a los promotores.