Editorial…

¿Y, la Ley?

Desde hace varios años que a lo largo y ancho del país se han venido presentando una serie de acciones como protesta por lo que se supone la afectación de un derecho, sin importar los daños e inconvenientes a la mayoría de la población.

Por regla general, las manifestaciones de protestas llevan marcado tinte político, como pudiera ser en Mexicali el caso de los taxistas en contra del servicio que ofrece su competidor Uber.

Los ciudadanos que han utilizado el transporte proporcionado por Uber mencionan, en primer lugar, la presentación y la atención de los tripulantes de las unidades,  así como las condiciones del vehículo, sin problema de pago y con facturación.   

Entre las acusaciones de los taxistas en contra de Uber salieron a relucir nombres de funcionarios y los ligaron con el narcotráfico y la delincuencia, pero solo eso, de palabra y para salir en la tele, pero los denunciantes no atendieron el llamado para que hagan denuncias concretas, vía anonimato, para que las autoridades puedan investigar y actuar en su caso.

Falto valor civil o mintieron, no hubo denuncias, pero como saben que no hay ejercicio de la autoridad en contra de quienes delinquen, decidieron bloquear el acceso a la línea divisoria para cruzar a los Estados Unidos.

La pregunta es ¿Por qué no bloquean la oficina del representante de la Secretaría de Gobernación?, al fin y al cabo, tampoco les harán nada, porque el vandalismo lo hemos visto en toda la república, ante la complacencia del titular de la dependencia que debe de garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos

Dentro de la conmemoración del “día del trabajo”, los trabajadores de la educación, quienes están al servicio del estado, municipios y descentralizadas expresaron una serie de demandas por la inoportunidad con la que reciben el pago de prestaciones laborales, como salarios o jubilaciones, o bien, herramientas de trabajo como uniformes y equipo de protección.

Los gobiernos demandados por incumplimiento han desatendido gastos o erogaciones que deberían de estar consideradas y garantizadas en sus presupuestos de egresos, los cuales se supone son revisados y aprobados por el Congreso del Estado.

Lamentablemente, a nivel federal y estatal, los ocupantes de las curules dan prioridad a su promoción personal en busca de popularidad, a costa del erario público, y es que ya están pensando en una nueva postulación a una diputación, senaduría, o ya de perdida a la presidencia municipal, pero de legislar nada.

Cada diputado tiene a un “periodista” que le vendió la idea de promocionarlo en un portal de internet, o que le asegura divulgación de sus dadivas en los medios, sin precisar en cuales.

Los organismos de revisión y de control del Congreso y “la carabina de Ambrosio” son la misma cosa, convirtiéndose en cómplices de los ejecutivos federal, estatal o alcaldes, así como de todos los funcionarios, porque de no ser así, no estaríamos viendo los descarados robos y desviaciones de recursos que ahora conocemos.

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