Por Antonio Heras
El gabinete de Gustavo Sánchez fue una sorpresa para muchos, sobre todo para los analistas que manejaron los nombres de varios personajes de la localidad.
Sánchez Vázquez integró a panistas que han colaborado en la presente y en anteriores administraciones estatales y municipales blanquiazules. Desde Ernesto Ruffo hasta Francisco Vega.
Entre ellos se encuentran el Oficial mayor Óscar Ortega, el director de COTUCO Omar Dipp, el director de Servicios Públicos Carlos Flores Vásquez, el director del Transporte Luis Alfonso Vizcarra, el director de Seguridad Pública Ulises Mendez, el secretario del Ayuntamiento Antonio López, el director de Desarrollo Rural Andrés Vera, el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas Alfredo Vega y la directora de Arte y Cultura Carmen Espinoza.
Volver al origen es lo que les queda a Gustavo Sánchez y su equipo, cuyo lema de gobierno es “Juntos, claro que podemos”.
Mexicali cuenta con un desfondado sistema financiero, con una deuda pública impensable, con un bajo nivel competitivo como ciudad, un sistema de transporte público deficiente en el que se ha invertido más de 30 millones de pesos y que ahora de manera ilegal se entregaron 335 juegos de placas a transportistas priistas y sus familias sin previo diagnóstico de movilidad urbana, además que permitió que los regidores se convirtieran en propietarios de unidades de transporte público, sobre todo de los panistas Abraham Medina y David Reynoso y el aliancista Efrain Monreal.
Un dato, las modificaciones al reglamento que propició la descarada entrega de placas de taxis se publicaron un día después que el Cabildo aprobó la cesión de las concesiones.
La capital de Baja California tiene también adeudos al ISSSTECALI de más de 650 millones de pesos generados por el incumplimiento de aportaciones patronales y el pago de cuotas descontadas de su salario a 3 mil 200 trabajadores durante el trienio del priista Francisco Pérez Tejada. Más de un centenar de burócratas que cumplieron con sus años de servicio y de cotización de seguridad social para su jubilación se encuentran en el limbo.
Cuando inició el gobierno de Jaime Díaz se ponderó la contratación del despacho de consultoría financiera de Pedro Aspe pero los resultados nunca llegaron, a diferencia de la factura por honorarios millonarios del ex secretario de Hacienda durante el salinismo.
La ciudad está oscura, a imagen y semejanza del trienio que concluyó este 30 de noviembre y a pesar del pago por Derechos de Alumbrado Público que cobra la Comisión Federal de Electricidad y las aportaciones en especie de la planta gubernamental de generación de energía eólica de La Rumorosa.
La zona agrícola vive uno de sus peores momentos por el abandono municipal y la corrupción de la delegación de CONAGUA, después de la gestión del tijuanense Eduardo Ledesma.
La relación con los empresarios está rota por la soberbia gubernamental. Otro dato, en 2013 se concluyó el estudio participativo “Mexicali, ciudad de gran visión” orquestado por el CDEM y la colaboración de la UABC que proponía una planeación municipal. Díaz se limitó a estar en una presentación y después vino la indiferencia.
Inmensa es la lista de adversidades
de los mexicalenses y ahora de
su nuevo gobierno
Gustavo Sánchez se encuentra en el dilema de convertirse en un parapeto de su antecesor y correligionario o informarle al pueblo que lo eligió sobre la situación en que encuentra la administración pública municipal y las medidas emergentes a realizar durante su mandato.
Por ser el gobernante de una ciudad fronteriza está obligado a presentar un programa especial para contener y resolver la política migratoria del gobierno de Donald Trump.
No es gratuita la desconfianza y la desilusión de los cachanilla a sus gobiernos. Lejano el federal, ausente el estatal y enterrado el municipal.
Ese es el cuadro que encontrará Gustavo Sánchez y con el que tendrá que hacer miles de peripecias. Hartos son los retos.
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