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La delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social denunció “ el presunto robo de medicamento, lo que constituye un delito de orden federal”

Un comunicado oficial de la delegación en Baja California, a cargo de Francisco Iván Beltrones Burgos, establece lo anterior y precisa que el “personal del área jurídica documentó y presentó la querella”, destacando que “se investiga a un empleado de empresa de mensajería”.

Beltrones Burgos,  destacó que “la administración a su cargo no solapará acciones en detrimento de la institución a su cargo”.

El delegado del Seguro Social olvida que las acciones de dirigentes sindicales son un dique que desde hace tiempo ha impedido que las aguas lleguen al rio, por la defensa y protección a personal de la institución que ha sido agarrado con las manos en la masa, grabados por las cámaras de vigilancia sustrayendo medicamentos, aparatos y equipo médico, así como artículos consumibles, de limpieza y otros.

Curiosamente, “el funcionario federal precisó que si bien hay la presunta comisión de un delito, es importante destacar que no se trata de trabajadores de la dependencia, sino de un chofer de la empresa Transportes Bimo, S. A. de C. V. –contratada para la distribución de los fármacos- en quien recae la investigación”.

En el tiempo que Beltrones Burgos tiene a cargo de la delegación del Seguro Social en Baja California, no se han conocido acciones legales en contra de los trabajadores que han delinquido, pese a que esas acciones, al igual que la del empleado de la empresa transportista “constituye un delito de orden federal”.

Por eso llama la atención que destaque: “no se trata de trabajadores de la dependencia” y que tras detectarse a trabajadores ladrones, en lugar de presentar la denuncia, por conducto del sindicato seguramente se llega a diversos acuerdos que nos dicen van desde la renuncia del delincuente, su cambio a otra área laboral, pese a que insiste en “acciones en contra de la sustracción de medicamentos, insumos o cualquier bien del Instituto, ejecutando hasta sus últimas consecuencias las acciones que correspondan en contra de quienes cometan actos ilícitos que menoscaben el patrimonio institucional”.

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