Necedades…

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Extorción o robo

“Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no dejarse sorprender por gente ajena a esta Secretaría y que acudan a las oficinas de las delegaciones para solicitar sus trámites”, menciona una alerta enviada por la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial en Baja California.

El mensaje es muy claro, pero aún así deja una duda: ¿acaso la ciudadanía si puede ser sorprendida por gente no ajena a esa Secretaría?

Lo lamentable es que a lo largo y ancho del país existan personas, o grupos de personas dedicadas a la extorción y en la mayoría de las ocasiones al robo de dinero tras fomentar la ilusión de gente necesitada de bienes o servicios.

En este caso aludido por el delegado de la SEDATU se trata de vivienda del programa de SEDATU y Fonhapo, a través del cual, las personas o familias que cumplan con ciertos requisitos tendrán derecho a su adquisición con determinadas obligaciones. 

El principal problema es la ausencia de comunicacion de los funcionarios hacia los grupos de ciudadanos con características para recibir los apoyos o beneficios de los programas gubernamentales.

Por regla general, esos beneficios son utilizados como clientela electoral y por ello la limitación en la difusión, posiblemente para evitar que otros grupos vulnerables, pero identificados con partidos ajenos a los del funcionario, pudieran beneficiarse y reclamarlos para otras personas de su misma militancia.

La situaciones de conflicto que esta denunciando el titular de la SEDATU en Baja California no se estarían presentando si desde que se conocen los alcances de los programas, como el de la vivienda, se hacen públicos los requisitos, las obligaciones y los tramites o documentos a presentar para formular los expedientes que, sin duda alguna, se tienen de cada beneficiario, incluyendo su credencial del IFE, hoy INE.

Es hora de que los funcionarios se pongan a trabajar en beneficio de la población en general, al margen de intereses político partidarios en forma abierta, con mucha información directa para evitar los fraudes o robos de recursos a quienes menos tienen y aspiran a los beneficios de los programas federales.